Artículo originalmente publicado en elcentauro.co
Adelantados a la realidad, suponiendo que el proceso de paz va por buen y camino y que muy pronto se va llegar a un acuerdo, algunos medios de comunicación empiezan a especular la forma en la que las FARC podrían hacer política en el país. Formas ingeniosas aseguran algunos, ideas novedosas creen otros, lo increíble es que se busque toda clase de "pistas de aterrizaje" para que los ex terroristas se conviertan en políticos. ¿Le conviene eso al país?
En un artículo publicado por Semana, se plantea la resurrección de la Unión Patriótica como partido político de la guerrilla (retornandole su personería jurídica), además de garantizarle curules en el congreso durante un número determinado de periodos y devolverle las que está organización llegó a obtener (nada más y nada menos que 8 en el congreso). Es decir, se premiaría a quienes, durante décadas, pisotearon el sistema democrático colombiano (asesinando candidatos, secuestran concejales, diputados y congresistas), concediéndoseles, de la nada, un mínimo garantizado de participación política.
De aceptarse esa propuesta, no solo se habría legitimado que en pleno siglo XXI aún es válido llegar al poder por vías de hecho, sino que, además, se estaría ante una contradicción absurda: mientras a los parapolíticos se les juzga y condena por hacer alianzas con grupos al margen de la ley, a los miembros de las guerrilla (que para efectos prácticos son igual de criminales que los paramilitares), se le permite llegar al congreso sin asomo de vergüenza.
Se plantea también que la Marcha Patriótica, organización social que pretende ser un partido político, sea la plataforma legal de las FARC. En ese hipotético escenario, se requiere que la organización obtenga una cifra mínima para tener personería jurídica: 3% del total de votos para superar el umbral. Para la guerrilla, en palabras de Iván Márquez, eso sería llevarlos a una "emboscada" (pero no como las que ellos están acostumbrado a hacer).
Sin embargo, en estos dos supuestos se parte del hecho de aceptar que las FARC, pese a sus múltiples crímenes en contra de la sociedad colombiana, pueda reintegrarse a la vida política nacional. ¿Justo? Probablemente no ¿Necesario? desafortunadamente sí, aunque sólo en el utópico fin del conflicto (o por lo menos acuerdo de dejación de armas).
Ser escéptico de las negociaciones de La Habana no implica soñar (así sea por un corto tiempo) que en Cuba la guerrilla y el gobierno llegarán a un acuerdo, que las FARC abandonarán la lucha armada y (si es que de verdad tienen plataforma ideológica) se presenten a las urnas y se hagan elegir.
De hecho, si se es pragmático y realista, lo más probable es que, así como se vieron ex guerrilleros del M-19 en el Congreso (y ahora en la Alcaldía de Bogotá), también, en unos años no muy lejanos (si el proceso de paz que tanto defiende Santos funciona), ex comandante de las FARC estarán legislando en el país. El problema es la forma en la que lo consigan.
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la guerrilla (aún en negociaciones pero sin dejar las armas) tenga un brazo político legal. De hacerlo, se volvería a los tiempos de la Unión Patriótica, justificando la combinación de formas de lucha (la militar y política), dándole oxigeno a una organización que siempre se ha autoproclamado movimiento revolucionario, cuando la realidad muestra que son terroristas que se dedican al narcotráfico, al tiempo que repiten como loras discursos de hace medio siglo.
Pero no solo eso, la democracia en el país sería aniquilada. Se podría llegar al absurdo de hacer elegir, de forma coercitiva (pero legal, porque se les permite hacer política a los alzados en armas), concejales, alcaldes o gobernadores de las FARC. ¿No es acaso eso lo que hicieron los paramilitares?
Tampoco se deban pactar curules mínimas o jurisdicciones especiales para que miembros de la guerrilla accedan a cargos de elección popular. Acepar esa propuesta sería contrario a la esencia de la Constitución y a la voluntad del pueblo: regalandole espacios de participación política a quienes no lo habrían ganado de manera legítima.
Oponerse a que los desmovilizados de las FARC hagan política no es bueno para la paz duradera en Colombia, pero tampoco lo es que, por afán de llegar a un acuerdo, se retroceda y cometan errores del pasado. Una vez dejen las armas y se comprometan a cumplir las leyes, los antiguos terroristas podrán postularse, debatir legítimamente en las urnas y ganar la representación del pueblo que tanto repiten defender. Lo harán sin persecución, pero sin ventajas que no merecen.
