Uno de los productos más polémicos de los acuerdos con las Farc, fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su tribunal; por su Unidad Especial de Investigación y Acusación, y especialmente por sus atribuciones, no solo las jurisdiccionales, que la convirtieron en un órgano sustitutivo de la Constitución, que se impone al Congreso y que arrebata funciones a las cortes y a otros estamentos de su rama, sino porque fue creada con una orientación política, mediante la cual, la sociedad colombiana se somete a las Farc y no las Farc a la sociedad colombiana, y que considera a los soldados que cumplieron la obligación constitucional de perseguirlos, tan criminales como sus milicianos extorsionadores, secuestradores, narcos y violadores.
La JEP desmarca la esencia de imparcialidad del concepto “Justicia” y lo supedita a la premisa de legitimidad de la guerrilla, como un Estado independiente dentro del Estado colombiano, que en nombre del socialismo y del pueblo, tuvo derecho a violentar al mismo pueblo, y puede ser benevolente con el delito guerrillero, porque fue cometido en nombre de la “resistencia”.
Santos, -camino al nobel- declaró que en Colombia había una guerra y que los terroristas no lo eran, sino unos Robin Hood, justificados ideológica y materialmente, para alzarse en armas contra el Estado de derecho y para financiarse con narcotráfico, secuestros, robos y extorsiones, así que en la JEP están en el mismo saco los asesinos y los soldados que los importunaron en sus crímenes.
Santos y sus seguidores siempre hablaron de perdón y verdaderamente este es posible cuando de por medio está la justicia y el arrepentimiento sincero, que es el que garantiza la no repetición, pero la JEP es hija de la polarización y su Tribunal para la Paz fue diseñado para ser un instrumento de venganza, que hubiera sido de horror, con Petro como presidente, por lo tanto debe desaparecer o regularse a sus justas dimensiones, como un apoyo a la desmovilización y no un estamento que presuma criminal a cualquier soldado, político, periodista, empresario o ciudadano que se haya pronunciado, o actuado contra los terroristas.
Santos está echando mano de toda su marrullería para poner en marcha este producto de los acuerdos rechazados en el plebiscito y ahora insiste en hacerla funcionar, de manera precipitada, al punto que se nombraron más de cien magistrados, con altos salarios y perfiles antiuribistas en un 80%, quienes, apoyándose en un reglamento espurio, suspendieron la extradición de Santrich.
La presión de Santos para que el congreso fije de manera acelerada las reglas procedimentales de la JEP, es precisamente para que con ellas legalice su acción y ponga en libertad inmediata a Santrich, antes de que Duque se posesione.
Obró con cordura el Congreso, aplazando la discusión de la Ley de procedimiento de la JEP, hasta que el nuevo mandatario la revise.
Sin importar el destiemple de Claudia López y de Armando Benedetti, ni de las FARC, ni de Santos, porque la reconciliación y la unidad nacional debe comenzar por desarmar los instrumentos construidos para atizar el odio.
