No podíamos empezar mejor el año con una manifestación del Ministerio Público y su extraordinario y excelentísimo Ministro, Alejandro Ordóñez Maldonado. Se trata de una patadita de la mala suerte para las víctimas en Colombia, que nos ha propinado este alto dignatario. Aun siento confusión y no es claro si se trata de un libreto de Ordóñez el humorista, o de un concepto en firme de Ordóñez el jurista, Procurador General de la Nación.
Entre los dos colombianos hay muchas cosas en común. Ambos son santandereanos de pura sepa, comparten la marcada inclinación por los temas religiosos y espirituales; el humorista es Pastor y el Procurador prácticamente sacerdote mariano. Tanto el uno como el otro de tendencia política conservadora, y como si fuera poco, pareciera que sus escritos están ornamentados con una elegante filigrana humorística, pues repito, aún me queda difícil comprender que el Jefe del Ministerio Público emita conceptos adversos a las víctimas reclamantes, como el que paso a analizar.
Cuando Ordóñez Maldonado, candidato del Consejo de Estado obtuvo 81 votos frente a un voto de Camilo Gómez, postulado por la Corte Suprema de Justicia y Germán Bustillo candidato del Presidente de la República que no obtuvo ninguno, en la plenaria del Senado, el país veía venir a un adalid de los derechos, la rectitud y la ética. Recuerdo sus palabras al sentir el respaldo del Legislativo: “mi compromiso es el de ser defensor de las garantías y los derechos humanos y seré escrupuloso en el cumplimiento del deber. No me vayan a tratar de fundamentalista. Agradezco a Dios”. Sabio el autor del adagio “el papel aguanta todo”. El Dr. Ordoñez, eximio jurista, regido por la ética y la doctrina católica conservadora y moralista como ninguno, ha demostrado ser un hombre recio y recto en sus decisiones; impermeable e impenetrable frente a las bancadas políticas y a los poderes del Estado, e iluminado por el Juzgador Natural. Las esperanzas de tener a la cabeza de la Procuraduría una persona tan íntegra y de este talante profesional, parecían sueños hechos realidad para quienes hemos venido trabajando en favor de los Derechos Humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, pues esta es la institución que por antonomasia vela por las normas en favor de los asociados y cobra trascendencia, siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales.
Celebramos pues la llegada del Dr. Ordoñez a esta alta corporación y pusimos el empeño en trabajar de su mano para obtener resultados favorables en materia humanitaria. La cosa fue tan buena, que al finalizar 2009, exactamente a finales de noviembre, cuando se cumplirían los 20 años de la masacre del avión de Avianca y prescribiría el término de este delito quedándose en la impunidad, la Procuraduría en un trabajo conjunto con nuestra organización, haciendo una muy técnica exposición desde lo jurídico, solicitó a la Fiscalía General de la Nación su declaratoria de lesa humanidad. Esta solicitud apalancada en nuestros argumentos jurídicos acerca de elevar ese reato a tal rango, dio como resultado su efectiva declaratoria. Hasta ahí todo bien.
Surtido todo el trámite legislativo de la famosa Ley de Víctimas, tanto en el Congreso como en los foros y actividades en el marco de su debate, vinieron las demandas de inconstitucionalidad en su contra, de las cuales conoce la Corte Constitucional, sus magistrados y sustanciadores, corolario de los derechos fundamentales consagrados en la Carta. De las demandas aceptadas y acumuladas en el ejercicio procesal de este ente, se corrió traslado al Procurador Ordoñez, para que en 30 días emitiera concepto favorable o desfavorable frente a las pretensiones de los demandantes que reclaman trato igual, verdad y justicia para las víctimas de la violencia colombiana. Hasta aquí todo muy bien.
A finales de 2011 el Jefe del Ministerio Público, haciendo uso de todas sus cualidades y calidades humanas, cristianas y profesionales, emitió un concepto a la Corte ya mencionada, para cumplir con el trámite exigido por la ley y los decretos que regulan los temas de inexequibilidad. Las demandas instauradas demandaban la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por considerarlo violatorio del artículo 13 de la Constitución Política, entre otros, que consagra el derecho fundamental a la igualdad. No obstante evidenciarse la discriminación y la exclusión de ciertas víctimas como las del narcotráfico por el concepto de víctima consagrado por el texto legal y otras por la fecha, Ordoñez manifestó lo siguiente (con su característico acento que en este momento recuerdo y con su camándula en la mano): “si se llegare a declarar la inexequibilidad de los artículos en comento, la ley no se podría aplicar, pues carecería de una definición precisa de los sujetos a los cuales se aplica, valga decir, de una parte importante de sus beneficiarios, sin la cual no sería operativa. Por tanto, esta demanda no cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, necesarios para que la Corte pueda pronunciarse de fondo. Esta circunstancia conduce, como lo reconoce la Corte en la Sentencia C-1052 de 2001, a una decisión inhibitoria, y así se lo solicitará el Ministerio Público a la Corte”. Cómo entender que este funcionario alejándose de su función de garante y siendo un católico ecuánime, equilibrado y justo, haga un pronunciamiento de este nivel, manteniendo abierta distancia de lo humanitario y centrándose por completo en lo legislativo y procesal. Mejor dicho, si no se puede declarar inconstitucional uno o varios artículos de una norma, porque se hace inoperante e inaplicable la misma y ese es el argumento, ¿entonces para qué la acción de inconstitucionalidad que nos asiste a los demandantes? Esto es antijurídico e ilógico por demás. No parece propio del Procurador sino del humorista.
Para concluir y pensar en un gran compromiso adquirido con el Legislativo por su abrumadora votación al ser elegido, el Dr. Alejandro en dicho concepto plasmó lo siguiente: “Tanto las definiciones como los límites y umbrales previstos en las expresiones demandadas, no son producto del capricho o de la improvisación del legislador. Por el contrario, son resultado claro de un debate razonable y responsable, en el cual se escuchó a los voceros de las distintas posiciones ideológicas y de los intereses de los involucrados, como corresponde al ejercicio del principio democrático”. Se ve claramente la defensa al poder legislativo y la indiferencia una vez más frente a las víctimas. Sobre el tema de habernos oído a los representantes de víctimas, en mi caso y en el de otros no es cierto y sobre eso ya he escrito lo suficiente. Acá lo aberrante es que Ordoñez quiera desconocer la abierta discriminación de la norma, que deja por fuera un cuarto de siglo de víctimas de las guerrillas y toda una vida de sangre de las víctimas del narcoterrorismo.
A Dios rogando y con la camándula discriminando: Señor Procurador, esto es un imposible jurídico que trasciende y conculca una vez más los Derechos Humanos; abrir los ojos era propio de su deber como garante impoluto de los mismos y de los fundamentales consagrados en la Constitución. Seguimos trabajando.
