Después de haber iniciado el presente año, los aumentos económicos no se hicieron esperar, como por ejemplo, en la canasta familiar, educación, salud, gasolina, entre muchos otros servicios y bienes primarios y secundarios que están supeditados al devenir de la economía y el libre mercado o a las decisiones tomadas por el gobierno, como el caso de los impuestos, en especial, el impuesto predial y la valorización, que se dispararon de manera abrupta en las principales ciudades del país, en especial, Bogotá y Medellín, en las que los ciudadanos han realizado diversas manifestaciones contra tales aumentos que consideran una burla y un robo por parte de la administración, y más cuando sus tributos no se ven bien remunerados y la corrupción sacude diferentes entidades territoriales frecuentemente, generando mayor indignación y rabia en las personas que buscan la manera de pagar los impuestos para no verse afectados legalmente.
[caption id="attachment_276984" align="aligncenter" width="418" caption="Tomado de rcnradio.com"]
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En el caso de Bogotá, los cobros de valorización por determinadas obras aumentaron hasta en un 3000% sumado al descontento por el retraso de las obras, mala calidad en las mismas y errores en la facturación.
En Medellín, por el contrario, los cobros desproporcionados en el impuesto predial han generado fuerte rechazo en el sector inmobiliario y comercial, porque muchos consideran que la ciudad estaría encaminada a ser una de las ciudades más caras del continente y eso le restaría competitividad y desarrollo a la urbe, a pesar de que el gobierno de Aníbal Gaviria se defiende afirmando que los cobros están ajustados a la ley y que hace varios años no se realizaba la actualización catastral.
El hecho de tributar al Estado genera un compromiso y una obligación legal por parte del ciudadano, que en muchas oportunidades es símbolo de impopularidad, rechazo ciudadano y pérdida de votos, porque en un país como Colombia, al ciudadano le duele que le toquen el bolsillo, y más cuando los escándalos de corrupción y la mala inversión por parte del gobierno es pan de cada día.
Es seguro que si los gobiernos locales lograran demostrar con obras, inversión social y desarrollo humano la ejecución y la puesta en escena de sus propuestas no se estaría desestimulando el pago de impuestos, aunque en aquellos casos en los que la desproporción, la inequidad y las alzas orbitales se hacen presentes, es contundente el accionar de la ciudadanía a través de los mecanismos legales y constitucionales.
Después de todo el impacto mediático, son numerosos los reclamos y solicitudes en ambas ciudades, que han arrojado algunas correcciones para algunos ciudadanos pero es claro que para la mayoría de personas no le queda más remedio que pagar, y la consecuencia será en el futuro cuando el mismo alcalde esté pidiendo votos para llegar a otro puesto de elección popular o cuando las supuestas obras públicas empiecen a verse…
En todo caso, Medellín está acostumbrada a ver reflejada sus impuestos en muchas obras de interés público a pesar de la pésima malla vial en algunos sectores, la falta de obras para generar mayor movilidad y la falta de propuestas e inversión para desestimular la violencia y la delincuencia en las comunas, como si la solución bastara con más policías y penas más severas.
Por el contrario, Bogotá no comprende los alcances de tributar al Estado, porque se encuentra en medio del caos, los trancones, escándalos de corrupción, ineptitud y obras a medias que no ven el final a la vista.
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En el caso de Bogotá, los cobros de valorización por determinadas obras aumentaron hasta en un 3000% sumado al descontento por el retraso de las obras, mala calidad en las mismas y errores en la facturación.
En Medellín, por el contrario, los cobros desproporcionados en el impuesto predial han generado fuerte rechazo en el sector inmobiliario y comercial, porque muchos consideran que la ciudad estaría encaminada a ser una de las ciudades más caras del continente y eso le restaría competitividad y desarrollo a la urbe, a pesar de que el gobierno de Aníbal Gaviria se defiende afirmando que los cobros están ajustados a la ley y que hace varios años no se realizaba la actualización catastral.
El hecho de tributar al Estado genera un compromiso y una obligación legal por parte del ciudadano, que en muchas oportunidades es símbolo de impopularidad, rechazo ciudadano y pérdida de votos, porque en un país como Colombia, al ciudadano le duele que le toquen el bolsillo, y más cuando los escándalos de corrupción y la mala inversión por parte del gobierno es pan de cada día.
Es seguro que si los gobiernos locales lograran demostrar con obras, inversión social y desarrollo humano la ejecución y la puesta en escena de sus propuestas no se estaría desestimulando el pago de impuestos, aunque en aquellos casos en los que la desproporción, la inequidad y las alzas orbitales se hacen presentes, es contundente el accionar de la ciudadanía a través de los mecanismos legales y constitucionales.
Después de todo el impacto mediático, son numerosos los reclamos y solicitudes en ambas ciudades, que han arrojado algunas correcciones para algunos ciudadanos pero es claro que para la mayoría de personas no le queda más remedio que pagar, y la consecuencia será en el futuro cuando el mismo alcalde esté pidiendo votos para llegar a otro puesto de elección popular o cuando las supuestas obras públicas empiecen a verse…
En todo caso, Medellín está acostumbrada a ver reflejada sus impuestos en muchas obras de interés público a pesar de la pésima malla vial en algunos sectores, la falta de obras para generar mayor movilidad y la falta de propuestas e inversión para desestimular la violencia y la delincuencia en las comunas, como si la solución bastara con más policías y penas más severas.
Por el contrario, Bogotá no comprende los alcances de tributar al Estado, porque se encuentra en medio del caos, los trancones, escándalos de corrupción, ineptitud y obras a medias que no ven el final a la vista.
¿Usted considera que los impuestos que tributa al Estado están bien retribuidos en su ciudad?
¿Es responsable exclusivamente el alcalde, o también el consejo municipal, administraciones pasadas o la ciudadanía por el aumento desproporcionado en los impuestos?
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