Desde hace bastantes años la clase política y la sociedad en general ha venido militarizando la seguridad. Ante cualquier problema, la solución más inmediata es mandar una unidad militar, una unidad de ingenieros militares, un avión de la Fuerza Aérea o un buque de la naval. Se cree que los militares son magos que pueden solucionar fácil, rápida y eficientemente cualquier problema de nuestros conciudadanos. Inclusive dentro de la institución se afirma que “hasta para cambiar un bombillo en La Guajira llaman a un soldado”. Y no nos digamos mentiras, esa es la realidad.
De pronto es por este motivo, entre otros tantos, por lo que las encuestas reflejan una alta favorabilidad para las Fuerzas Militares, superior al 75% y en algunas oportunidades cercana al 90%. Estos datos son sorprendentes en la medida en que supera inclusive a la Iglesia Católica en un país considerado, aunque cada vez menos, profundamente religioso.
No podemos discutir la efectividad de nuestros militares ante las órdenes superiores: sin pereza un ingeniero militar construye la vía que nadie antes había querido hacer; o el médico militar hace las jornadas de apoyo al desarrollo en los lugares más recónditos de nuestra geografía, inclusive sin el material indispensable para ello; o el piloto que aterriza en donde ningún otro avión lo haría; o el buque que cumple una misión sin contar con las características para ello. Los militares, sin duda alguna, son buenos cumpliendo órdenes y, sin exagerar, en buena parte el poco desarrollo que tiene el país en vastas regiones se lo debemos exclusivamente a la institución castrense.
Todo ello solo habla bien de nuestras Fuerzas Militares, pero deja un problema hondo por fuera, que debe ser discutido en todos los niveles del Estado y la sociedad: se trata del compromiso institucional de las demás agencias del Estado en los temas de seguridad.
Un gran paso ha sido la creación desde hace aproximadamente cinco años de los Centros de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que hoy están en restructuración, pero que dieron una mirada distinta pero aun insuficiente a esta problemática.
Aunque puede sonar repetitivo, se necesita realmente una participación de todas las fuerzas vivas del país para avanzar en la seguridad de manera sistemática y definitiva, pero parece que para muchos en Colombia ese ni es el camino ni es la prioridad en sus agendas.
Se necesita, por ejemplo, un compromiso más activo y decidido de la justicia, de los entes de investigación, de los ministerios, de las administraciones departamentales y municipales, entre otras entidades. Adicional a ello, es fundamental redefinir roles con otros organismos de seguridad, como la policía, que también y paradójicamente se militarizó, dejando zonas de incertidumbre que vienen siendo aprovechadas por los grupos armados ilegales.
Hasta que no aprendamos que el narcotráfico no se neutraliza con esfuerzo militar, o que las Farc no se van a ver golpeadas certeramente sino le quitamos su capacidad permanente de reclutamiento a través de programas sociales focalizados, por poner algunos ejemplos, este conflicto, con altas y bajas, va a permanecer por largos años.
Mientras tanto, nuestros soldados siguen combatiendo en las selvas, mares, montañas, ríos y cielos de la patria con todo el entusiasmo, dispuestos a dar hasta su vida por nosotros, pero también reconociendo que la guerra (para ellos eso es lo que vive Colombia) solo con su esfuerzo no se gana.
Así las cosas, podemos tener el mejor Ejército del mundo, los mejores pilotos, infantes, soldados y marinos, pero si no se compromete el Estado y la sociedad en pleno en este esfuerzo gigantesco seguiremos hablando de “conflicto” o de “amenaza terrorista” por largo tiempo. Todo depende, entonces, ya no de las Fuerzas Militares, sino de nosotros los ciudadanos y de la demás institucionalidad; tenemos la palabra.
