El tan notado y reciente escándalo de la masacre de Mapiripán de 1997 deja varios planteamientos: por un lado verdades absolutas, por otro, dudas razonables que muy seguramente nos harían entrar en pavor. Para empezar afirmando las verdades absolutas quiero resaltar que para todos nosotros efectivamente en julio de 1997 en Mapiripán existió una masacre, según la Fiscalía, que tal hecho fue cometido por los paramilitares, que la justicia transicional en Colombia funciona, llamemos a esto “Justicia y Paz” pues gracias a este foro de justicia fue donde se destapó el escándalo, demostrando que algo de verdad sale a flote y como conclusión que sí funciona ese sistema.
Por otro lado, para que estemos sentados, o mejor nos tengamos, están planteadas las que llamaría dudas razonables. Tales dudas han dado cabida al funesto escándalo que afecta la credibilidad, institucionalidad de la justicia nacional e internacional. Mucho y muchos han refutado sobre la posición del Estado Colombiano en este dantesco asunto, comentarios van y vienen: Que la culpa es de Colombia que no hizo nada, que la culpa es del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que la culpa es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que pasó por alto tan grave asunto; un desparpajo de fueques, pero planteamientos serios y que muestren una solución pocos, y menos aún críticas constructivas que nos lleven a encontrar el quid del asunto y permitan en un futuro evitar hechos similares o posiblemente evidenciar muchos otros hasta ahora desconocidos para la opinión y las instituciones.
Si bien podríamos manifestar cientos de problemas que hicieron causa en esto, debemos darnos cuenta de las dudas razonables y evidentes que mueven todo el asunto, si bien se tiene como premisa que la justicia internacional es subsidiaria en el evento que los tribunales nacionales no administren justicia en determinados casos y más tratándose de asuntos de derechos humanos, si bien es cierto que uno de los principales problemas de Colombia es la falta e inadecuada administración de justicia en la cual no es que reine por su ausencia la corrupción y la impunidad; tampoco se escapa la deficiente defensa judicial del Estado. Ello lo evidencian los hechos, y si esto ocurre al más alto nivel, al internacional, ¿se imagina usted qué pasa en lo nacional?
La ciencia del derecho no escapa al error humano porque son seres humanos quienes administran justicia, siempre con la aplicación dogmática de la misma y el derecho, pero ello lleva impreso una voluntad de los jueces, una preconcepción de los hechos, una previa evaluación de sus decisiones y con ello la claridad de que el derecho no es una ciencia exacta, sino una ciencia social donde influye la voluntad humana, con sus dogmas y posiciones filosóficas, Duncan Kennedy y Dworkin así lo plantearon repetidas veces.
Si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trasladó en ella a la Fiscalía la responsabilidad de aclarar los hechos en materia de autores y víctimas que nos ocupan hoy, por qué nos aterramos de ello, ¿acaso ya estaban claros los hechos?
El problema que embarga actualmente al Estado colombiano es lograr determinar el número de víctimas, si en realidad fueron 9 o 49, que en su mayoría han sido apoderadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y con graves repercusiones en el erario.
¿Cuál es el costo de una condena al Estado de una sola persona que a lo mejor está viva?, ¿Cuántos de nuestros impuestos han parado en los bolsillos de “colectivos de abogados” corruptos y sin escrúpulos?
¿Si la justicia internacional es vulnerable a quién debemos acudir? ¿En manos de quién estamos? Lo más pavoroso de todo es escuchar las posiciones defensivas de las partes inmersas en el problema. Por un lado, el Estado Colombiano se defiende y exculpa, por otro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se defiende y exculpa, al mismo tiempo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos endilga toda responsabilidad al Estado Colombiano y no acepta que quienes administran justicia en tales instituciones también son humanos.
Lo realmente preocupante es que si después de catorce años evidenciamos fraudes procesales, pruebas fictas, y todo un proceso contaminado de mentiras, falacias y atropellos jurídicos a la verdad, a la justicia y a la reparación, ni pensar en los atropellos que posiblemente se hayan podido cometer en el mismo caso, con inocentes implicados, bien como copartícipes o autores, en el caso de militares condenados ya fallecidos, o militares presos que abogan por su inocencia, o el peor de todos, el militar condenado a cuarenta años de cárcel (Mayor Orozco) pero hoy protegido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien hoy vive en Miami a cuerpo de rey evadiendo su responsabilidad en el caso y el actuar de la justicia colombiana.
La posición de Colombia hoy en Costa Rica, nos mostrará la certeza del gobierno en asuntos tan álgidos como este, donde prima el interés colectivo. Ojalá los buenos oficios de la defensa judicial de la nación, en este caso de órbita internacional, sea el más acertado. A mi humilde juicio creería que la posición más acertada sería la de interponer el recurso extraordinario de revisión ante la misma Corte, recurso que sea admitido en el tribunal por desarrollo jurisprudencial y que por tratarse de hechos nuevos en el caso, admitiría su presentación. Esta sería la decisión más sabia que podría dar hoy la defensa de Colombia, pues la de solicitarle una revisión a la Asamblea General de la OEA no solo es una acción rocambolesca, si no también sería aceptar una masacre a cuarenta y seis millones de colombianos con sus tributos.
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