Cuando los indicadores de corrupción saltan como las alarmas de un incendio, un país debería entrar en estado de emergencia y volcarse a tapar los boquetes que permiten el desangre de las finanzas públicas, porque los ladrones de lo público nos dejan sin recursos para atender la pobreza, la educación, las obras públicas, las catástrofes y luego es necesario el esfuerzo colectivo para recuperar con transfusiones de nuevos impuestos ese cuerpo exánime de países que como Colombia, han sido chupados hasta la saciedad por las sanguijuelas de lo público.

Lamentablemente aquí no se han taponado las venas abiertas de la corrupción. Por el contrario, siguen ampliándose y nos han ido acostumbrando para que las toleremos. Una especie de parasitosis que va mermando las fuerzas del enfermo, pero no lo mata, porque lo necesita.

Esto es lo verdaderamente preocupante, la aceptación que hace el enfermo de su enfermedad. Una ciudadanía resignada que los elige y los reelige sin mayores escrúpulos. Es cierto que de tiempo en tiempo aparecen algunos, generalmente de jóvenes, a oponerse a la corrupción, pero no pasa mucho tiempo antes de que  volvamos a toparlos derrotados por la corrupción, cooptados por los corruptos, o en ataúdes cargados por sus ahora temerosos seguidores.

Lo novedoso en esta última década es que a la corrupción llegaron los grupos violentos, los paras y otras yerbas del pantano que no contentos con el despojo de tierras y los fabulosos recursos del narcotráfico decidieron tomarse alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales para saquearlas y para completar también se tomaron los organismos de control para robar a sus anchas.

Esta presencia de nuevos actores, o mejor de nuevos ladrones, que desplazaron a los simples atracadores de cuello blanco, no llegó sola, llegó con el poder de las armas y su intimidación subsidiaria. Ahora se roba y se mata, se saquea y se elimina y no hay a quien pedirle protección.

Algunos casos recientes me inspiraron para escribir esta columna. El de la Alcaldía de Puerto Asís Putumayo, con un alcalde al que la oposición, según explicó  él mismo, le ha secuestrado y desaparecido un hijo, puso una bomba en la casa de su hija matándole un nieto y lo tienen amenazado de muerte. El Alcalde asegura que no se trata de la guerrilla, sino de opositores que pretenden alejarlo para hacer de las suyas en ese municipio.

En Villavicencio desde hace unos 10 años hay una pelea familiar porque un político está acusado de haber matado al alcalde de apellido López por temas de corrupción. La familia de alcalde asesinado ha pagado páginas en los grandes medios para suplicar que este delito no quede impune pues el acusado recobró la libertad y anda muy orondo por Villao.

El otro ejemplo está más cerquita, en Sevilla Valle del Cauca, donde mataron al hermano y a la cuñada del Alcalde y dicen las malas lenguas que se trata de ajustes de cuentas por denuncias y contradenuncias de corrupción.

Serían interminables los casos pero la verdad es que ahora la corrupción mata y mata más que la “mata que mata”. Tanto que casi extrañamos a aquellos simpáticos y viejos corruptines que se robaban la platica pero no le hacía mal a nadie. Por aquí en Cali, que estamos tan acostumbrados a estas malas mañas, clasificábamos a los alcaldes en dos categorías: los que roban y no hacen nada y los que roban pero hacen obras. Estos últimos y dada las precariedad de liderazgo que tenemos, son los considerados exitosos. Me parece que podríamos ampliar las categorías para incluir a los que roban y no matan y los que roban matan y comen del muerto.

Claro que las categorías se corresponden con sus electores que volverán a manifestarse en las próximas elecciones regionales, donde aparecerán: los que votan por los que roban y no hacen obras, los que votan por los que roban, pero hacen obras y los que votan por los que roban, matan y comen del muerto.