En la cuerda floja quedaron los recursos que los departamentos, municipios y el Distrito capital esperaban recibir y por ello mismo los apropiaron en sus presupuestos aprobados a finales del año anterior provenientes del recaudo de la sobretasa a los combustibles. Ello pone en riesgo las inversiones previstas en la malla vial en las regiones, en su mantenimiento, así como en las soluciones para mejorar la movilidad y el transporte masivo de pasajeros en las ciudades.

Al estructurar los proyectos para lograr tal cometido comprometieron dichos recursos, ora a través de la pignoración de los mismos ora mediante las vigencias futuras y gracias a ello fue posible su cierre financiero. Con la expedición de la Resolución 41279 el 30 de diciembre del año anterior por parte del Ministerio de Minas y Energía, que redujo ostensiblemente el recaudo esperado por concepto de la sobretasa a los combustibles, quedarían en babia, todo es incertidumbre.

Como consecuencia de la entrada en vigencia a partir del primero de enero de este año de la Resolución 41279, que implica una reducción de $1.415.77 y $1.143.59 en el precio de referencia del galón de gasolina y ACPM de la base gravable de la sobretasa, se tiene un menor recaudo por este concepto tanto para los municipios y departamentos como para el Distrito Capital. Es de anotar que los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa tienen como destinación específica la infraestructura vial, su ampliación y mantenimiento, así como la financiación de los proyectos tendientes a facilitar el transporte masivo y mejorar la movilidad.

En plata blanca la afectación a los 32 departamentos del país se calcula en $160.000 millones anuales. Se estima que los municipios y el Distrito Capital dejarán de recibir $500.000 millones anuales. Sólo Bogotá dejará de recibir $120.000 millones anuales. Otros damnificados serán: Medellín con $30.000 millones al año, Cartagena $8.000 millones y Cartagena $10.000 millones.

Según la Viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz, tal medida se tomó “atendiendo a una realidad mundial y es la reducción de los precios del petróleo” y acota que “el año pasado los precios del crudo cayeron en promedio 42% y la reducción que se le da a la base de la sobretasa a la gasolina es del 28% y no se traslada todo ese impacto”. Es decir, que antes de quejarse departamentos y municipios del país, así como el Distrito Capital, se deben dar por bien servidos, pues la están sacando barata!

Pero es que en ninguna parte está dicho que el precio de referencia para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM está atado al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y no al “valor de referencia de venta al público” del combustible motor, que es lo que dispone la norma. Es más, según estudio realizado por el ex contralor general Antonio Hernández Gamarra para la Federación Nacional de Departamentos, a consecuencia del congelamiento del precio de referencia entre el 2008 y el 2013 las entidades territoriales dejaron de percibir $1.6 billones. Sólo en el 2013 se dejaron de recibir por parte de los departamentos, municipios y el Distrito Capital $500.000 millones, distribuidos así: $285.000 millones los municipios, $115.000 millones el Distrito Capital y $100.000 millones los departamentos.

Llama poderosamente la atención que mientras se menguaron con la Resolución de marras los ingresos esperados por los departamentos, los municipios y el Distrito capital por concepto de la sobretasa, el ingreso al productor ($4.102.64/galón) con el que se liquida el IVA, que recauda la Nación, subió 6.52%, más del doble del que establece la fórmula de cálculo de precios (3%). Ello contrasta, además, con el hecho de que los ingresos para el Gobierno Central en enero de 2017 suben el 22% ($247) en el caso de la gasolina motor y 20% ($222,1) con respecto a diciembre de 2016 al fijarse en $1.388.4/galón. Ello en la práctica significa una transferencia de recursos desde las entidades territoriales hacia la Nación, lo cual va a contrapelo de los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Se ha dicho por parte del Ministro de Minas y Energía Germán Arce que si se deroga la Resolución que provocó la airada protesta de gobernadores y alcaldes “los usuarios pagarán una gasolina más cara para garantizar la estabilidad en los ingresos”. Nos parece sensata la posición del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuando plantea que la solución a este impasse “hay que buscarla por el mismo camino que se hizo, hay que hacerlo, hay que lograrlo de una forma que tenga el mínimo impacto al precio del consumidor”. Él debe ser el más interesado en resarcir a las entidades territoriales, pues su estrategia de reactivación de la economía, Colombia repunta, cuenta con el gran impulso que se le dará desde las regiones con la inversión en infraestructura. Revisando y reconsiderando los términos de la Resolución 41279 de 2016 se le quita el freno de mano que impediría la marcha de los proyectos en curso.

Bogotá, febrero 19 de 2017

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