Elecciones contra la democracia

Es un hecho irrebatible; el palo de las elecciones regionales no está para cucharas de democracia. A no ser que queramos seguir haciendo análisis e intervenciones sobre problemas agobiantes del país sin ir al fondo de los mismos, como se ha vuelto normal y aceptado. Uno de los supuestos básicos de la adopción de la elección popular de alcaldes (1986) y de la de gobernadores (1991), fue la ampliación de la democracia, propósito loable que la realidad del país día a día y hasta el presente se ha encargado de obstaculizar y alejar. El entrevero de anomalías de todo calibre en que se adelanta el proceso electoral que busca elegir concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, el próximo 30 de octubre, no da mucha esperanza para asumir que con las medidas del gobierno y los llamados del mismo presidente Santos para actuar con severidad frente a los que pretenden corromper las elecciones se vaya a neutralizar sus efectos. No puede denominarse democracia un sistema en el cual, según estudios autorizados, divulgados en las últimas semanas, uno de cada dos municipios (541) del país presenta alto riesgo de fraude electoral (por alteración de resultados, trashumancia electoral, o constreñimiento a electores); abundan las amenazas contra candidatos; 447 municipios están en riesgo de violencia; un buen número de candidatos inscritos tiene antecedentes judiciales; hay presencia de actores armados en pos del poder local mediante la financiación de campañas, compra de votos, presión sobre autoridades y disuasión de candidatos contrarios, todo gracias al control que ejercen en territorios de cerca de 15 departamentos. Como si algo faltara, el desdibuje de la institucionalidad y doctrinas de los partidos políticos ha llegado a tal punto que su existencia se ha reducido triste y prácticamente al otorgamiento de avales a candidatos, varios de los cuales, previamente, ni siquiera eran militantes suyos. Aunque el panorama debiera dar para tomarse en serio la decisión de suspender las elecciones en buena parte de la geografía nacional, no se entiende a líderes de opinión que han dicho que tal medida no es necesaria. Cómo se nota su lejanía con las realidades de las gentes que no viven en las grandes capitales, donde la vida es muy distinta. Tampoco es que se sienta al gobierno en tono convincente contemplando esta salida coyuntural. Y es coyuntural porque una solución de fondo, a la que se debe llegar en caso de que nos tomemos en serio la democracia, debe partir del examen de la motivación, de los propósitos reales, de los individuos que pretenden acceder al poder del Estado, a través de los cargos públicos de elección popular. La casuística de nuestras regiones aquí sintetizada ilustra abundantemente sobre esos propósitos; sobre esas intenciones. Aquí es donde debemos hacer un acto de contrición y sincerarnos de una vez por todas. No se puede seguir pasando de agache que tanto en el ámbito central como en el regional y el local el ejercicio del poder político ha hecho débil, por no decir precaria, esa democracia. En el nivel central porque ese poder lo ejerce realmente el gran capital, nacional o extranjero, con todos sus intereses; y en lo regional y lo local porque dicho poder viene siendo ejercido cada vez de manera más consolidada por individuos non sanctos que también tienen sus propios intereses. La diferencia básica radica, sencillamente, en que el primero lo hace amparado en la legalidad, y los segundos, en la mayoría de los casos, al margen de la ley.