Indigno, desafiante, y hasta desesperanzador resulta ser para todos los colombianos lo que hasta ahora se ha descubierto: la deplorable tramoya jurídica, perversamente montada sobre la llamada “masacre de Mipiripán”. Este es uno de los casos donde la realidad supera la imaginación –la demoledora frase de García Márquez para recrear nuestra cotidianidad–, y donde la corrupción y el aprovechamiento indebido de un marco de política, en este caso de justicia transicional para atender las víctimas de esta cruel guerra, da lugar a actuaciones reprochables del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), pero también, deja al descubierto la precaria capacidad del Estado para defender a la sociedad colombiana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la vergüenza de los fallos que continuamente se profieren con un alto cargo a los recursos públicos.
Los hechos son de evidente gravedad. El Colectivo de Abogados no sólo logró engañar y enlodar a todo nuestro sistema jurídico, sino que sus actuaciones comprometen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que Colombia da pasos sensibles para alcanzar nuevos escenarios en los que la verdad, la justicia y la reparación, son un derecho de los ciudadanos y una obligación de Estado. Usar, como en efecto se usó, un instrumento del alcance y significación para reparar a particulares de crímenes por parte de agentes del Estado, de manera fraudulenta y con claro ánimo de lucro es, sin duda, una deformación ética de consecuencias imprevisibles.
¿Fue sólo el caso de Mapiripán, en el que se condenó a 42 años al General Uscátegui, o, por el contrario, son otros más? ¿Cuántos fallos ha proferido la CIDH contra Colombia? ¿En cuántos ha intervenido ésta u otras organizaciones similares? ¿Cuál es el monto del aprovechamiento que cada uno de estos casos ha generado?
No podemos olvidar que son los peticionarios, es decir, estas ONG como el Colectivo de Abogados, los que cobran las indemnizaciones y no las víctimas de manera directa, por lo que el sistema facilita que estos intermediarios se queden con una porción no despreciable de los recursos pagados por el Estado colombiano. Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta. Porque lo que está en juego no solo es la dignidad nacional, sino el engranaje mismo del sistema interamericano de DD.HH.
El país tiene que pedir cuentas a estas organizaciones. Pero también tendrá que pedirle cuentas al resto de la institucionalidad, porque abocó al Estado colombiano a una situación de indefensión ante la justicia internacional.
El reto es desafiante, porque hoy –reestrenando Ministerio de Justicia–, y con la recién sancionada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tendrá que emplearse todo el aparato gubernamental a fondo, para recuperar la credibilidad y evitar que situaciones como esta vuelvan a suceder. Lo contrario sería una invitación al fraude y a costear una ley que, por sus implicaciones, muy seguramente arruinará todo esfuerzo fiscal del país.
En el entretanto, muchos colombianos, pero especialmente los ganaderos que somos víctimas de la violencia, seguimos esperando que los crímenes cometidos contra miles de los nuestros, no sigan en la más vergonzosa impunidad. Es solo ojear las 3.923 víctimas del documento de memoria histórica “Acabar con el Olvido”, publicado por la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, para darse cuenta de la iniquidad en que estamos.
