Se ha vuelto un lugar común expresar que la protesta social es un derecho que debe ser garantizado pues es una forma válida de expresión democrática y porque toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Tal aserto lo manifiestan periodistas, medios de comunicación, analistas y el propio Gobierno. Y todos expresan que la protesta debe ser pacífica.
Todos a una, como Fuenteovejuna, salieron a apoyar el paro del 21 de noviembre: periodistas –con importantes excepciones-, medios de comunicación, políticos, delegados de organizaciones internacionales. Abundaron los medios de comunicación con noticias sobre las razones del paro y se alcanzaron a enumerar alrededor de 13 razones, si bien indicaron que al menos 9 de ellas no dependían del Gobierno nacional.
A tal grado se llegó en la defensa de la protesta que, con ocasión del mencionado paro, el delegado de una muy importante organización internacional manifestó no haber recibido información acerca de las medidas que el Gobierno había adoptado para que las marchas no se salieran de cauce, como si fuera su responsabilidad juzgar las actuaciones del Gobierno o supervisarlas o autorizarlas previamente. Se oyeron igualmente críticas de ese mismo delegado a la intención de algunas autoridades locales de implantar el 21 el toque de queda pues, en su opinión, ello podía afectar la protesta social.
El énfasis estuvo puesto, en consecuencia, en que hay que brindar todas las facilidades del caso para que la protesta tenga lugar, como expresión o manifestación de un sector importante de la población.
El paro no nace en forma espontánea. No hay tal de que nacen en las redes sociales. Es cierto que estas les sirven de apoyo para difundirlo, pero, como siempre, hay ciertas personas u organizaciones que establecen una fecha y organizan toda la logística. ¿Quiénes son esas personas u organizaciones? Ciertos políticos que encauzan su frustración a través de la promoción de las marchas y las protestas y que se apoyan en estas para perseguir su objetivo de llegar al poder. Ciertos políticos que condicionan su ausencia de apoyo al paro a que los llenen de mermelada. Ciertos sindicatos, como Fecode, expertos en promover el rechazo o la protesta frente a cualquier causa que a su juicio lo amerite, sin importar si es fundada o no, pero que no son capaces de realizar un ejercicio de auto-reflexión sobre cómo mejorar la educación o cómo aprovechar de una mejor manera el generoso presupuesto que el actual Gobierno Nacional asignó a la educación, el más alto de la historia. Ciertos sectores que estimulan a estudiantes a marchar. Ciertos partidos políticos que usualmente hacen causa común con todo aquello que contribuya a estimular el malestar social o con quienes lo promueven. Ciertas personas que se han especializado en promover la violencia contra las instituciones. Y así podríamos seguir dando cuenta de quiénes son esos actores, incluidos incautos e ingenuos.
Pues bien, si bien se apoya la protesta pacífica –todas deberían serlo- la verdad es que al amparo de la protesta actual se esconden intereses políticos, algunos puestos de manifiesto públicamente y otros que se exponen subrepticiamente, pero que no son difíciles de descubrir. Bajo esa mampara de intereses políticos o paralelamente a ellos surgen las formas violentas de manifestación.
El paro claramente se traduce en una parálisis de la mayor parte de las actividades económicas, esto es, muchas empresas dejan de laborar y de desarrollar sus actividades, el comercio, la industria y el transporte se afectan y las personas se recogen en sus casas, entre otros muchos efectos del paro. Sin embargo, paralelamente, el paro se traduce y eso se vio en este paro en la destrucción de locales comerciales, el incendio de estaciones de Transmilenio y de contenedores de basura, la destrucción de cajeros automáticos, los ataques al Palacio Liévano –sede de la Alcaldía- y a la Catedral Primada, los ataques a la fuerza pública y, frecuentemente, en el cierre de despachos públicos toda vez que los participantes en el paro insultan e impiden el trabajo de quienes sí quieren laborar. Bogotá y Cali fueron particularmente afectadas. Se utilizan “papas bombas” y otros elementos para causar el caos y la destrucción.
