La consulta popular “anticorrupción”, que hoy va a las urnas, carece de efectos jurídicos vinculantes. Aun cuando será derrotada debido a que no alcanzará los sufragios requeridos por la ley para que tenga vocación de éxito, vale la pena hacer un somero análisis en derecho de la misma, sin soslayar las responsabilidades morales y políticas que les asisten a aquellos que, anteponiendo sus intereses particulares, llevan al maltrecho estado colombiano a gastarse la “bicoca” de 350 mil millones de pesos (5 veces más que una elección presidencial), por el solo hecho de alimentar sus insaciables egos y catapultar aspiraciones políticas mezquinas.
Contrario a lo que pretenden hacer creer sus promotores, una Consulta Popular no puede modificar la Constitución. El artículo 374 de nuestra Carta Magna señala de manera expresa y clara en el sentido de que solo a través de un acto legislativo, referéndum o constituyente es posible enmendar el texto superior. Lo propio prescribe la Ley 134 de 1994. La cosa es muy sencilla, queridos lectores: la consulta ni quita ni pone. Al pueblo colombiano se le ha engañado al hacerle ver que la consulta es la panacea y que al día siguiente de su promulgación se resolverán todos los problemas endémicos que, por cuenta de la corrupción rampante, padece la Patria.
En el hipotético caso de que se llegare a alcanzar el umbral de alguna o varias de las 7 preguntas que contiene la consulta, como la referente al salario de los congresistas, esta tendría que pasar por el tamiz de la Corte Constitucional; es decir, el mismo trámite que debe surtir una ley emanada por el Congreso de la República; mientras la que tiene que ver con las sanciones para los corruptos, si fuese ungida del favor popular, no se podría aplicar sino hasta que el poder legislativo aprobara leyes que desarrollen el asunto. Y pasa igual con todo el cuestionario: no tiene vida propia, es un “cuerpo sin alma”, que vale una fortuna.
Ahora bien: la gran mayoría de esas preguntas ya hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico (que no se cumplan es otra cosa), lo que me lleva a concluir que el problema de Colombia no es legal, sino cultural y humano. La mal llamada consulta “anticorrupción” solo tiene impacto a nivel político y mediático, y eso lo sabe bien la exsenadora Claudia López, que, junto al circo que la secunda, ha explotado ese mecanismo de participación ciudadana en beneficio propio, haciendo de la demagogia y la trampa las mejores herramientas: la señora López aspira a ser alcaldesa de Bogotá y ha encontrado una muy buena tribuna para ese propósito en la consulta. Se trata de la campaña más costosa de la historia, “patrocinada” con nuestros impuestos para acabar de completar.
Como en los tiempos del “plebiscito de las Farc”, cuando Santos y sus cómplices dividieron al país entre amigos y enemigos de la paz, Claudia y compañía hoy nos presentan a quienes nos oponemos a su embeleco sin sustancia y al gasto cuantioso de dineros públicos que este conlleva, como unos corruptos. Pues no: también estoy hasta el cogote de la corrupción, pero la manera de acabarla no es con “balas de salva”, sino con “artillería pesada”, esto es, voluntad política en cabeza de un gobierno decente (lo tenemos), ajustes jurídicos con dientes de verdad (actos legislativos o asamblea constituyente) y aplicación de la ley vigente, sin cálculos, dilaciones ni sesgos (también necesitamos una justicia despolitizada y docta).
Resulta paradójico que muchos de los promotores de la farsa “anticorrupción” tengan investigaciones por hechos que precisamente están relacionados con manejos irregulares de recursos públicos. Esto prueba que la consulta es solo una fachada que busca esconder las verdaderas intenciones que yacen en la arena: propaganda política a costillas del bolsillo de los colombianos y lavado de imagen de ciertos tunantes expertos en el latrocinio.
Con 350 mil millones se podrían construir 20 acueductos para ciudades de 100 mil habitantes; también alcanzaría para hacer 15 alcantarillados (en un país lleno de letrinas) o la transversal de la Mojana, una vía pavimentada de 100 kilómetros desde Guaranda (Sucre) atravesando el departamento de Bolívar hasta llegar a la Gloria (Cesar). ¡Cuánto desarrollo y progreso traerían esas obras! Corrupción no solo es robar, sino también malgastar. Esa plata de la consulta se perdió, lamentablemente.
Los mismos que burlaron la voluntad popular que dijo NO a la capitulación del Estado en favor del terrorismo, y que además se engolosinaron con la “mermelada” de Santos, se gradúan hoy de “anticorruptos”. El chiste se cuenta solo.
La abstención es la clave, pues votar en cualquier sentido la consulta es validar una farsa que no sirve para nada, pero que nos costó a los colombianos un ojo de la cara.
La ñapa I: Muy acertado nombramiento el del exprocurador Alejandro Ordoñez como embajador en la OEA. Sin duda, será un muro de contención contra el avance de la izquierda radical en el hemisferio.
La ñapa II: Mientras los jefes de las Farc están el Congreso, otros de vacaciones y algunos huyendo, el Consejo de Estado condena a la Nación a pagar los perjuicios causados por la bomba del Club del Nogal. ¡Realismo trágico!
