Ni pronta, ni debida

Lo único que no podía ser la reforma a la Justicia presentada al Congreso era una negociación política entre los ratones que se comen el queso. Ahí arranca el desenfoque del gobierno desde hace cerca de un año, cuando decidió, previo al trámite legislativo, sentarse con el Congreso y las cortes a acordar el contenido de una reforma que ¡oh sorpresa!, terminó rasguñando algunos de los problemas centrales de la aplicación de justicia pero haciendo a un lado la mayoría de estos, por ocuparse, eso sí, de proteger los intereses particulares de magistrados y políticos, justo los convocados para estructurar la reforma. Lo que sí logró la propuesta fue poner sobre la mesa la exigencia de encarar esos problemas que no se tocaron y la cantidad de vicios que hay que erradicar si es que de verdad queremos atacar de fondo las necesidades de nuestro sistema de justicia, de modo que algún día alcance verdaderamente la eficacia e idoneidad que de él demanda la comunidad (¿no era para eso la concertación?). No es con los remienditos acordados y los que ya empiezan a ratificarse (la tutela seguirá funcionando tal cual como viene, decisión del primer debate en el Senado) o a agregarse en lo que resta del trámite congresional, que esa condición se va a alcanzar. La importancia del asunto obliga a ahondar en varios de esos aspectos determinantes que es necesario intervenir: En primer término, el desmonte de las facultades electorales y prerrogativas otorgadas equivocadamente por la Constitución del 91 a los magistrados de las altas cortes, que arrebataron la majestuosidad a su labor, y que los puso a ejercer como políticos, interesados en tejemanejes politiqueros y burocráticos. Se debe volver a que sean solo jueces, y punto. Al respecto, no es esperable que el Congreso se aparte de la propuesta negociada y decida suprimirle tales facultades a la Corte Suprema de Justicia, que es su juez natural. En segundo término, la necesidad de quitar a los congresistas la facultad de intervenir en el nombramiento de magistrados, concesión dañina que además de traducirse en la falta de condiciones de quienes ocupan las magistraturas, puso a las plantas de personal de varios de los altos tribunales a merced de las desconsideraciones habituales de los políticos para ser llenadas. Es lo que explica el hecho de que en la negociación no solo no hayan decidido eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, como era lo previsto, sino que, por el contrario, amén de otros nuevos otorgamientos, optaran por aumentar el poder de su Sala Disciplinaria ya que, según lo acordado, tendría injerencia en los nombramientos y en el manejo del presupuesto de la Rama y juzgaría disciplinariamente a los miembros de la Corte Constitucional, lo que significaría abrir la puerta a que los congresistas ejerzan su poder también sobre los magistrados de esta alta Corte. Todo este enredo de concesiones y omisiones mutuas entre los convocados para acordar la propuesta de reforma, que, como lo verán, marcará el resultado del trámite legislativo, y que es responsable en gran medida del desbarajuste y la degradación reinantes, obliga a ponernos en el plano de realidad que no quiso ver el gobierno, cual es el de concluir que el escenario menos indicado para sacar adelante la reforma a la justicia que el país necesita es el Congreso. Sin aspavientos ni alarmismos, todo indica que a la pronta y debida justicia sólo podremos llegar mediante una Constituyente convocada específicamente para darle estructura y organización al desmadre que en la materia padecemos. Presidente Santos: esta es una invitación respetuosa a no seguir sacrificando el interés general por los intereses particulares de quienes tienen acceso al poder. En varias temáticas importantes es lo que se viene haciendo. No pierda de vista que esta manera de proceder puede generar motivos para que ese alto porcentaje de colombianos que lo favorecen en las encuestas decida dejarse contagiar por el malestar social que con razón se extiende en el planeta y comience a indignarse.