En el afán de complacer a los políticos (en este caso al senador Bernabé Celis, el mismo que un video aparece insultado al Ministro de Hacienda), el Presidente Santos aceptó el nombre de Juana Yolanda Bazán para nombrarla como Superintendente de Notariado y Registro. Y hoy duda si posesionarla.
La señora Bazán no inspira confianza para el encumbrado cargo, tan importante en este proceso de paz y posconflicto, donde el tema de las tierras es fundamental. Y en el mismo asunto, ella (o el cargo) es la máxima autoridad registro de propiedad en Colombia.
Se le responsabiliza de la venta irregular de un predio ubicado en Santander. Bazán dijo primero que la escritura respectiva la había firmado hace 36 años. Después que tenía dudas. Y ahora acaba de sostener que le falsificaron la firma.
Le pide a la Fiscalía que investigue. Y obviamente la fiscalía dirá que un hecho (o supuesto delito) sucedido hace tanto tiempo ya expiró, que no investiga, que el tema de un
examen de caligrafía para el asunto demora mucho. Y peor aún: cualquier denuncia por falsificación sería contra persona indeterminada. En fin, se emprendería una investigación de nunca acabar, inocua, una manera de permitir la posesión y dilatar sus responsabilidades en hecho probablemente ilícito.
En consecuencia, pensaría uno que el Presidente no debe darle posesión. O no hacerlo mientras se investiga a fondo, como dice el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, partido que representaría la señora Bazán en el gobierno. A propósito: Vélez no fue informado del nombramiento.
Las “pesquisas” contra Bazán.
La denuncia inicial fue planteada por El Espectador, que investigó la trayectoria de Bazán Achury y dijo que cometió irregularidades en la venta de un lote ubicado en el departamento de Santander.
“De acuerdo a la investigación, los hechos se registraron el 30 de junio de 1980 cuando el terreno baldío ubicado en el paraje Las Pampas del municipio de Puerto Wilches, en Santander, llamado ‘El Descanso‘, fue adjudicado por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, (Incora) a Enrique Pérez Barrera, que debía ser un campesino de acuerdo a los requisitos de ley en cumplimiento con la resolución 525, pero al parecer se trataba de un comerciante experto en el negocio de tierras.
El 7 de abril de 1981, nueve meses después de habérsele entregado el predio, Enrique Pérez Barrera se lo vendió por $250 mil a Juana Yolanda Bazán Achury. La transacción se formalizó en la Notaría Segunda de Bucaramanga a través de la escritura 3140.
Según los documentos, ese mismo 7 de abril de 1981, a través de la escritura 3141, Juana Yolanda Bazán Achury vendió ese mismo predio por $648 mil a la empresa Bosques de Santander S.A. Es decir, en cuestión de horas se ganó $398 mil. Además, documentos internos de Bosques de Santander demuestran que esos baldíos se habían negociado antes de que le fueran adjudicados al supuesto campesino Enrique Pérez Barrera. El acta del 18 de junio de 1980 de la junta directiva de la compañía revela que la empresa Bosques de Santander estaba interesada en la compra del predio El Descanso y que para ello estaban adelantando los trámites de titulación en el Incora. Doce días más tarde, el 30 de junio de 1980, el Incora le entregó el inmueble a Pérez Barrera.
De acuerdo con la Oficina de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, hoy el predio El Descanso le pertenece a la Sociedad Agrícola de Palmeros (Agropalma S.A.). Treinta y seis años después de que el Incora le entregara este inmueble a un supuesto campesino, su dueña es una empresa particular. Y en la mitad de ese negocio de un baldío estuvo la hoy designada la superintendente de Notariado y Registro.
El Espectador revisó si el supuesto labriego Enrique Pérez Barrera fue beneficiario de otros terrenos baldíos en Puerto Wilches y encontró varias perlas. En 1978 este sujeto logró que le adjudicaran dos predios. Uno denominado Buena Suerte, de 78 hectáreas, y otro llamado El Toronjo, de 25 hectáreas. Y en 1980 el Incora le otorgó el inmueble San Martín, con un área de 79 hectáreas.
Algunos de esos baldíos, después los vendió. Es decir, se benefició económicamente de terrenos que debían, en teoría, acortar la brecha social con los campesinos. Pero, además, según la ley 135 de 1961, Pérez Barrera no podía ser beneficiario de otros baldíos si ya le habían otorgado un predio rural.
El periódico consultó a expertos en la materia, quienes evaluaron los documentos y según ellos, los terrenos baldíos están destinados para los campesinos con el fin de promover una reforma agraria y “no son para hacer negocios ni sacar provecho personal, como lo hizo la señora Juana Yolanda Bazán”.
