Los últimos dos meses del Gobierno del Presidente Duque han estado marcados por la ingobernabilidad y la crisis; de un lado las objeciones a la JEP no le salieron bien y la Minga indígena en el Cauca, que tiene afectada a toda una región del país, lo ponen en jaque, y quizás, el último gran golpe que recibió, fue el tirón de orejas del que parecía ser uno de sus grandes aliados -el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump -, por el incremento de los cultivos ilícitos y del narcotráfico que llega a Estados Unidos, procedente de Colombia.
En el tema de la protesta indígena, uno de los argumentos más duros del Gobierno para que el presidente Iván Duque no vaya al Cauca -como exigen los líderes de la Minga- es que la guerrilla del ELN, las disidencias y los Pelusos, infiltraron las protestas en las que más de 20 mil indígenas, campesinos y afros, completan hoy cerca de un mes bloqueando la vía Panamericana. Ese ruido se mantiene porque durante estas tres semanas de movilización, ha habido hostigamientos, combates entre ilegales y enfrentamientos con la fuerza pública; aunque más allá de las declaraciones no hay pruebas directas de esa infiltración, el ruido beneficia a los grupos ilegales, que mantienen sus acciones contra la fuerza pública y al mismo tiempo debilitan el liderazgo del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca).
A lo anterior, se suma que sigue creciendo la lista de pérdidas para diferentes sectores económicos, que piden al Gobierno la normalización del paso, porque dichas pérdidas superan los 80.000 millones de pesos, los primeros que han sentido el impacto el impacto económico por el bloqueo, son los transportadores.
Las empresas de buses intermunicipales han dejado de movilizar a 350.000 personas y sus pérdidas superan los $12.000 millones. Por su parte, los camioneros hablan de $24.000 millones en pérdidas y miles de toneladas de carga represada a lado y lado de los bloqueos, ¿Y quién responde por estas pérdidas?
Colombia como Estado Social de Derecho, reconoce la libertad de expresión y la libre determinación de los pueblos, como derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política de 1991, que de igual manera avalan el sano debate en pro del establecimiento democrático.
Sin embargo, estos derechos no se materializan hasta que el Estado no proporcione las garantías necesarias para este fin, que puede ser obstruido por las dinámicas violentas propias de un país como el nuestro, en donde se articulan prosas y versos de carácter contestatario de una vertiente ideológica u otra, que aseveran la polarización y que no son más que excusas para politizar de un lado u otro este tipo de manifestaciones.
La minga, vista como una manifestación de origen indigenista, como la que se ha presentado en el Departamento del Cauca, nos pone a pensar, ¿ hasta qué punto la libre determinación de los pueblos y su autonomía puede violentar la esencia magna del territorio nacional?, mucho más, cuando los asentamientos se encuentran en zonas neurálgicas, que como el Cauca, se convierte en corredor estratégico para el intercambio narco-armamentista que nutre el terrorismo de los grupos violentos, y que afecta directamente la seguridad en el orden nacional, que se resiente ante las violentas imágenes presentadas en los medios, con las que se pretende desvirtuar el accionar legítimo de nuestras fuerzas militares, dejando en el aire un tufillo de infiltración ilegal que aún no se disipa.
Y no se disipa, porque se ha convertido en una confrontación armada solapada, con unos actos terroristas que vulneran los derechos de los demás ciudadanos. Eso sí, con una plataforma que traspasa al ámbito político, con milicianos y agentes que infiltran con éxito, los distintos movimientos e instituciones de la vida pública nacional.
Así pues, a partir de los acontecimientos, dos escenarios serán los posibles: que el gobierno baje de su altar, como se ha ido desmontando a través de la Ministra del Interior, logre apaciguar los ánimos, conjurar la protesta y encontrar soluciones negociadas a este conflicto, epicentro del clamor revolucionario de estos indígenas; o que aumente la ebullición ciudadana desde la presión, la muerte del indígena sea el combustible que alimente la hoguera, aunado a la escasez de alimentos en algunas zonas del país, para que lleguemos a una sentenciada crisis, que evidencie falta de gobernabilidad del Presidente Iván Duque.
Como lo anticipé en mi anterior columna, la posibilidad de una reforma que modifique la JEP (teniendo en cuenta que los puntos que quiere cambiar el presidente Duque ya no están en la ley estatutaria, porque fueron declarados inconstitucionales por la Corte) difícilmente tendrá mayorías en el Congreso para su aprobación, lo que constituirá una derrota y un fraccionamiento que rompa aún más el espectro político, que polarizará el escenario electoral de este año.
Por último, la semana pasada El Presidente Trump acusó al Presidente Duque de no hacer nada contra el narcotráfico que según dijo, estarían entrando a su país en mayor volumen que durante el gobierno Santos. Y aunque esta debería ser una responsabilidad compartida, entre demandantes y ofertantes, también es cierto que el control sobre los cultivos ilícitos ha sido insuficiente en la ruralidad del país.
Difíciles días ha tenido el gobierno en este año que apenas comienza; es necesario ejercer la legitima fuerza y autoridad del estado tal como lo establece la constitución:
“…El Estado colombiano, como se menciona en la Constitución de 1991, es un Estado social de derecho, con soberanía sobre un territorio y con autoridad para manejar las instituciones que estén dentro de ese territorio”.
No podemos permitir que la protesta social, se confunda con la infiltración terrorista, y ante este escenario es obligación del Estado, garantizar la seguridad de las mayorías y de la soberanía nacional, tal como lo dicta la carta magna.
De igual forma, es esta crisis de legitimidad, la oportunidad para que el Presidente se arrope de la coalición en el Congreso, convocando a los partidos que lo acompañan, para sacar adelante los proyectos que necesita el país, y que lo respalden ante los coletazos políticos que la oposición aprovecha para presionar, ejercer el orden y la autoridad es el camino.
