La farsa-licencia del concejal José Juan Rodríguez

Poco antes de las elecciones a Concejo de Bogotá, la Fiscalía General anunció la vinculación penal de cerca de quince concejales por presuntos vínculos con el cartel de la contratación en la ciudad. Casi dos años después recortó insólitamente la lista y hasta la fecha solo ha vinculado a José Juan Rodríguez, y poco después a Hipólito Moreno. Resulta  aberrante  que la Mesa Directiva del Consejo de Bogotá le ha permitido  al único concejal activo vinculado por la Fiscalía que tramitará una “licencia temporal”, cuando las pruebas que lo incriminan revelan que el mismo esta “untado hasta el cuello” y que pasará  unas largas “vacaciones”  tras las rejas que le impedirán el regreso a la vida pública de manera vitalicia. El concejal José Juan Rodríguez preso por el cartel de la contratación en Bogotá atornillado a su curul: Resulta aberrante  la suerte de obstáculos que el Concejo de Bogotá ha puesto para evitar que la curul ocupada por el Concejal, José Juan Rodríguez, preso por el cartel de la contratación, desde hace tres meses, ceda su curul a su sucesora Lucia Bastidas. La Fiscalía y aún la propia Procuraduría General, sumado a la Personería y Contraloría Distritales han guardado un sospechoso pero explicativo silencio. El concejal pidió una licencia poco antes de oficializarse la captura al Concejo, con el ánimo de evitar que quien le siguió en votos por los Verdes  ocupara la curul. Luego, en el Concejo se inventaron toda suerte de consultas, y la semana pasada cuando la virtual concejala se iba a posesionar se adujo que había un error en la notificación del concejal, y que la misma  tendría que rehacerse. Entre tanto los asesores de Rodríguez siguen sin actividades  devengando sus sueldos, y perdiéndose la función de representación y control político tanto para la ciudad y la colectividad, Partido Verde. ¿Solidaridad de cuerpo o disciplina  de cartel? Cómo esta es la licencia temporal que más tiempo ha tardado en decidirse… No es difícil entender que esta suerte de solidaridad perversa por parte de las directivas del Concejo se alimenta de la existencia de un cartel de la contratación en el seno de esa corporación, donde la presión de Rodríguez impone aún su “simbólica” y jurídica permanencia en el Concejo, desde mayo 24 a las 4:00 P.M cuando se produjo su captura. ¿No será que los concejales actuales que estén vinculados al cartel de la contratación estarían comprándole el silencio a Rodríguez a cambio de su permanencia en la curul a través del abuso de los alcances de la figura de la “licencia temporal” solicitado dos horas después de su captura -según la Silla Vacía usando dos firmas distintas-? De hecho la presidenta del Concejo, María Clara Name, se declaró impedida el 7 de junio y el mismo pese a su obviedad solo fue aceptado -tras un dilatorio concepto solicitado a la Procuraduría-, en agosto 10, y un mes después de cerca de cuatro meses no se ha resuelto – se trata de uno de las licencias temporales de mayor duración. Frente  a tal abuso de la licencia temporal la Red de Veedurías, Red-Ver presentará las quejas y acciones respectivas: estar preso no constituye razón válida para solicitar u otorgar una licencia, figura de la cual se abusa burlando el imperio de la ley una vez más,  por cuanto tal privación de la libertad deriva del llamado de la justicia criminal, y de las instancias disciplinarias a responder por  gravísimas violaciones.  Es la propia conducta del funcionario la que lo coloca bajo el imperio de la ley, y obliga el escrutinio de su desempeño como servidor público especialmente cuando se trata de aquellos de elección popular, aquí no hay lugar a licencias sino a acatar las medidas preventivas y privativas de la libertad impuestas que le impiden ejercer en defensa del interés general y cuya ausencia cuenta con un régimen valido de reemplazos para casos extremos como el presente. Mini-Lupas Veedoras: Oscar de Jesús Marín: el congresista que perdió su investidura y sigue ejerciendo: celebraremos este proceso con torta…velas… El pasado nueve de julio el congresista de Antioquia y miembro de la comisión legal de cuentas de la Cámara de Representantes perdió su investidura, no obstante no se ha dado cumplimiento a la sentencia, hasta la fecha, pendiente de que el Consejo de Estado decida  una solicitud presentada por el demandado, la pasada semana se presentó el proyecto  de decisión que esperamos se finiquite esta semana el Consejo de Estado en pleno, de no ser así habrá que llevarle el nueve de septiembre una torta con dos velas a esta corporación en conmemoración a los dos años del proceso. ¿Debe quien vigila condecorar al vigilado? ¿Debió la Contralora condecorar al Presidente Santos? En el marco de un importante encuentro internacional sobre corrupción realizado por la Contraloría General, en la celebración de sus 90 años,  a cuya inauguración asistieron tanto la “Magistrada Viajera”, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas,  el Fiscal General Alfonso Gómez Méndez -quien pese a contar con el lánguido mérito de haber dejado de investigar el grueso del proceso 8.000, irónicamente pretende incluirse en el abanico de los candidatos presidenciales- entre muchos otros distinguidos invitados internacionales. Las peores intervenciones estuvieron por cuenta del Vicecontralor, y del Director de Infraestructura quienes no lograron el desarrollo conceptual que el certamen imponía. Allí la Contralora condecoró al presidente Santos, y este a su vez no solo se dejó condecorar sino que gustoso aceptó la lisonja que rompía la necesaria independencia de dos poderes públicos: el ejecutivo y el de control. Ni el gobierno debe condecorar a los órganos de control ni estos a aquel: yo te condecoro… tu me condecoras… En la apertura la Contralora Morelli no solo elogio al presidente  Santos sino que a mas de entregarse en sus brazos lo condecoro con una medalla al honor en la lucha contra la corrupción, lo cual a un año de terminar la gestión dicha Contralora, es decir teniendo por auditar el ejecutivo en una cuarta parte de su periodo, significa no solo entregar un cheque en blanco al presidente en campaña reeleccionista, sino graduarlo antes de terminar el año y presentar los exámenes finales, cuando precisamente en materia anticorrupción los resultados de su mandato no han estado  precisamente acordes con las enormes demandas del país, pese a los avances puntuales en ciertas aéreas especificas. Ni la contralora lo debió condecorar, ni el presidente se debió dejar condecorar, ese juicio de valor sólo podría ser extendido acaso por quien al menos en teoría este llamado a ejercer control político como el Congreso, o una entidad distinta e independiente  a las partes; es en últimas como si un juez procediera a condecorarlo al reo  antes de proferir su sentencia absolutoria. @pablobustossanc