Pues bien, es tiempo de preguntarse si estas manifestaciones constituyen o no una forma de abuso del derecho a la protesta y mi respuesta es claramente la de que sí lo son, más que por su frecuencia -que ya es alta y sospechosa-, por los efectos perniciosos que aparejan y el caos y destrucción que se advierten.
Ningún derecho es absoluto. Cada derecho tiene su espíritu, su objeto, su finalidad y su ejercicio se convierte en abusivo cuando se desvía de esa finalidad para la cual fue instituido, cuando se aparta de la misión social que lo caracteriza.
Nuestra Constitución Política prohíbe el abuso del derecho al señalar en su artículo 95, numeral 1º, que son deberes del ciudadano y de las personas “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, lo cual ocurre precisamente cuando el ejercicio del derecho se realiza para fines contrarios al ordenamiento jurídico o se hace un uso inadecuado e irrazonable del mismo.
Los policías, la fuerza pública, las FFMM tienen el deber de repeler la violencia presente en las manifestaciones e igualmente el deber de defenderse cuando quiera que son objeto de ataques. Son personas, tienen familias, tienen hijos y los ataques de diversa índole que se producen contra ellos no pueden ser tolerados. La defensa pasiva no siempre representa una defensa apropiada y la verdad es que los violentos merecen ser rechazados con todo el peso de la autoridad, de la ley y ello implica el uso legítimo de la fuerza.
Es posible que en el ejercicio del deber se produzcan excesos, pero estos han de ser mirados con suma cautela pues el castigo injustificado de los mismos puede conducir a maniatar a la policía, a las autoridades, a las FFMM. La violencia ejercida contra la policía no puede ser repelida por esta como si quienes la ejercen sean monjitas de la caridad. La sociedad y quienes la representan, las autoridades, los medios de comunicación, los analistas deben comprender que, a los violentos, a los criminales, a los terroristas, no se les puede tratar con guante de seda. Si a usted lo atacan con papas bombas, piedras y le rompen la cabeza, usted no va a poner la otra mejilla ni va a recibir el ataque con sonrisas. Lo va a repeler con fuerza y decisión y por ello los medios no pueden estar refiriéndose frecuentemente a la violencia policial para condenarla en todos los casos, pues si bien en ocasiones puede ser injustificada, en muchas otras –seguramente las más- se produce como acto de defensa y en estado de ira e intenso dolor.
Por eso, la protesta en sus actuales manifestaciones, la rechazo. Es cierto que existen problemas que resolver y que hay que reducir la desigualdad social y corregir muchas injusticias y atacar la corrupción, sin la cual la desigualdad se hubiera disminuido en grado sumo. La exposición de tales problemas y la búsqueda de soluciones a los mismos no es patrimonio de nadie y de ningún partido. Todos deben buscar el bienestar de la población, la reducción de la pobreza, pero la violencia ejercida en las marchas y manifestaciones no contribuye a ello. Solo conduce a crear caos y a propiciar condiciones para acabar con la institucionalidad, al amparo de lo cual no falta quien aspira a subir al poder y muy probablemente a buscar permanecer en él a cualquier precio, como ha sucedido en países vecinos, en donde quienes han llegado lo han hecho por vías democráticas, pero permanecen en el poder por vías no democráticas y a pesar de ello han despertado la admiración de varios políticos colombianos, que los defienden y ensalzan, mientras permanecen ciegos o convenientemente ciegos frente a las penurias de la población. No es ese el ejemplo que debe seguir Colombia.
El Gobierno Nacional merece el apoyo ciudadano. Es verdad que un sector importante de la población que lo eligió considera que no ha estado a la altura de las circunstancias ni de lo que se esperaba cuando fue elegido, pero también es verdad que el Gobierno tiene mucho para mostrar, realizaciones que no ha sabido comunicar pero que debe informar sin demora. Debe también corregir lo que haya que corregir y para ello es bueno escuchar la voz de la experiencia y el consejo bien intencionado y no atrincherarse creyendo que todo anda bien, sordo a los clamores de quienes lo eligieron.
