Ahora que los medios se regodean con la cantidad de escándalos que pueden ‘denunciar’ y con los que pueden competir por el ‘rating’, es conveniente hacer diferencias entre las diferentes clases de delitos, de acusaciones, y de responsabilidades que se presentan en los diversos casos.

Se ha dicho que los órganos de control compiten supuestamente ‘de manera sana’ por mostrar resultados. Si en verdad hubiera competencia no parece que pueda decirse que eso es sano, por lo menos en cuanto a que no debe ser esa la motivación, aún si la gestión fuera buena. Mejor pensar que cada una debe ser eficiente en su función y bajo esa premisa estudiar que es lo que está evolucionando.

En tal sentido lo que se ve es que el señor Procurador ha invadido esferas ajenas en la medida que, como ya se ha destacado, en caso de existir doble competencia entre lo penal y lo administrativo la lógica de la prejudicialidad dice que, en cuanto depende de  la calificación de un delito, la jurisdicción administrativa debe esperar el fallo de la otra antes de pronunciarse. No parece ser inocente su decisión de no reconocer esto, sino más bien puede que responda al doble propósito de imponer condenas acordes con convicciones morales, y de hacerlo de tal manera que a los ojos de la opinión pública la falla administrativa sugiera connotaciones de  delito. Es de destacar el contraste con la actitud de la Contraloría, donde se ha mantenido un perfil respetuoso dentro de su órbita, respetando las de las otras entidades de control.

Esta falta de claridad respecto a la naturaleza del caso que se trata –y de la naturaleza de las personas- ha producido un ambiente  que sobredimensiona el nivel de lo que es propiamente corrupción y distorsiona los valores y en consecuencia lo que todos como sociedad debemos defender.

No se trata de desconocer que dentro de la filosofía del ‘todo se vale’ se ha incurrido no solo en errores sino eventualmente en abusos y hasta acciones ilegales. Pero se debe diferenciar el caso de quien por convicción o incluso por deseo de participar del poder ejecuta lo que son orientaciones del alto gobierno, de quien lo que busca es aprovechar de su condición de representante del Estado –o de sus vínculos con él- para ilegalmente apropiarse de recursos públicos.

Tal es el caso de los funcionarios que están detenidos por firmar un contrato con una entidad dependiente de la OEA omitiendo algún requisito, o de la mayoría de los directivos de las EPS, o en general de quienes se han limitado a desarrollar los propósitos de la política que rigió en los últimos ocho años sin buscar beneficio propio.

Estas dos condiciones –la de no distinguir el tipo de infracción que se comete, y el que se confundan sanciones causadas en jurisdicciones diferentes, y en consecuencia por razones diferentes- ha producido además de calificaciones injustas respecto a los actores, espacios de manipulación según los intereses de quienes las dan a conocer.

Para algunos lo más grave es el abuso en  beneficio propio (‘los recursos públicos son sagrados’) y se concentran en defender ese punto. Otros pensamos que cuando eso no se respeta es porque hay algún vacío en el orden creado que permite fallas en su funcionamiento, pero que eso no se corrige con la sola sanción a quienes se aprovechan de ello sino que lo importante es subsanar la deficiencia que lo permitió.

Por eso hay quienes pensamos que es mucho más grave y dañino el marco dentro del cual se  genera ese problema, o sea el concepto de Estado que crea ese orden; es decir, el modelo que considera que ‘la mano invisible’, el Mercado, la libre competencia, el estímulo del ánimo de lucro, etc. son los que propician el desarrollo económico, que así se dará respuesta a las necesidades ciudadanas, que  él automáticamente acabarán los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión y en general las fuentes de agitación política y social, y que en consecuencia debe ser en base y alrededor de ellos que se desarrollen todas las relaciones entre los ciudadanos.

Uno es el enfoque de que el mal está en las personas, en el otro en la institucionalidad bajo la cual vivimos.

En ese sentido es malo que, aún sin entrar a calificar si las acusaciones son ciertas ni la gravedad de las mismas, los medios hayan desplazado el interés público de los temas de los delitos contra la democracia, contra la vida y la libertad, contra la dignidad y contra los derechos humanos (o sea, la suerte de los retenidos, los falsos positivos, las desapariciones forzosas, los fallos contra los promotores del referendo, los juicios contra quienes promovieron la compra de votos, y todos los etcéteras conocidos), por la obsesión por encontrar malandrines y corruptos que escandalicen a la ‘opinión pública’.