¿Constituyente para qué?

Al parecer se nos volvió costumbre la práctica de pescar en río revuelto, haciendo propuestas que no solo resultan lesivas para el gobierno de turno, sino también para la institucionalidad como tal. Era de esperarse que con la marea política que provocó la aprobación de una reforma a la Justicia, que más que reordenar el funcionamiento estructural de la Rama Judicial, le arreglara el asunto a la delincuencia política, salieran propuestas de un lado y otro que en lugar de solucionar el problema, lo aumentan. Es así como ante la sin salida en la que se metió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos por querer darle contentillo a todo el mundo, promoviendo un cambio constitucional en la Justicia que el Congreso de la República acomodó a su conveniencia durante los ochos debates y que no pudo controlar en la conciliación entre Senado y Cámara, salen sus opositores, entre ellos el sector que apoya al expresidente Uribe, proponiendo una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pregunto, ¿Constituyente para qué? Por décadas, Colombia ha sido cogobernada por la mafia del paramilitarismo y el narcotráfico, y está comprobado que el reto de desestructurar la penetración de redes que se encuentran al interior de las instituciones le ha quedado grande al país. Ni siquiera con la Constituyente de 1991 fuimos capaces de romper con esos lazos, porque se dio a entender que la lucha contra este fenómeno se limitaba únicamente al terreno militar y policivo, sin tener en cuenta que en cada órgano del poder público se encontraban sus representantes. Aún así, el fenómeno se resistió a desaparecer aumentando su capacidad de controlar a quienes pretendían dar la lucha, colocando sus fichas en los cargos de elección popular, aprovechando la amplitud que en lo electoral permitía la llamada operación avispa, mediante la cual lo único que le importaba a los partidos y movimientos políticos era ganar mayorías, sin importar quienes eran esas mayorías. Tanto creció el fenómeno que dio pie a que el narcotráfico eligiera un presidente en 1993 y el paramilitarismo ayudara a sus amigos en la intención de llegar a los concejos, alcaldías, asambleas departamentales, Cámara de Representantes y Senado, dando origen al proceso de la parapolítica. Todo lo anterior se hizo aprovechando la legislación y las normas constitucionales vigentes, que permitieron que estos señores llegaran a los cargos de elección, acomodaran al Estado a sus pretensiones refundando la patria y logrando que el conflicto armado y las mafias penetraran las instituciones. Para nadie es un secreto que la penetración del conflicto armado y las mafias a las instituciones del Estado no ha desaparecido, entre otras cosas, porque Colombia ha sido incapaz de abordar el problema como es, exigiéndole a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes que día a día se desmovilizan, la entrega de rutas e información que permita desmantelar las estructuras criminales con las que cogobierna nuestro país. Es justamente por esto que me pregunto, ¿Constituyente para qué?, ¿Para que vuelvan los amigos de la ilegalidad con la intención de armar una carta magna a su acomodo? ¿Es acaso una estrategia del sector uribista para sacar a sus amigos de la cárcel porque el contentillo que les quisieron dar desde la Casa de Nariño y el Congreso de la República falló? Aquí lo único que cabe no es que ruede la cabeza del Presidente Santos como lo pide el movimiento Marcha Patriótica que no se podía quedar atrás en la segunda guerra de referendo que se avecina. Y digo la segunda, porque similar situación se vivió durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, cuando se conoció el escándalo conocido con el nombre del pomaricazo; el entonces primer mandatario promovió un texto pidiendo la revocatoria del Congreso, propuesta a la que en par minutos le salió competencia: por un lado Horacio Serpa promovió el suyo, mientras Ingrid Betancourt hacía proselitismo al propio, creando así un clima de incertidumbre política y desestabilización de la economía nacional. La única solución que le veo a este sin salida en la que nos metió el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con su “reforma a la Justicia”, es un acuerdo nacional donde participen los tres poderes públicos, partidos y movimientos políticos, junto con las organizaciones de la sociedad civil, para así llegar a una discusión abierta y transparente, que permita explorar caminos conducentes al cambio que se requiere para que el trabajo de la Rama Judicial sea más expedito y cercano al ciudadano de a pie. @sevillanojarami