Gústele a quien le guste, durante el gobierno de Hugo Chávez, millones de colombianos gozaron de servicio de salud, vivienda, educación, trabajo, alimentación y, ante todo, tranquilidad; mucho de lo cual, si no es todo, no consiguieron en su propio país.
¿Por qué hoy le exigimos a un gobierno, que no es nuestro pero nos ha quedado tan grande exigirle al propio por décadas, la protección de millones personas que han sido desplazadas forzosamente o aquellas que han sido desalojadas violentamente? ¿Por qué nuestros gobiernos no han sido capaces de generar confianza, condiciones y oportunidades para que refugiados en países vecinos retornen con dignidad? Mejor aún, ¿por qué no fueron capaces de protegerlos para que no salieran huyendo de su patria?
Solo en 2010 unas 280.041 personas tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en otros lugares de Colombia a causa de la violencia. Los refugiados en el exterior durante el 2009 eran 389.000, principalmente en Venezuela y Ecuador. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 91.499 desplazados (32,7%) son originarios de las 14 áreas comprendidas en el denominado Plan Nacional de Consolidación Territorial diseñado por el gobierno del que ahora enarbola la bandera colombiana en la frontera exacerbando el patriotierismo en época electoral, Álvaro Uribe Vélez, como complemento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. En cifras más recientes, del presente año, que se encuentran en las bases de datos del Registro Único de Víctimas, existen 6 millones de desplazados, es decir, 1.3 millones de familias colombianas desarraigadas. ¿Dónde estaba el Senador de la República hoy huérfano de poder cuando a cientos de miles les quemaron sus casas, les violaron a sus mujeres, les golpearon a sus niños y los despojaron de sus tierras?¿Dónde está él y dónde estamos nosotros ahora, hoy, en este momento cuando tantos sufren desplazamiento o desalojo violento y abusivo de sus viviendas?
https://www.youtube.com/watch?v=IcsM-lholds
Por un lado, el país vecino no está en la obligación de abastecer a ciudadanos colombianos, es evidente la dependencia de alimentos y combustible venezolanos de los nuestros en la frontera. Por el otro, el paramilitarismo, el contrabando, los prostíbulos donde se esclaviza sexualmente a menores de edad y los indocumentados son una realidad en la frontera. Sí hay delincuencia y el presidente Maduro está en plena facultad, es su deber preservar la seguridad e intereses de su país. Las deportaciones son legales, no podemos perseguir la ilegalidad en nuestro territorio pero promoverla en el ajeno. Sin embargo, la violación de derechos humanos, el maltrato al que han sido sometidos cientos de colombianos en los últimos quince días, nunca lo será. Ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres; a ningún ser humano, incluso al peor delincuente nunca antes visto, se le pueden vulnerar sus derechos.
A pesar de las graves crisis bilaterales suscitadas entre los gobiernos de Chávez y Uribe, incluso a pesar del rompimiento de relaciones entre los dos Estados, jamás hubo maltrato a colombianos (documentados o no) en Venezuela y estoy segura de que si estuviera con vida, por más legales que fueran las deportaciones, nunca habría agravio alguno en su contra. No obstante, y a pesar de todo, aplaudo la mesura con la que el gobierno del presidente Santos ha tratado la actual crisis fronteriza, apelando a canales diplomáticos para la resolución, y a canales multilaterales a pesar del revés ocurrido en la OEA; porque si fuera por ciertos sectores que, coincidencialmente también se oponen al proceso de paz, ya estaríamos en guerra con Venezuela. Afortunadamente ni ellos, ni algunos congresistas, a los que les parece que la Canciller “se preocupa mucho por las formas diplomáticas”, se ocupan de los asuntos internacionales, o estaríamos en serios aprietos.
¿O será más bien que esos congresistas se enteraron de que hay quienes, a diferencia de ellos, sí se encargan de cumplir aquello por lo cual se les paga?
Finalmente, que cada Estado responda por lo que le corresponde, Venezuela por la violación de derechos así las deportaciones sean legales, y Colombia (no solo nuestro presidente, sino nosotros, todos nosotros) se ocupe de recibir a los deportados y sobre todo de cumplirles lo prometido y, por supuesto, de saldar la deuda que tiene tanto con sus fronteras abandonadas, como con los desplazados del conflicto que sufren en su territorio. Porque condolerse con los deportados pero no con los casi 6 millones de desplazados internos es a lo que yo llamo relativismo moral.
@MafeCarrascal
¿O será más bien que esos congresistas se enteraron de que hay quienes, a diferencia de ellos, sí se encargan de cumplir aquello por lo cual se les paga?
Finalmente, que cada Estado responda por lo que le corresponde, Venezuela por la violación de derechos así las deportaciones sean legales, y Colombia (no solo nuestro presidente, sino nosotros, todos nosotros) se ocupe de recibir a los deportados y sobre todo de cumplirles lo prometido y, por supuesto, de saldar la deuda que tiene tanto con sus fronteras abandonadas, como con los desplazados del conflicto que sufren en su territorio. Porque condolerse con los deportados pero no con los casi 6 millones de desplazados internos es a lo que yo llamo relativismo moral.
@MafeCarrascal
