La masiva participación ciudadana en la consulta anticorrupción ha colocado en primera fila un tema que ha sido objeto de repudio ciudadano constante, sin que se haya registrado un avance significativo en su erradicación. También es significativa la convocatoria del Presidente Duque a los promotores de la consulta y a los partidos políticos – todos los partidos, incluida la Fuerza del Común- para establecer un consenso sobre los textos legales que cumplan los siete mandatos ciudadanos. Todo parecería indicar que inicia la posible auto-reforma del Congreso, ante los pasos de animal grande de la indignación ciudadana.
Pero ahí solo comienza la lucha anticorrupción. Bien lo ha resaltado el completo estudio del Externado de Colombia. La ley no es suficiente. Es menester un cambio cultural que “insista en la superación del egocentrismo, el control de los impulsos y emociones, el respeto a los derechos de los demás y a los bienes colectivos;” y agregaría, el control social efectivo de conductas cuestionables. Cómo habría sido de distinta la lucha contra el narcotráfico si la sociedad toda hubiese repudiado desde un comienzo el dinero fácil de la ilegalidad.
No es suficiente ser honesto y parecerlo. Se requiere algo más. En una sociedad bien organizada, cada persona tiene un deber de fiducia o garantía para asegurar que los demás también actúen de conformidad con las reglas. Algo de ello está consignado en el Código Penal para los servidores públicos quienes tienen un deber legal de denuncia de actos y hechos punibles de los que tengan conocimiento. Un deber social semejante, si no legal, debe asistir a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Así sucede en Estados Unidos dónde los viajeros se maravillan del cumplimiento de las reglas del tránsito o de cómo hasta los niños hacen cola, incluso los que aquí contestarían al agente, “Usted no sabe quién soy yo.”
Se trata de un pacto ético con la sociedad que se aprende en el colegio. Para mí fue un choque cultural cuando fui a terminar mi bachillerato en un preparatorio cerca de Washington, D.C. Cada alumna debía firmar un Código de Honor mediante el cual se comprometía no solamente a cumplir el reglamento, sino también a poner en conocimiento de la autoridad escolar cualquier infracción de otra alumna, pues el incumplimiento de cada uno de esos deberes se entendía igualmente reprobable. Ello rayaba con los valores de no acusar a los pares que había sido la regla de conducta de mi niñez. Uno simplemente no acusaba al hermano ante el padre, ni al compañero frente a la maestra.
El espíritu de cuerpo, tan necesario para las faenas del heroísmo, resultaba ser inaceptable e inaplicable para las infracciones de normas que mantienen la cohesión social. De eso se trata la vida en sociedad. Sencillamente no funciona si cada individuo tiene una lealtad a su grupo superior a la lealtad que debe a la sociedad en su conjunto, cuando de violar las reglas comunes se trata. Hay límites, claro, como el de no dar testimonio en contra de la familia inmediata o en contra de uno mismo, pero para derrotar la corrupción es necesario pasar de la lealtad al grupo a la lealtad al colectivo mayor.
Ahora bien. Pasemos a otro tema problemático. ¿Hasta donde es lícito pagar por el cumplimiento de los deberes éticos y cívicos del ciudadano? ¿Cuándo estamos ante la corrupción de los valores que hacen funcionar al colectivo? Es claro que la compraventa de votos es inaceptable, como también la venta de órganos, para poner dos ejemplos que pueden reunir el mayor consenso. Con todo, en años recientes he experimentado cómo el Código de Honor que aprendí en el colegio está a la venta con el pago de recompensas y el otorgamiento de indulgencias, en contravía del deber cívico que encierra la conducta debida. La expansión de la lógica del mercado a estadios donde no pertenece entraña una discusión que estamos en mora de realizar y pasa por el centro de la batalla contra la corrupción.
