Hay que liberalizar el mercado de los taxis en Bogotá

El Ministro de Transporte declaró ilegal el servicio de Uber en Colombia tras más de un año de operación de la compañía. Esta acción estatal en contra de la libre competencia y en contra de los miles de usuarios del servicio de transporte deja al descubierto varias realidades de nuestra vida cotidiana y política. Primero, el éxito descomunal de Uber, cuya labor es conectar a pasajeros y conductores de vehículos privados en excelente estado por medio de una aplicación móvil, se debe en gran parte al mal o pésimo servicio de taxis al cual han estado sometidos los bogotanos durante décadas (ver 10 razones para que esté Uber en Colombia). Pero si Uber ha sabido ganarse una posición en el mercado al satisfacer las necesidades de sus clientes, el lobby de los grandes propietarios de taxis busca mantener su posición dominante y monopolística por medio de una práctica tradicional: recurriendo a la protección del Estado colombiano. De hecho el gremio de taxistas amenazó al gobierno en más de una ocasión con un paro y con el bloqueo de vías principales si este decidía regular la operación de Uber en el país. El gobierno, sin embargo, nunca fue un pasivo espectador del asunto. Menos de dos semanas antes de asegurar su reelección, el Presidente Santos les prometió a más de mil taxistas reunidos en el Coliseo el Campín que su segundo gobierno sancionaría con QLF (código que utilizan los taxistas a la hora de abortar una acción) "a las aplicaciones que fomentan la ilegalidad". Por eso no sorprende el anuncio del Ministro de Transporte, el cual se suma a la declaración anterior de su predecesora, quien declaró en julio que Uber no tenía autorización para funcionar en Colombia. No obstante la empresa siguió operando y su clientela creciente sigue satisfecha. Como era de esperarse, la medida interventora del Estado en el ámbito de las transacciones voluntarias fomentó- y fomentará- precisamente la ilegalidad. En teoría la decisión del Ministerio obedece a la exigencia del gremio de taxistas de que Uber opere bajo "igualdad de condiciones", es decir, sometiéndose a los mismos impuestos y trámites que los amarillos y pagando el célebre y astronómico cupo que cobra el Estado antes de permitir la operación de un taxi. En realidad, sin embargo, no existe una igualdad de condiciones de por sí porque la excesiva y absurda regulación del Estado crea unas monstruosas barreras de entrada al mercado que favorecen a los grandes propietarios de la industria más no al taxista de a pie. El mejor ejemplo de esto es el cupo de alrededor de 90 millones de pesos que exige el Estado para permitir la operación de cada taxi. Dado que regularmente el valor de estos vehículos es menos de la mitad de esa cifra, el cobro de los cupos eleva artificial y desproporcionalmente el precio de un taxi. Esto dificulta enormemente la creación de empresas pequeñas e independientes y tiende a obligar a quien desea entrar al mercado a someterse a los dictámenes del leviatán dominante, en este caso ejemplificado por los dueños de Taxis Libres, Uldarico Peña y José Eduardo Hernández, cuyos ingresos superan los 7.500 millones de pesos mensuales. Como ha sido reportado, Uldarico y Hernández controlan alrededor de 25 mil taxis que operan en doble turno, y el hecho de que alimentan a 50 mil familias les brinda suficiente poder político para determinar "quién queda y quién no queda elegido como alcalde". Si las promesas de Santos son un indicador, los caimacanes de la industria de los taxis también pueden influenciar el resultado de una elección presidencial. La consecuencias de esto es que, como en muchos otros casos en Colombia, las reglas del juego las determina no la libertad del mercado, la cual beneficia al consumidor, sino el interés mutuo entre el poder político y un gremio con capacidad electoral. El primer paso para crear un mercado libre y justo de taxis en Bogotá es eliminar por completo el sistema de los cupos, lo cual reduciría drásticamente los costos de entrada al mercado. Debe ser la competencia libre y justa la que determina el número de taxis que operan legalmente en Bogotá, no una camarilla conformada por políticos, burócratas y grupos de presión empresariales dependientes en el auspicio del Estado. Adicionalmente se deben tomar las siguientes medidas: -Eliminar la tarifa mínima impuesta por el Distrito y permitir que los taxistas cobren precios de mercado determinados inter alia por la hora y el día de la semana del servicio. -Permitir la creación de taxis de distintas categorías como es el caso en ciudades como Lima: el taxista podría cobrar una tarifa basada en el estado (modelo, limpieza, etc.) de su vehículo. -Eliminar varios de los impuestos y trámites a los cuales están sometidos los taxistas y simplificar al máximo el proceso de registro legal. -Permitir que el taxista pueda prestar su servicio a varios pasajeros a la misma vez, i.e. el “servicio colectivo” (medida que proponen Petro y Uldarico). -Permitir que el taxista pueda prestar un servicio desde Bogotá a otras jurisdicciones sin someterse al engorroso sistema de las planillas. El problema de los taxistas bogotanos no es Uber - de hecho la empresa ofrece un tipo de servicio diferente al de los amarillos- sino la tácita alianza entre Uldarico y co. y el regulador estatal. Tal mercantilismo o "capitalismo de compadres" obstaculiza la competencia y el ingreso de nuevos actores al mercado, lo cual en últimas perjudica tanto al consumidor como al pequeño emprendedor potencial.