La parapolítica y la paraeconomía no se acabaron en Colombia con la desmovilización de algunos jefes paramilitares. Por el contrario, siguen reinando en una alianza que parece incontrolable por el Estado. Hay una región, en especial, en la que persisten estos fenómenos que dominan la vida cotidiana, el empleo, el orden público, ponen gobernadores y alcaldes, definen los puestos en los entes territoriales e influyen en las decisiones administrativas que terminan beneficiando a quienes han promovido la violencia por décadas. Se trata de la Costa Caribe.Los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar, parecen ser parte de un paraestado, donde la legalidad es una palabra extraña.
Esta tenebrosa conexión entre paramilitarismo, política, el negocio del chance y la corrupción, volvió a evidenciarse en los últimos días tras conocerse el vergonzoso caso de la adjudicación de la licencia para la explotación de las apuestas y juegos de azar en Sucre, a una empresa relacionada con Enilse López, alias ‘La Gata’. Decisión que contrarió todas las advertencias que se hicieron desde el Congreso y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, y que contraría, por supuesto, la dignidad de las víctimas del accionar paramilitar.
Pero esta situación no se trata solo del simple otorgamiento de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos. Va más allá, es un asunto de seguridad nacional. En la Costa no se mueve una hoja sin el visto bueno de ‘La Gata’, con amplias condenas impuestas por paramilitarismo y homicidio. A ella se le atribuye la eliminación de muchos de sus competidores en el negocio del chance, que desarrolla desde las empresas Uniapuestas, Unicat, Aposucre y Aposmar. Además, según un artículo publicado este año por el diario El Espectador, un informe la señala, a Enilse López, y a sus hijos, de mantener vivos los negocios del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Es inconcebible que la justicia estadounidense tenga más información de estas personas que la misma justicia colombiana y que continúen rampantes, pocos meses antes de las elecciones, apoyando aspirantes a alcaldes y gobernadores en medio de cuestionamientos tan graves. Incluso, las autoridades tuvieron que ordenar el desmonte de varias vallas publicitarias en distintas carreteras intermunicipales, pagadas por ‘La Gata’ para lavar su imagen y por ahí derecho, abonar el terreno para sus respaldos electoreros.
Según hallazgos preliminares del control excepcional que adelanta la Contraloría General de la República sobre los contratos otorgados por las Administraciones de la Costa Caribe para la actividad del chance, iniciado a petición del Legislativo, se encontró que existe un detrimento patrimonial por más de 4 mil millones de pesos en los dineros de la salud en Sucre. Estamos frente a un panorama que no puede ser peor: formas mafiosas contratando con el Estado gracias a licitaciones amañadas y amenazando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los dineros de la salud en manos de un grupo de criminales que rigen los destinos de una región.
Esta situación hace imperativo que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Por eso, propuse en el debate de control político que adelanté en el Congreso, que el presidente Santos debe ordenar la realización de un consejo de seguridad regional, con la presencia de alcaldes, gobernadores, representantes de los entes de control, autoridades y sociedad civil, con el fin de definir la manera de proceder frente a las redes criminales que se esconden detrás del imperio del chance de la señora López.
También advertí ante la Procuraduría General, a la Contraloríay demás organismos competentes para que investiguen las actuaciones encaminadas al otorgar el contrato para la explotación del chance en Bolívar en el 2014, temiendo que ocurrirá lo mismo que en Sucre. En este caso, según información recopilada para el debate, Cruzamos S.A.S., que sería una empresa fachada de Unicat, actual concesionaria, estaría compitiendo para quedarse con el negocio. Esta empresa tiene como representantes legales a Fermín Antonio Cruz, socio de Benjamín Calderón en Apuestas Unidas del Cesar y reconocido amigo de ‘La Gata’.
En manos de los actuales gobiernos locales y del Gobierno Nacional, está ponerle freno a esta evidente situación de corrupción, de aislamiento en materia de autoridad y de orfandad de la Ley. Es la principal tarea ahora, evitar que un significativo sector del Estado siga capturado por la mafia en estas regiones.
Según hallazgos preliminares del control excepcional que adelanta la Contraloría General de la República sobre los contratos otorgados por las Administraciones de la Costa Caribe para la actividad del chance, iniciado a petición del Legislativo, se encontró que existe un detrimento patrimonial por más de 4 mil millones de pesos en los dineros de la salud en Sucre. Estamos frente a un panorama que no puede ser peor: formas mafiosas contratando con el Estado gracias a licitaciones amañadas y amenazando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los dineros de la salud en manos de un grupo de criminales que rigen los destinos de una región.
Esta situación hace imperativo que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Por eso, propuse en el debate de control político que adelanté en el Congreso, que el presidente Santos debe ordenar la realización de un consejo de seguridad regional, con la presencia de alcaldes, gobernadores, representantes de los entes de control, autoridades y sociedad civil, con el fin de definir la manera de proceder frente a las redes criminales que se esconden detrás del imperio del chance de la señora López.
También advertí ante la Procuraduría General, a la Contraloríay demás organismos competentes para que investiguen las actuaciones encaminadas al otorgar el contrato para la explotación del chance en Bolívar en el 2014, temiendo que ocurrirá lo mismo que en Sucre. En este caso, según información recopilada para el debate, Cruzamos S.A.S., que sería una empresa fachada de Unicat, actual concesionaria, estaría compitiendo para quedarse con el negocio. Esta empresa tiene como representantes legales a Fermín Antonio Cruz, socio de Benjamín Calderón en Apuestas Unidas del Cesar y reconocido amigo de ‘La Gata’.
En manos de los actuales gobiernos locales y del Gobierno Nacional, está ponerle freno a esta evidente situación de corrupción, de aislamiento en materia de autoridad y de orfandad de la Ley. Es la principal tarea ahora, evitar que un significativo sector del Estado siga capturado por la mafia en estas regiones.
