Carne y parafiscalidad ganadera

Cuando se creó el Fondo Nacional del Ganado en 1993, un diagnóstico compartido plenamente por el Ministerio de Agricultura estableció la importancia de darle una orientación exportadora a la ganadería, a partir de dos prioridades para los recursos parafiscales: la erradicación de la fiebre aftosa, lograda en 2009 -vacunar es exportar era la promesa de valor-, y modernizar el sacrificio, que era una barrera a las exportaciones, además de un problema ambiental y de salud pública. Para 1994 había más mataderos que municipios en Colombia, y más del 90% no cumplía normas sanitarias ni ambientales. Hoy todavía, para comerse un corte de “carne costeña” en Bogotá, los animales tienen que ser encaramados, de a doce, en camiones obsoletos para sufrir una travesía de hasta 18 horas, cuando los estándares internacionales establecen que un animal no debe ser transportado más de 100 kilómetros. Por esas razones, entre otras, y de acuerdo con el Gobierno, el FNG invirtió en cinco modernas plantas en zonas de producción, con el compromiso de que se haría cumplir la normatividad existente y, a partir del anuncio del TLC con Estados Unidos, también se actualizaría, como se hizo en el Decreto 1500 de 2007, para adecuar el sacrificio, transporte y distribución de carnes a las exigencias de los nuevos mercados. Cuando llegué a Fedegán, en 2004, encontré cinco plantas con problemas, porque el Gobierno, presionado por la informalidad y los grandes frigoríficos urbanos, no hacía cumplir la normatividad y, una vez expedido el Decreto 1500, el exministro Juan Camilo Restrepo prorrogó irresponsablemente su entrada en vigencia hasta 2016, lo cual redundó en fuerte competencia desleal al sacrificio formal. Para enfrentar esa desventaja, las plantas del FNG se fusionaron en la empresa, Friogán S.A., que hizo nuevas inversiones para cumplir la normatividad y orientarse con éxito hacia el mercado externo, principalmente Venezuela, hasta la ruptura de relaciones comerciales en 2009. Entre 2010 y 2012 Friogán genera pérdidas consecutivas y suscribe un acuerdo con los bancos que se venía cumpliendo. Hoy la empresa genera utilidades operativas del orden de $5.000 millones; no obstante, súbitamente, la banca decide exigir las garantías o la participación de algún inversionista, curiosamente en un momento de gran interés internacional por esta línea de negocio. Las plantas de Friogán valen hoy más de $200.000 millones, y se pretendía que las entregáramos a los bancos por una deuda que no alcanza los $50.000 millones. Por esa razón, para proteger los recursos de la parafiscalidad ganadera y una recuperación empresarial en marcha, con el apoyo del ministro Iragorri logramos llevar a Friogán a un proceso de reorganización al amparo de la Ley 1116, que también incluye al FNG, más no porque corra riesgo alguno, sino porque la Ley así lo exige por su calidad de garante de Friogán. En resumen, Friogán fue víctima de una política promovida por el Gobierno y luego incumplida por el Gobierno mismo, en un caso sin precedentes de inseguridad jurídica y vulneración de la confianza legítima, que afectó gravemente a las plantas que sí cumplieron el 1500. El Gobierno, en cabeza de Restrepo, se lavó las manos de lo que era también su responsabilidad -no de uno u otro gobierno, sino de “El Gobierno”- y pasó a calumniar la gestión de Fedegán y el FNG, comparando lo que debió ser un sistema racional de sacrificio, con el éxito económico de la informalidad (8 billones al año). A pesar de todo, hoy la carne sigue siendo opción exportadora y, con el apoyo del actual ministro, Friogán un valioso instrumento para aprovecharla. @jflafaurie