Cualquier gallo que cante en la capital de Colombia tiene eco en los gallineros del país. Pero si el gallo es paisa, valluno, llanero o santandereano, aunque se esté posesionando de Gobernador, nadie le para bolas. Ahora resulta que desde Petrópolis el nuevo alcalde descubrió que la solución para que no haya homicidios con arma de fuego es suprimir los salvoconductos, es decir, el porte de armas legales en manos de los ciudadanos conocidos. Es el mismo cuento del sofá donde el marido encuentra a la esposa fornicando con otro y en vez de disolver el matrimonio, vende el sofá. La mayoría de los homicidios que se causan en Colombia con arma de fuego son con armas ilegales. Y las armas ilegales según datos últimos llegan a 4 millones y con salvoconductos 1 281 000. Si los colombianos somos 46 millones de habitantes, los ciudadanos desarmados somos tantos que nadie nos podría acusar de ser un país de gente armada, como si lo son en Estados Unidos donde hay venta libre o en Suiza donde en cada casa guardan las armas del Estado porque son soldados activos cada suizo.
Suspender los salvoconductos es posible que tenga efectos minúsculos. El nuevo dueño de Petrópolis debería decirnos cuántos son los muertos por armas con salvoconducto y cuáles de esos homicidios corresponden a la legítima defensa. Sin datos ciertos y verificables, el discurso solo es una medida efectista. Las almas pías suelen hablar generalidades como que todas las armas causan males y por lo tanto si no las hay en circulación, dejan sus efectos mortales. Pero en Colombia el asunto no es el de las armas con salvoconducto, sino las armas ilegales. Esas causan el mayor números de muertes en un porcentaje que puede ser del 90%.- En el año 2011, hubo 15 000 homicidios y de esos 12 000 fueron con armas de fuego. Las autoridades deberían decirnos cuántos de ellos corresponden a armas con salvoconductos para medir los efectos a las ruidosas propuestas que se están discutiendo.
Es fácil engañar a la opinión pública con cantos de sirena criminológica. Quiten o suspendan los salvoconductos. ¿Van a ir por esas armas las autoridades acompañadas de los fogosos artistas del CTI, de la Sijin, de la PM, de los cadetes de la Armada o de la Policía a decomisarlas? ¿Quién le pone el cascabel al gato? En cambio nadie nos dice en Petrópolis ni en las bullangueras alcaldías y secretarias de gobierno que replican la cortina de humo, cuándo van a ir a quitarles las armas ilegales a las bandas criminales del campo y de la ciudad: 4 millones. Según la Policía, en 2011 se incautaron 38 000 armas de las cuales 27 000 eran ilegales. ¿Cuándo van por las otras 3 973 000?
Los bandidos organizados no tienen armas amparadas. Por eso viven en el mundo de la clandestinidad y de la oscuridad. En 2005, por ejemplo, las armas de fuego ilegales se emplearon especialmente para hurto a entidades financieras, hurto de automotores y piratería terrestre. Y en ese mismo año con 17 000 homicidios, el 70% con armas de fuego. Pero no sabemos todavía cuántos de esos homicidios corresponden a armas amparadas ni cuántos tienen el eximente de responsabilidad en la legítima defensa. No se trata, entonces, señores y señoras de las almas pías, de defender los salvoconductos. Eso no tiene peso importante en la tabla de homicidios dolosos. Los pueden quitar o suspender. De lo que si se trata es de atacar el problema de fondo, el del porte ilegal, del uso mortal, de la existencia y actuación criminal de las bandas y del mercado negro de armas de fuego, municiones y explosivos. Lo otro es un chiste.
