Los líos imperdonables de la Magistrada-Candidata a la Procuraduría

Nos encontramos con dos perlas con rostro, trampa, respecto de la terna para la Procuraduría las cuales descansan en la concha de silencio de la magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López Mora, quien ha guardado hermético silencio respecto del embargo de sus sueldos y cuentas bancarias, nada menos que por el nefasto carrusel judicial de pensiones, lo cual mengua su aspiración en la puja por el órgano de control de la conducta de servidores públicos más importante del país. “Carrusel de las pensiones” en el Consejo Superior de la Judicatura  El “carrusel de las pensiones” como se recordará fue uno de los problemas que sirvió de combustible al Gobierno Nacional para impulsar la fallida reforma a la justicia. La Contraloría General dispuso en marzo pasado la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal – No. UCC-PFR-006-12- contra nueve magistrados, por trece nombramientos, por un presunto daño patrimonial superior a los 13 mil millones de pesos. Un grueso número de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, -practica que ha cundido también en otras altas cortes- habría vinculado magistrados auxiliares por corto tiempo “con incidencia directa en el reconocimiento, reliquidación y pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes a los tiempos de servicio y aportes efectivamente cumplidos por los beneficiarios de las mesadas pensionales, en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones”. ¡Oh sorpresa! Uno de los magistrados procesados es la actual magistrada del Consejo Superior de la Judicatura que aspira a la Procuraduría General de la Nación, María Mercedes López Mora. Magistrada-candidata de sueldo embargado Desde el pasado mes de marzo se halla embargado el sueldo de la magistrada-candidata “con el fin de salvaguardar los intereses del Estado”, por su presunta responsabilidad en el nombramiento del magistrado auxiliar Luis Evelio Hoyos Zapata, en el cartel de las pensiones. Con anterioridad, se le había vinculado a una investigación preliminar, de la cual no pudo librarse, es más, la Contraloría dispuso solicitarle a la Fiscalía General que investigara los posibles delitos que se hubieren podido cometer, las cuales pueden complicarle mucho más tal aspiración, y peor aún su ejercicio en el hipotético caso de resultar electa. Más aún, esta medida de embargo de sueldos - cuentas y bienes- se extendió a ocho magistrados activos del Consejo Superior de la Judicatura, así como al actual Gobernador del Cauca, el ex magistrado Temistocles Ortega Martínez. Magistrada-candidata con cuentas embargadas Entre las más de 106 cuentas bancarias, embargadas por la Contraloría a dichos magistrados, se hallan cuatro cuya titular es la Magistrada-Candidata. La Magistrada-Candidata debe darse por bien servida, pues no se le hallaron bienes inmuebles a su nombre que le fueran embargados, así como a los restantes magistrados a quienes se les embargaron cerca de 51 bienes raíces. Preguntas sobre la Magistrada-Candidata Creemos que de tales investigaciones derivan ciertos interrogantes: ¿Acaso no está inhabilitada éticamente la Magistrada-Candidata? ¿Le habrá contado de este proceso serio en su contra a las bancadas con quienes ha sostenido reuniones en busca de apoyo parlamentario? ¿Le habrá informado la Magistrada-Candidata al Gobierno Nacional sobre el mismo, previo a su postulación? ¿Si el Gobierno lo hubiera sabido, en caso de que no, la hubiera postulado? ¿Renunciará a la terna la Magistrada-Candidata o por el contrario, pese a tales de señalamientos, se atornillará más a su cargo y/o aspiración con el calcado argumento de que se trata de una vil persecución? Lo peor aún está por venir, de ser condenada y, eventualmente electa, pesaría una inhabilidad sobreviniente que la obligaría a dejar el cargo, no pudiendo concluir su periodo. ¿Será que el país merece y soporta entrar en un limbo ético y en un dilema jurídico de tal naturaleza? Creemos que el país no aguanta y está de suyo por encima de las aspiraciones individuales. En otros tiempos el presidente, también conservador, Marco Fidel Suárez por hechos similares dimitió, con la pequeña diferencia de que tal embargo en su caso fue solo por no poder pagar un préstamo dada su precaria situación económica.  -Ver anexos sobre el artículo- POSDATA: Bandas criminales contratan como si fueran empresas estatales Una nueva modalidad de criminalidad contractual ha aparecido con fuerza en el país. Ya no se trata de la exigencia de coimas, o el amaño de pliego, o la manipulación de los procesos de adjudicación, o manipulación de estudios técnicos, sino de bandas de criminales que haciéndose pasar por funcionarios públicos aproximan grandes empresas y hacen pedidos millonarios de manera telefónica. Luego envían borradores de contrato falsos, e incluso entregan como anticipo cheques de cuentas falsas para obtener grandes volúmenes de mercancías. La propia Agencia Logística de Fuerzas Militares reportó que 53 empresas en el último año fueron víctimas de esta modalidad de defraudación por valor de 11.439 millones de pesos, y que así mismo se evitó el fraude a 193 más por valor de 25 mil millones de pesos, apresándose una sofisticada organización defraudadora con asiento en Ibagué. reddeveeduriasdecolombia@gmail.com www.redver.org @pablobustossanc