Tras las recientes cifras de lesionados que arroja el último informe del INS del 13 de enero de 2019, el país debe preguntarse si las campañas que satanizan la pólvora están funcionando. Este año, a pesar de fuertes mensajes por parte de medios de comunicación, instituciones públicas y dirigentes locales, la cifra aumentó en un 6%, sobrepasando los 820 lesionados. Desafortunadamente 300 fueron menores de edad.
La estrategia fracasa cada año, ya que a pesar de que autoridades expiden decretos que prohíben el uso de cualquier artefacto pirotécnico durante la época de celebración, la gente sigue comprando pólvora donde puedan encontrarla, sin importar que los polvoreros del país inviertan cero pesos en publicidad.
Es de anotar además, que estos decretos prohibitorios no cuentan con sustento legal, en tanto la Ley 670 de 2001 establece parámetros para diferenciar pirotecnia legal de informal -es decir, la que puede y no puede ser vendida a particulares –; El Código de Policía establece en su artículo 29 que es la producción, comercialización y uso de artículos que NO cumplan con esta regulación los que serán objeto de comparendo; y la sentencia de la Corte Constitucional 790 de 2002, establece que los alcaldes no pueden prohibir sino regular la actividad.
Desde esta realidad, es difícil comprender cómo en la actualidad cursa un proyecto de ley, impulsado por la Representante Katherine Miranda, que busca solucionar el problema de los lesionados por medio de una prohibición legal adicional. Si a nivel local se emiten prohibiciones por figuras de autoridad familiares, ignoradas por la ciudadanía año tras año, ¿ por qué se espera lograr un efecto distinto por medio de una prohibición que sería ahora nacional?
Y es que los lesionados en realidad no son el problema, sino el síntoma de uno más profundo: la fuerte informalidad del sector que alimenta una realidad cultural innegable – al colombiano promedio le encanta celebrar con pirotecnia, pero al no contar con productos y espacios regulados, compra en las calles productos de baja calidad, sin ningún criterio de uso y haciéndolo de manera irresponsable. Según FENALPI, el 90% del sector es informal.
Al cometer este error de análisis, es fácil concluir que la causa de los lesionados es la pólvora per se y por ende hay que prohibirla, planteando un debate más moral que técnico. Por esto, los argumentos de Miranda no son muy diferentes de los que utilizaban congresistas estadounidenses en la época de los 30’s cuando criticaban el consumo de alcohol. “Esta sustancia saca lo peor de las personas”, “les arrebata su capacidad de discernir entre bien y mal”, “por ende, debe prohibirse”.
¿Por qué no reconocemos que a muchos colombianos les gusta celebrar con pirotecnia? Si se prohíben los productos más peligrosos, los sensibilizamos sobre criterios mínimo de uso y regulamos los espacios y momentos de utilización, podremos lograr mejores resultados en términos de solucionar los síntomas, así como lo hacen países como Reino Unido, Alemania, España, Perú y Ecuador, en donde existen regulaciones detalladas para comercializarla y usarla en función de reducir su riesgo.
Recientemente, el Concejal Jorge Torres afirmó que la estrategia de Bogotá había sido exitosa en tanto se logró reducir el número de lesionados en un 50%, sin mencionar que esta fue una de regulación y NO de prohibición. De acuerdo al Decreto 360 de 2018, la pirotecnia legal sólo puede comprarse en lugares autorizados y no puede venderse en espacio público, así como tampoco en tiendas de barrio o misceláneas. Existen restricciones PERO NO PROHIBICIONES ABSOLUTAS para su transporte, ubicación en términos de comercialización y claramente, su uso.
La fábrica más grande de pirotecnia legal del país, ubicada en Soacha, reportó un récord en ventas de productos legales de 20%, soportando la tesis de que la regulación puede ser un camino más efectivo que la prohibición absoluta, propuesta por Miranda.
La reflexión profunda para el nuevo año es la siguiente: no es suprimir la cultura vía prohibición legal y control policial, como está proponiendo Miranda en pleno 2019; sino enfocar la cultura para que se auto-regule a sí misma en un marco de responsabilidad, como diría Mockus, durante su primera Alcaldía en 1995.
