Hasta hace muy poco las condenas a los mandatarios corruptos y violadores de los derechos fundamentales de los ciudadanos en muchos países del mundo no pasaron de palabras que merecieron aplausos, pero no produjeron penas reales para los líderes abusadores. Basta recordar como el Papa Juan Pablo II en su primera visita a América en Quezaltenango, Guatemala, le recordó al dictador Efraín Ríos Montt como "Dios prohíbe matar" y prácticamente a gritos le dijo: "Desde este lugar y en forma solemne pido a los gobernantes, en nombre de la Iglesia, una legislación que os ampare eficazmente de los abusos y os proporcione el ambiente y los medios adecuados para vuestro normal desarrollo". En una clara mención al asesinato de 171 indígenas ixiles, crimen por el que solo 34 años después, está siendo juzgado en su país como responsable. Indudablemente los dirigentes guatemaltecos no escucharon la recomendación del Papa.
En la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, México, en septiembre de 2014, es la voz de una periodista de ese país, Anabel Hernandez quien contrario a lo que ha pasado con la investigación de las autoridades, que no han llegado a ninguna parte tres años y cinco meses después de ocurridos los hechos, logra a través de su libro “La verdadera noche de Iguala”, desenmarañar el espantoso crimen en el que habría muchos agentes del estado vinculados y que según sus pesquisas podrían poner en el futuro ante la Corte Penal Internacional al propio Presidente Enrique Peña Nieto.
Son las voces que no paran de denunciar y señalar a los dirigentes corruptos, asesinos y tramposos. Algunos líderes espirituales, pero sobre todo los medios de comunicación del mundo libre, los periodistas, son quienes están interpretando la indignación de los ciudadanos de muchos países y denunciando a los dueños del poder que no son dignos de ejercerlo.
La lista es cada vez más larga y a ella se están sumando los Jefes de Estado de países de los que hace un tiempo resultaba impensable se incluyeran como Suráfrica con Jacob Suma quien renunció por denuncias de corrupción e Israel.
En solo América Latina son 18 los presidentes que han ido a parar a la cárcel por diversos delitos; Asia con 35, es el continente con mayor número; Europa 16, África 11 y Oceanía 1; y si Benjamín Netanyahu, el premier israelí sale del poder por denuncias de corrupción y termina en la cárcel, Asia tendría uno más. Guatemala tiene récord en acusaciones de corrupción a ex presidentes: Otto Pérez Molina (2012-2015) y su ex vicepresidente Roxana Baldetti, (2012-2015) condenados y en la cárcel; Alfonso Portillo (2000-2004) condenado en Estados Unidos por lavado de dinero; Jorge Serrano Elías (1991-1993), quien huyó de su país acusado por supuesta corrupción y se asiló en Panamá; y el último en ser detenido Alvaro Colom (2008-2012) vinculado a un negociado en el transporte público de su país.
Otro de los casos que también llama la atención es el del El Salvador: sus tres últimos ex presidentes fueron enviados a prisión: Francisco Flores, quien falleció mientras pagaba detención domiciliaria luego de que se le hallara culpable por desviar fondos para atender a las víctimas de un terremoto; Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, también condenados por corrupción.
En entredicho hay otros como Nicolás Maduro de Venezuela, país que figura en el primer lugar en la lista de corrupción de la Organización Transparencia internacional, y a quien sus opositores señalan de cometer varios delitos, pero a la fecha, por razones obvias, no hay una sola investigación en su contra.
La denuncia pública, el escarnio al que hay que exponer a los corruptos parecen ser la sanción más fuerte, pero no basta. Las publicaciones de los medios de comunicación y de las voces de ciudadanos del común en las redes sociales deben hacer mella para impedir que estos personajes siniestros lleguen al poder, pero deben crecer y sobre todo aumentar las denuncias ciertas y con pruebas contra quienes esperan que el voto ciudadano los lleve al solio presidencial desde donde su capacidad de daño será mucho más alta. La buena noticia es que la justicia por fin se ocupa de investigar y condenar a los ex mandatarios criminales. Pero falta que lo haga también contra los que están en el poder y cometen toda clase de delitos.
