Lo sucedido con el director del IDU de la primera administración de Enrique Peñalosa deja el mal oliente tufillo de la injusticia cometida con él y, colateralmente, con su familia. Pero también constituye un precedente nefasto para la Administración Pública, a la que cada vez le resultan ser más esquivos los mejores profesionales que la misma requiere con urgencia.
Exponerse al sicariato moral que es propio de una clase politiquera que mantiene una importante vigencia en la vida pública y que ocupa un representativo espacio de poder en Colombia, es algo a lo que los profesionales más capaces no le apuestan.
Resulta paradójico que mientras para la Fiscalía de Eduardo Montealegre las gruesas arbitrariedades contractuales cometidas y el despilfarro de recursos con ocasión de la imposición del esquema transitorio de aseo en la Ciudad Capital en época de la Administración Distrital anterior no le significaron el menor reproche penal, la justicia colombiana hace pocos días resulta condenando a un profesional que lejos estuvo de haber cometido delito alguno.
Tengo la convicción personal que Andrés Camargo desde que se posesionó como miembro del gabinete distrital de Peñalosa en 1998, fue objetivo político del sicariato moral que en realidad buscaba afectar al entonces alcalde de Bogotá. Mandatario que debió soportar los efectos políticos de ese ataque y que se manifestaron en sus fallidas aspiraciones presidenciales, pero el entonces director del IDU ha debido padecer en solitario políticamente los mayores efectos de ese sicariato político que en su caso le hizo perder su libertad.
No le bastó a la justicia colombiana la transparencia, acatamiento y respeto por la misma que ha demostrado y sigue demostrando Andrés Camargo para haber estudiado en reposo y con la serenidad su caso. Camargo Ardila terminó por las inexplicables situaciones macondianas que ocurren en Colombia en medio del choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia como lo evidencia la sentencia de esta última -casación 42930-, y que da cuenta de la violación al debido proceso con ocasión de no haberse aceptado los impedimentos reconocidos por cinco de los magistrados que terminaron finalmente fallando de fondo el asunto, cuando ya previamente lo habían hecho.
Muy probablemente hubiese sido más efectivo para el ex director del IDU haber optado en su defensa por una actitud desafiante y amedrentadora con la justicia, como lo hiciera hace poco tiempo un mandatario distrital desde el balcón del Palacio Liévano, desde donde convocó a su electorado y dependientes a la desobediencia, pero en buena hora no fue esa la postura de Andrés Camargo. Aún hoy, advirtiendo él mismo no haber cometido acto de corrupción alguno, se entrega a la justicia y lo menos que ella debe proporcionarle a este colombiano es el ejercicio del derecho a la detención domiciliaria y a la obtención del debido permiso para trabajar.
Resulta inadmisible que se haga eco a las perversas conjeturas, a las verdades a medias y, en muchos casos, a las directas acusaciones calumniosas e injuriosas pero bajo la careta del anonimato o bajo el sigilo de hacerlas en privado. En cualquier caso, no debe perderse de vista que quien actúa de esta manera siempre está en la búsqueda de quitar del medio a contradictores políticos o personas incómodas para el logro de algún propósito político o económico non sancto. Este es el caso de AndrArdila hoy de Andr advirtiendo e el asunto uenta de la vioolaciporcionarle es s para ntervencias de servicios pés Camargo Ardila, quien como víctima de esa práctica politiquera y perversa está hoy privado de su libertad.
felipe.herrera.carrillo@gmail.com
