Mi voto por la reelección del Procurador

En las últimas semanas ha habido un encendido debate acerca del pensamiento y la posición del Procurador General de la Nación sobre temas que han resultado muy sensibles, relacionados con el aborto y el matrimonio de parejas gay. Algunos columnistas se han opuesto a la posibilidad de que Alejandro Ordóñez sea nuevamente elegido para ocupar ese importante cargo. En ese debate no se le ha hecho suficiente justicia al Procurador, a quien no se le ha reconocido –o no se le ha querido reconocer– que sus discrepancias con la Corte Constitucional las ha ventilado por los cauces jurídicos y, además, que obró con total acatamiento a la sentencia de la Corte Constitucional que lo obligó a rectificar algunas circulares emanadas de la Procuraduría. Ese proceder lo que demuestra es el absoluto respeto al ordenamiento jurídico, así Ordóñez no comparta la posición de la Corte. No es delito ni pecado discrepar. En el pasado el propio Gobierno ha mostrado discrepancias con la Corte Constitucional en materias económicas, al igual que lo han hecho sobre diversos temas la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, además de abogados y comentaristas. Sin embargo, independientemente de lo que se piense sobre esos temas tan sensibles, el debate sobre la reelección, que ha estado impregnado de pasiones, ha dejado de lado la encomiable labor que el Procurador ha adelantado en un frente que, en mi opinión, es el que más atención requiere: el de la lucha contra la corrupción y el desbordamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. No creo exagerar al decir que ni en el pasado ni ahora ninguna institución ha producido tantos resultados en ese frente, como la Procuraduría bajo Ordóñez. Los hechos hablan por sí solos: ha destituido o sancionado a 188 alcaldes, 20 ex-alcaldes, 14 gobernadores en ejercicio, 9 ex-gobernadores, 8 congresistas en ejercicio, 14 ex-congresistas, 4 ex-directores del DAS, al ex-alcalde de Bogotá Samuel Moreno, 4 contralores en ejercicio, al ex-personero Rojas Birry, al ex-Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno, 2 ex-ministros –Andrés Felipe Arias y Sabas Pretelt–, proferido 119 fallos sobre falsos positivos y 250 sanciones en esa materia, además de haber acudido a los procesos verbales para que las decisiones sean más oportunas y rápidas. Estas decisiones han cobijado funcionarios del más alto nivel. La valoración de la gestión de un funcionario público debe hacerse de manera integral. Si se colocan en una balanza, por un lado, los resultados de la Procuraduría en este frente y, por el otro, la discusión sobre el matrimonio de parejas gay y el aborto –discusión en la que, al fin y al cabo, existen voces encontradas–, no tengo ninguna duda en inclinarme por lo primero. La corrupción y el desbordamiento en la gestión de los funcionarios públicos es un verdadero cáncer que dificulta el desarrollo y la solución de los problemas fundamentales del país. En contraste, otras instituciones, sin entrar a calificar las razones, están en deuda con el país, que aguarda con suma paciencia –quizá demasiada– decisiones finales sobre temas también muy sensibles, como son los del “carrusel de la contratación” y “las chuzadas”, para citar algunos, cuyo pronto esclarecimiento contribuiría en grado sumo a cambiar prácticas que tanto daño le han hecho al país. Por estas razones, mi voto indiscutible es por la reelección del Procurador.