El fracaso del modelo de lucha contra la corrupción en Colombia

Se acaba de celebrar  el Día  Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, la cual en nuestro país no merece ser celebrada, sencillamente porque no existe. En nuestra anticorrupción criolla solo fulguran lánguidos vectores aislados, con énfasis inconsistentes, que de suyo se han quedado cortos en el abordaje de uno de los principales problemas históricos de la agenda pública nacional, y que a la postre se ahogan en rencillas o pesquisas con nombre propio, que en lugar de desestimular, terminan fortaleciendo el saqueo y agenciamiento privado de lo público. Corrupción pública y corrupción privada: una carrera al abismo El vapuleo de lo público vuelve por fuerza más que de los indicadores o encuestas por la contundencia de una realidad incontestable a tener un énfasis, frente al fracaso del modelo de abordaje asumido como paradigma implícito por la sociedad colombiana, según el cual deriva de políticas públicas, y no de una sinergia nacional donde concurren todos los estamentos, y la propia ciudadanía con su cuota de corresponsabilidad e insustituible liderazgo. Cultura pública de la corrupción y corresponsabilidad ciudadana Mucha  gente  ha entendido cómo el incremento de la percepción sobre la corrupción en el país es exclusiva responsabilidad del gobierno nacional, o departamental o municipal. Pero la apabullante realidad revela cómo se encarna en el legislativos – para la muestra la reciente nefasta reforma a la justicia en cuyo hundimiento desde la Red de Veedurías nos aplicamos con éxito a fondo-, sino también de la rama judicial –el carrusel de pensiones a la que no solo ha obedecido la lógica de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Justicia, sino también, solapadamente, la Sala Administrativa, la propia Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado-. El descontrol del control y justicia para los de ruana Los órganos  de control no son percibidos como ejemplo de pulcritud, y su probidad  cada vez esta más  lejos  de las altas exigencias de integridad que silenciosamente les demanda la sociedad deliberante. A nivel territorial pocos ejercicios de control fiscal o disciplinario se salvan. Al contrario, la marcada politización de tales agencias dan cuenta no solo la clientelización de la defensa de lo público, sino más aún la captura rampante de las decisiones y el direccionamiento grotesco del control en general. Deplorable más todavía que se anuncie la lucha contra la corrupción, cuando lo que en la práctica se da es la instrumentación de un pilar fundante de nuestra sociedad como un todo, en un escenario de protagonismo personal o institucional con claros y muy taquilleros réditos políticos, donde los cambios en materia de normatividad aportan herramientas válidas que normalmente conducen a ninguna parte, a ningún puerto: terminan siendo como listas de mercado, compuestas por ingredientes para preparar platos  de gastronomía  incompatible. Eventos como el cartel de la contratación en Bogotá, Agro Ingreso Seguro, Yidis-política, o la captura de la Dirección Nacional de Estupefacientes solo podrían ser sucedidos por el campeonato de saqueo privado a través de trapisondas bursátiles por la firma número uno en el sector. La propia perdida de gran parte del territorio colombiano ante la Corte Internacional frente a Nicaragua no puede ser leída como otro acto de desgreño que será condenado al cadalso por el juicio implacable de los “muladares de la historia”. Lo peor es que semejante resquebrajamiento de lo público compite en perversidad con la del sector privado que apenas se advierte, o insinúa, bajo modalidades múltiples relacionadas con el inatajable narcotráfico, lavado de activos, coimas, pago de prebendas, y la ya paradigmática cartelización de la contratación pública. Corrupción  y respuesta  ciudadana El fracaso de la lucha contra la corrupción amenaza no solo el erario, golpeando a los sectores más desprotegidos. La corrupción es el mayor y peor impuesto que pagamos los colombianos de bien. Esta pone  entredicho – incluso más que el propio conflicto armado interno- la viabilidad misma del estado social de derecho, y de nuestra sociedad en su conjunto. De suyo, superar la corrupción no será posible en Colombia hasta tanto no se le devuelva el país al constituyente primario mediante activos ejercicio de ciudadanía ocupado del control social irrestricto, que hasta ahora el conjunto de los espacios y entes anticorrupción – con contadas excepciones- se han resistido a reconocerle la ciudadanía veedora como un todo,  en nuestra irremplazable y más aún inatajable gesta histórica. @pablobustossanc