Del equilibrio de poderes

Eliminar la reelección a cambio de extender el período presidencial, quitarles las funciones nominadoras a las altas cortes y modificar la manera como se elige al Senado, sin duda, son modificaciones reclamadas por el orden institucional y el equilibrio de poderes. Pero encarar en serio ese equilibrio demanda que en la reforma política que prepara el gobierno no se omita una reglamentación seria del voto en blanco ni la designación de un juez verdadero para el presidente de la República. Vergüenza pública es la que arrastra la Comisión de Acusaciones de la Cámara en su ejercicio incompetente de esa responsabilidad. Para nadie es un secreto que tal como está reglamentado, el voto en blanco no pasa de ser un hazmerreir. El ciudadano no puede seguir siendo obligado a desechar esta opción a la hora de votar, tanto a corporaciones públicas como por presidente de la República, en virtud de las normas constitucionales y legales que autorizan la burla y que le minimizan su efecto. Legislativo y Ejecutivo se constituyen en artífices principales del desequilibrio de poderes cuando para la elección de Congreso (según la normatividad vigente), al repetirse la elección tras el triunfo del voto en blanco, se permite volver a participar a los partidos ya derrotados por este voto, que han superado el umbral en la primera elección. Y como el artículo 258 de la Constitución Nacional que establece estas condiciones también dicta que la elección puede repetirse sólo por una vez, y que, así en esa ocasión vuelva a ganar el voto en blanco las curules se repartirán entre los candidatos de las listas que obtengan el mayor número de votos (después del voto en blanco),  eso significa que tanto partidos como individuos aspirantes derrotados puedan presentarse a la segunda elección, y hacerse a las curules y/o repetir en ellas. Entonces ¿para qué el triunfo del voto en blanco, cuando éste debe constituirse en una sanción real para los aspirantes que en competencias electorales pierdan frente a él? De ahí el desencanto de la gente por votar en blanco. De ahí que en cada campaña electoral, a pesar del impulso que alcanza, termine desinflado, diluyéndose entre los candidatos que no quiere, o desapareciendo entre la gran masa que se abstiene de votar. Si Santos II aborda el equilibrio de poderes como el país lo requiere y no con el estilo efectista y mediático que lo caracteriza, tiene que entender que debe pararle bolas al voto en blanco. Y pararle bolas significa hacerlo eficaz, lo que en el caso de la elección a corporaciones públicas exige la desaparición del voto preferente, que las listas sean cerradas y únicas por partidos. Y que si el voto en blanco saca la mitad más uno de los votos, quede establecido que ganará la elección. Que entonces se hará una segunda elección, pero sin la participación de los partidos que perdieron en la primera. Sin trampas como esa de permitir de nuevo la participación de los partidos que en esa primera superaron el umbral. Como también tiene que entender que en el caso de una elección unipersonal como es la presidencial, debe establecerse que si, en una segunda elección, enfrentado con candidatos distintos a los que derrotó en la primera, el voto en blanco vuelve a sacar la mitad más uno de los votos, deberá repetirse la elección las veces que sea necesario y no que, olímpicamente, se declare ganador al candidato que en esa segunda ocasión siga en votos al voto en blanco. No menos atención le exige el factor de desequilibrio entre el poder Ejecutivo y las otras ramas del poder público que encarna el juez de mentiras que le asigna la Constitución. La inadecuación y la carencia de idoneidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara para juzgar a los presidentes de la República son razones suficientes para su reemplazo. No prosperará ningún caso de juzgamiento frente a ningún jefe de Estado mientras este órgano sea su juez. Los últimos tiempos lo prueban. La reforma de Santos debería cortar de raíz con este mal y asignar tal función a un nuevo ente de probidad académica y moral, cuyos integrantes no tengan nada que ver con intereses políticos ni con juegos de poder. Algunos dirán que este tipo de reformas no suelen ser abordadas por el Congreso ni por el Ejecutivo; pues sus intereses están de por medio. Eso, además de poder ser cierto, indica que la Constitución Nacional está en mora de designar a quién le corresponde legislar cuando las materias tocan a legisladores y presidente. Lo que no significa que la sociedad siga ausente de reclamar estos menesteres. El mismo Santos ya reelegido debería pensar en presionarlo. Los mismos promotores del voto en blanco tienen aquí por donde enderezar su batalla y aglutinar la madurez ciudadana.