A lo más que puede aspirar una sociedad en cuanto a reglamentar procedimientos y leyes éticamente cuestionables como el de la práctica del aborto, es a alcanzar un acuerdo en el cual todos encontremos representada al menos una parte de nuestras posiciones, pero en el cual también aceptemos que no todo puede hacerse en concordancia con nuestras convicciones. Dicho de otra manera, en asuntos que dividen a la opinión pública de una manera tajante (y el aborto es en la actualidad uno de esos asuntos), no se puede esperar que la solución adoptada satisfaga por completo a las dos partes, y es la capacidad por parte de la sociedad entera de entender esa imposibilidad de satisfacción total lo que permite la adopción de medidas razonables que no polaricen sino que produzcan convergencia. Esto es cierto para todos aquellos temas que generan dilemas morales y cuyas diversas interpretaciones son individual pero ampliamente aceptadas por sectores considerables de la sociedad.
Es por ello que como individuos o instituciones podemos defender una opinión con toda la vehemencia de nuestras convicciones, pero no podemos aspirar a que nuestro punto de vista se convierta en un dogma de verdad el cual todos los demás deben aceptar. Si hay una institución que se ha caracterizado por su tendencia a imponer verdades dogmáticas en la sociedad a lo largo de la historia, es la Iglesia Católica, y aún hoy, después de siglos tratando de adaptarse a las nuevas realidades políticas y sociales, dejan la impresión de que con el tema del aborto pretender hacer algo similar. Las posiciones de la Iglesia en relación con el tema son respetables, y defienden puntos de vista claros con respecto a la defensa de la vida y los valores del amor y el respeto. Sin embargo, sus representantes parecen sordos a los argumentos de sus contrarios, muchos de los cuales son igualmente respetables. Con su decisión de no considerar otras posiciones también válidas, pero diferentes a la visión católica, lejos de contribuir al consenso, algunos prelados sólo logran hundirse aún más en el fango de un pasado victoriano en el cual encontrarán cada vez menos adeptos.
Hay una hecho irrefutable: una inmensa cantidad de colombianos piensa que las mujeres deben tener el derecho constitucional de decidir sobre la continuidad o interrupción de su embarazo, durante las etapas tempranas del mismo. Estos colombianos basan su opinión en la existencia de situaciones particular que conducen a embarazos indeseados, y que pueden poner en peligro la vida o el derecho a la privacidad de la madre. Por supuesto, otro hecho irrefutable es que hay también una inmensa cantidad de colombianos que piensa lo contrario. Precisamente por eso existe una discusión, y ciertamente no es la Iglesia Católica la que tendrá que decidir cuál de las dos posiciones es más válida o verídica dentro de un Estado de Derecho. Serán las herramientas del derecho y la constitución quienes decidan una solución compatible con nuestros principios democráticos y nuestro sistema jurídico.
Mas aun cuando la Iglesia es libre de defender sus posiciones, no puede hacerlo usando argumentos falaces y premisas asociadas a un credo particular que no comparten todos los ciudadanos. En una agencia católica de noticias (http://www.aciprensa.com/aborto/index.html) se pueden leer una serie de argumentos en contra del aborto, muchos de los cuales el autor de este blog considera falaces. Uno de dichos argumentos afirma que no es moralmente correcto permitir el aborto en caso de violación, pues existe algo llamado el "estrés de infertilidad", es decir, una forma de infertilidad temporal como respuesta a situaciones de estrés, que reduce la probabilidad de que una mujer que haya sido violada quede embarazada. Por decir lo mismo, aunque en palabras diferentes, el representante republicano a la Cámara de los Estados Unidos Todd Akin estuvo a punto de perder su nominación para el Senado, y prácticamente aniquiló sus posibilidades de triunfo. Si bien la agencia de noticias no parece oficialmente vinculada al Vaticano, sería bueno conocer la opinión particular de la Conferencia Episcopal sobre tal tipo de argumentos, pues no dudo que muchos obispos en el país lo consideran cierto.
Otras sociedades han reconocido el derecho de las mujeres a abortar, y han reglamentado esa posibilidad. No por eso podemos considerar que en dichas naciones no existe el respeto a la vida. Sólo podemos concluir que no hay un consenso general sobre cuándo los derechos del feto comienzan a primar sobre los derechos de la madre. Colombia tiene derecho a discutir este asunto en el contexto de su propia realidad social, moral y política. Y ni la Iglesia ni ningún funcionario público podrán oponerse a que se dé dicha discusión, ni a que sean escuchadas las opiniones de quienes defienden posiciones contrarias al credo católico. Pero sobre todo, no pueden aspirar a que acatemos sus dogmas morales como leyes escritas por Dios mismo en tablas anacrónicas de piedra.
Twitter: @juramaga
Moralejas sobre el aborto
Dom, 07/10/2012 - 10:53
A lo más que puede aspirar una sociedad en cuanto a reglamentar procedimientos y leyes éticamente cuestionables como el de la práctica del aborto, es a alcanzar un acuerdo en el cual todos encontre
