Hay mucha corrupción y poco corrupto

El derecho no implica la democracia pero la democracia sí implica necesariamente el derecho. En una democracia el respeto real a las normas es garantía contra la arbitrariedad y fundamento de la libertad. Esta semana nos presentó un panorama que nos desafía como sociedad y como Estado. El Gobernador de La Guajira capturado por investigaciones en las que se le acusa de homicidios, concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley dedicadas al contrabando y al narcotráfico. Jueces, funcionarios de la rama judicial y particulares detenidos por estar supuestamente vinculados a la manipulación del reparto de procesos con el propósito de que la ley penal no se cumpla para delincuentes que pagan sobornos. Empresas de gran calado que burlan las normas para acceder a multimillonarios subsidios o bienes inmuebles a los que no tendrían derecho. Particulares que secuestran militares en público. Profesores que dictan seminarios de 45 horas en dos días. Particulares que estafan a ciudadanos de buena fe mediante la venta irregular de bienes inmuebles a pesar de que existe notariado y registro públicos. Edificios y casas que se caen sin que haya tenido lugar un movimiento sísmico. Tantos hechos de corrupción, de tanta gravedad y en tan pocos días son producto de diversas condiciones que la explican pero que nunca la podrán justificar. Una de esas condiciones que propician la corrupción es la impunidad. La impunidad tiene una potencia pedagógica enorme porque cuando algunos constatan que violar las normas genera ventajas sin mayor posibilidad de ser detectado, investigado, condenado y cuando las sanciones son bajas en términos de restricción de la libertad y además se pueden conservar los bienes, el dinero y hasta el prestigio pues la impunidad jurídica, cultural y moral se convierte en un efectivo aliciente para que unos persistan en su empresa criminal y otros incursionen en aventuras corruptas. En medio de la impunidad que permite afirmar que hay mucha corrupción y poco corrupto, la Procuraduría General se ha convertido en un oasis que está demostrando, con el mismo Código disciplinario, que sí se pueden sancionar durante el periodo del cargo para el que fueron elegidos a quienes violan las normas. El Ministerio Público tiene entre otras obligaciones constitucionales las de vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas incluidos los elegidos popularmente, vigilar el cumplimiento de las normas y las decisiones judiciales, y la de defender los intereses de la sociedad. La sanción disciplinaria es prácticamente de carácter laboral en la medida en que sus sanciones consisten en suspender, expulsar o inhabilitar para ejercer el servicio público a quienes violen el derecho que rige, en una democracia, su accionar. Ahora cuando está funcionando el derecho disciplinario para disminuir la impunidad frente a la corrupción, surgen voces que añoran las épocas en que las decisiones sancionatorias no se producían o llegaban años después de que los tramposos dejaban sus cargos.