Las cuentas claras

Carlos Manjarrez es un pequeño campesino, quien se animó el año pasado a sembrar 10 hectáreas de arroz (5 en cada semestre) en su pequeña parcela en la población de Badillo, un corregimiento de Valledupar. Con una inversión de 38 millones de pesos, Manjarrez tenía como meta cosechar 6 toneladas de arroz por hectárea, que a un precio de 900 mil pesos por tonelada, le representaría ingresos netos de 16 millones de pesos al año. Con ello, podría pagar ajustadamente la educación, alimentación, salud, vivienda, servicios públicos, vestido, transporte y recreación de sus tres hijos y esposa. Manjarrez no previó varias cosas y el proyecto de vida se le volvió una frustración. El servicio de asistencia técnica que el Estado está obligado a prestar a los pequeños campesinos para que produzcan, administren y comercialicen con eficiencia sus productos, nunca llegó. Los fertilizantes (Urea) que en Venezuela y Ecuador tiene un costo de 20 mil pesos por bulto de 50 kilos, se comercializa en Colombia a 68 mil por bulto. El crédito le fue desembolsado cuando ya estaba recogiendo la cosecha, la compañía de seguros nunca le expidió una póliza contra el exceso de lluvias (que le disminuyó el rendimiento), el transporte (para sacar su producto a la ciudad) se incrementó por mal estado de las vías y el precio de su cosecha se redujo en 200 mil pesos por el contrabando de arroz proveniente de Venezuela. En conclusión, Manjarrez se acostó con hambre y amaneció debiendo. El mes siguiente no le quedaba otra alternativa que vender sus tierras para pagar deudas e irse a la ciudad a buscar una opción de negocio más rentable y sin tantos riesgos. En una situación similar se encuentra el 90% de los campesinos del país que recibieron tierras del INCORA (hoy Incoder). Gustavo Villero es un mediano productor que el año pasado sembró 50 hectáreas de algodón en Codazzi (Cesar). Como buen empresario del agro, adecuó sus terrenos e instaló riego, compró semilla transgénica y se asoció a una cooperativa para reducir los costos de los insumos y asegurar la comercialización de su cosecha. Con una inversión de 262 millones de pesos, Villero esperaba recoger 3 toneladas por hectárea (1.110 kg de fibra) que a un precio, de 5.045.000 por tonelada, le representaba unos ingresos netos aproximados de 50 millones de pesos año. Las cosas se le complicaron a Villero cuando la semilla transgénica que había comprado a una multinacional en 24 dólares por kilo (en Estados Unidos vale U$ 7) no resultó resistente a la plaga spodoptera, reduciéndole la producción a 500 kilos por hectárea. Nadie ha respondido por este fracaso y el ICA no ha realizado la respectiva investigación. Para colmo de males, lo poco que le quedaba de la cosecha, las textileras se la pagaron seis meses después (igual que los créditos del Banco Agrario). Así las cosas, Villero no tuvo otra opción que vender su finca e irse a la ciudad a buscar otra alternativa de trabajo para sostener a su familia. Los pequeños ganaderos están en peores condiciones. Un campesino con 10 vacas produce en promedio 30 litros de leche/día, que a un precio de $800/litro, le genera un ingreso bruto de $ 24.000/día. Con solo descontar el valor de un jornal ($19.000/día), su ganancia se reduce a cinco mil pesos diarios con los cuales se supone que debe sostener a su familia. Me es incomprensible cómo algunos muy respetados columnistas, se han atrevido a recomendar una política minifundista a sabiendas de los grandes fracasos que esto le ha significado al desarrollo del campo colombiano. Es claro que los estudios hay que hacerlos en todo el país, no solo en la sabana de Bogotá. @indadangond