En nombre de la inversión

Cuando Mattew Winkler, editor general de Bloomberg News, hizo la última pregunta al terminar el primer Foro Latinoamericano de la Alianza del Pacífico, el presidente Santos interrumpió diciendo: “Ahora, si alguien tiene afán de invertir, lo puede hacer ya en Colombia”. Como mendigando inversión, dejó a un lado el discurso homogéneo de integración regional que igualaba la Alianza del Pacífico en tamaño y poder de negociación a las economías más grandes del mundo, para tratar de seducir a los inversionistas que había en la sala del edificio principal de Bloomberg en Nueva York. Alianzas, integración financiera, tratados de libre comercio… En crisis de precios de materias primas, cuando los países dependientes de estos precios necesitan encontrar fuentes alternativas de ingresos ajustar su presupuesto, todos reman para su lado con más intensidad y el gobierno colombiano se la sigue jugando en su afán por inversionistas. En nombre de la inversión extranjera, Colombia entra en una guerra de incentivos fiscales (tax wars, como la llaman en Estados Unidos) entre países de la región para ofrecer a las compañías internacionales mejores beneficios fiscales y atraer más inversión. Cura que puede resultar más cara que la enfermedad por los efectos que tiene en la economía la reducción del recaudo fiscal por esta vía y consecuentemente, el incremento de impuestos que terminan afectando a la mayoría de los colombianos. Entre los incentivos para atraer inversionistas están tarifas preferenciales para la importación, exención de impuestos, y capital de riesgo para las empresas multinacionales. Asimismo, cada municipio y gobernación tiene la libertad de ofrecer beneficios independientes, además de los acuerdos de estabilidad que ofrece el gobierno nacional, en donde congela los impuestos por periodos entre 3 a 20 años. Como si fuera poco, están las zonas francas en las que se cobra el 15 % de impuesto de renta (normalmente es el 25% más 9% de CREE) y se hacen exenciones de tarifas aduaneras e impuestos de valor agregado (IVA). Sin embargo, es difícil calcular cuánta plata deja de recibir el gobierno por causa de beneficios fiscales que se le dan las empresas extranjeras y las consecuencias exactas que esto está generando en la economía del país, pero lo que sí se puede argumentar es que la inversión extranjera impulsada por los beneficios fiscales no ha generado los impactos económicos y sociales que tanto se han prometido en los últimos años. Que la inversión extranjera generará más empleo, reducirá pobreza y habrá más cohesión social, repetía Uribe haciendo referencia a uno de sus tres huevitos. Discurso que sigue empollando bien el gobierno de Santos cuando argumenta que “la paz” traerá más inversión, más empleo y prosperidad para todos. Ahora, la inversión extranjera directa tiene cosas positivas porque mejora la balanza de pagos, genera confianza en la economía, atrae más tecnología y conocimiento y, en teoría, incrementa el empleo. Además, es una decisión políticamente correcta porque tiene efectos rápidos en las finanzas del país. Pero si en el proceso de atraer inversión extranjera hay que entrar en una guerra de impuestos a ver qué país ofrece más beneficios tributarios, la competitividad que se gana por un lado se pierde en otros. Por ejemplo, esos ingresos que deja de recibir el gobierno podrían invertirse en mejorar el sistema educativo, la infraestructura vial, el sistema judicial y el sistema de salud que tanto afecta a los colombianos. ¿Entonces qué incidencia tiene la inversión extranjera en los cambios que prometen los dirigentes? Sin excluir la influencia de otros factores que puedan estar afectando los resultados esperados, la inversión no está generando el empleo del que tanto se hablaba. Un número considerable de empresas que llegan al país no vienen a montar nuevos negocios, sino a comprar las empresas que ya existen y esto ayuda a que el desempleo se haya mantenido entre un 9 y 13 % durante la últimas década. Es el caso de SAB Miller con Bavaria, Phillip Morris con Coltabaco, Claro con Comcel y Movistar con Bell South, entre otros. Tampoco la inversión se está reflejando en la disminución de inequidad del país ni en la prosperidad para todos. El índice Gini (índice que mide la desigualdad en los países, donde 0 es igualdad perfecta y  1 es desigualdad) es de 0.54 en Colombia. El más alto en Latinoamérica después de Honduras, según el Banco Mundial. Esta cifra que refleja como la distribución de los ingresos en Colombia se concentra en pocos bolsillos y como la inversión tiene a favorecer a esos pocos bolsillos. No es tan obvio cómo los beneficios tributarios para atraer la inversión de empresas multinacionales hacen más competitivo a un país. Además, la competitividad de Colombia no puede depender mayoritariamente de los incentivos tributarios. Sino, ¿cuál sería su ventaja comparativa frente a otras economías que tratan de hacer lo mismo para atraer inversionistas? La decisión del inversionista no debería depender de los subsidios indirectos de un gobierno, sino de sus capacidades para competir en un mercado con igualdad de condiciones para todos. La intervención del gobierno para ofrecer estos subsidios indirectos, además de ser injusto con el resto de empresas nacionales, atrae el tipo de inversionista que vuela de un país a otro buscando mejores beneficios sin construir lazos duraderos con la economía. ¿Vale la pena seguir insistiéndole tanto de la inversión extranjera? Unos amigos que trabajan en empresas calificadores de riesgo en Nueva York dicen que el valor real de la inversión extranjera en el país se refleja en una mejor calificación de riesgo y más confianza inversionista. Hechos, que facilitan mucho el acceso a crédito en los mercado internacionales y la reducción de intereses mensuales. ¿Pero en qué se está usando este crédito favorable y cuánto se destina a cubrir parte del vacío fiscal causado por las reducciones de impuestos que se ofrecen a las compañías internacionales?  Esto sí sería un círculo vicioso peligroso.