Les llegó la hora a las entidades del sector salud que prestan un mal servicio a los ciudadanos. No más demoras en la asignación de citas médicas ni paseos de la muerte, es momento que desde el Congreso legislemos para poner en cintura a las malas EPS’s y acabar con las de garaje.
Esta semana radicamos con el senador Rodrigo Lara el proyecto de ley para sancionar a las EPS’s que presten un servicio deficiente a los usuarios y llevarlas a que mejoren, basadas en un sistema de medición de calidad en variables como el tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, el tiempo transcurrido en la sala de urgencias, el número de quejas ante la Superintendencia de Salud o el número de tutelas falladas en contra de la entidad.
Actualmente, no hay ningún incentivo para que, por ejemplo, la cita con el ginecobstetra que está esperando María no dure más de siete días en ser agendada, o que la cita con el pediatra de su hijo Miguel no se demore más de diez días, o que en urgencias no tengan a cientos de personas ocho, dieciséis o veinticuatro horas esperando por un diagnóstico. Esto se da porque el sistema actual permite que, aunque las entidades de salud presten un buen o un mal servicio reciban el mismo valor de la UPC (Unidad de Pago por Capacitación), es decir, la cuantía que se les reconoce por cada uno de los afiliados es la misma independientemente de la calidad en la atención.
Muchas personas, incluso, han recurrido a la tutela para que les presten el servicio que merecen. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de la tercera parte de las tutelas que se interponen en el país son para reclamar derechos de salud, siendo Antioquia el departamento que origina más de la tercera parte, seguida de Bogotá, Valle del Cauca y Santander. No queremos que las personas tengan que recurrir a la vía legal para que los atiendan.
Por lo anterior, nos cercioramos de cambiar este perverso esquema en la ley, promoviendo que las EPS’s peores calificadas dentro del sistema de medición –que tengan malos indicadores en asignación de citas, mayor número de quejas y tutelas– reciban menos ingresos y, además sean sancionadas con multas hasta de $3.900 millones que se destinarán al Fondo de Recursos de la Calidad en Salud (FoCAS). Por el contrario, si las entidades se esfuerzan, y la gente se siente satisfecha con la atención –llegando a recomendar a sus familiares para que se afilien-, recibirán compensaciones económicas con el objetivo de que amplíen sus servicios y atiendan a más personas.
Para claridad de todos los ciudadanos, detallaré algunas de las variables de calidad que serán medidas para sancionar o incentivar a las EPS´s:
- La asignación de cita médica general no podrá demorase más de 3 días.
- La asignación de cita para medicina interna no podrá sobrepasar los 20 días.
- La asignación de cita de pediatría no podrá exceder los 7 días.
- La asignación de cita de obstetricia se deberá garantizar en menos de 7 días.
- La toma de una resonancia magnética no podrá durar más de 10 días.
- El tiempo transcurrido en urgencias (Triage II) no podrá sobrepasar los 30 minutos.
- La proporción de usuarios que recomendaría su entidad de salud a familiares y amigos debe ser mayor al 80%.
- La proporción de usuarios que ha pensado en cambiarse de entidad debe ser menor al 5%.
- La solución de quejas por parte de la entidad que lleguen a la SuperSalud debe ser superior al 80%.
- El número de tutelas falladas en contra de la entidad por la no prestación de los servicios no podrá ser mayor a 15 por cada 10.000 afiliados cada año.
