“Es sólo un problema de percepción”, afirmaban los voceros del gobierno distrital cada vez que se conocía el comportamiento de los indicadores de seguridad de la Capital. Como si “percepción” y “realidad” fueran entre sí asuntos enteramente extraños. Con razón circuló el chiste de que algún gobernante había decretado que la selección colombiana de futbol no había sido eliminada en el Mundial Sub-20, que todo era una percepción.
Me pregunto si opinan lo mismo con la última encuesta de percepción de seguridad y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá. Seguramente los funcionarios responsables de la política de seguridad de la ciudad se sentirán satisfechos con los resultados. Consultados 8.960 ciudadanos, la encuesta arroja que la victimización se redujo en 19 puntos porcentuales. Es decir, que del 45% de los ciudadanos que reconocían haber sido víctimas de algún delito en el primer semestre de 2010, bajamos a un 26% en el primer semestre del 2011. Y que la percepción de inseguridad se redujo en 6 puntos porcentuales.
Y esta percepción es el reflejo de la mejoría de algunos indicadores de seguridad. Seguramente tiene razón el gobierno distrital cuando adjudica dicha mejoría a las medidas adoptadas por la administración y las autoridades como la restricción a la venta de alcohol en tiendas y establecimientos similares y el plan cuadrantes de la Policía. Quizás, el plan de seguridad con motivo del Mundial contribuyó a este resultado.
Pero no hay que cantar victoria. La tasa de homicidios sigue en 24 por cada 100 mil habitantes, cuando esta administración la recibió en 17 del gobierno de Lucho Garzón. 27 asaltos bancarios se presentaron entre el 2009 y 2010, delito que había prácticamente desaparecido en la ciudad. El incremento del narcomenudeo, la reaparición del sicariato y el asesinato múltiple; el incremento de robos a residencias y establecimientos comerciales, así como las evidencias de verdaderas mafias alrededor del robo de celulares y de vehículos, suponen la existencia de estructuras delincuenciales complejas. Y las amenazas constantes, junto a circuitos de captura de rentas, revelan serios indicios de la creciente presencia de las bandas criminales en la alteración de la seguridad bogotana.
Quizás por ello los bogotanos consideran que la seguridad es su prioridad. Así lo indican todas las encuestas. Y que todos los candidatos a la Alcaldía abunden en propuestas sobre ella. Quizás crear la Secretaría de Seguridad, como se propone hacer Enrique Peñalosa si es alcalde, puede ser un buen comienzo. La seguridad como bien público debe pasar a la primera línea del gobierno de la ciudad. Hacer un corte cuentas y ajustar estructuralmente la política de seguridad y convivencia es el paso siguiente. Y un énfasis en estrategias de inteligencia y contrainteligencia parece pertinente para enfrentar las bacrim y su impacto en el incremento de los delitos típicamente urbanos.
Ya aprendimos la lección. Si nos dicen que las bandas criminales son pura percepción sabremos que existen. Y que requieren una política para enfrentarlas. Y una Secretaría de Seguridad que la ejecute con autoridad.
