¿Quién persigue los pagadiarios?

En este preciso momento me pregunto si las autoridades judiciales y de Policía tienen claras las cifras de muertes y amenazas que en nuestro país se dan, no por culpa de las Farc y del ELN, sino por el famoso pagadiario, es decir, los préstamos personales de dinero con intereses que en muchos casos llegan a ser del 20% y 40% que se cobran día a día, no a través de un banco, sino de un individuo que no va cargado de títulos valores, sino de un arma para intimidar a sus clientes.

También me resulta curioso que en muchos casos, por no decir que todos, las autoridades judiciales y de Policía, conocen el negocio, identifican a sus dueños y actúan como si nada. ¿Qué acaso esta actividad no es ilegal?, y si no es así, me gustaría que el director de la DIAN nos diga ¿cuál es el recaudo que mensualmente le llega al fisco por esta actividad?, porque hasta el momento las cifras se desconocen. Los préstamos con la modalidad del pagadiario se han extendido en todos los rincones del país, conformando mafias ligadas a bandas criminales y de narcotráfico, las mismas que amenazan y extorsionan a las personas humildes que acuden a este sistema para conseguir el sustento diario para sus familias, ante la imposibilidad de acceder a un crédito bancario, que no sabría si es aún más infame que el mismo pagadiario. Pero que tampoco se compadece del usuario. Todo el que accede a un pagadiario sabe que su vida corre peligro, porque si no cancela diariamente, en el momento en que llegue un individuo en moto a cobrar el dinero que por intereses debe cancelarle, con toda seguridad su entorno familiar y su propia vida correrán peligro. Muchas personas de clase media, y quienes viven en extrema pobreza, han tenido que acudir a esta modalidad de préstamos para darle de comer a sus hijos, y algunas de estas en algún momento se han visto en dificultades para cancelar los montos en el día a día, como le sucedió a la novia de Yentleman Cubillos, quien tuvo que viajar de la ciudad porque su vida corría peligro, por lo cual sus acreedores amendrentaron a su novio con un arma blanca y le hicieron seguimiento a toda su familia, hasta el punto en que este se vio obligado a cancelar la deuda para evitar una tragedia en el seno familiar. Lo anterior sucedió en un barrio de clase media en Bogotá, donde supuestamente se respeta el derecho a la vida según el exalcalde Mockus. En otro caso, fui testigo en el municipio de Tolú, en Sucre, de cómo un cobrador de pagadiario aseguraba, mostrando un revolver, “que a él nadie se le escapaba”. Ante esta situación es bueno preguntarse, ¿por qué no se actúa con la misma contundencia con la que se desmontó la pirámide de DMG?; ¿Cómo es que si las autoridades saben y conocen del negocio, ¿ por qué no actúan?; ¿Qué se necesita para que Policía y Fiscalía hagan lo propio para perseguir esta actividad? ¿Que haya alguna masacre acaso? No quiero señalar culpables porque  este fenómeno se haya extendido en todo el país, pero lo cierto es que por la lentitud y permisividad de las autoridades judiciales y de Policía, para con la delincuencia, suceden cosas como estas, y será por esto que opino que el proyecto de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, que parece contar con el visto bueno del presidente Santos, para perseguir a la delincuencia y criminalidad en todo el sentido de la palabra,  se ha de quedar en el papel que aguanta todo. Cambiando de tema, no puedo estar feliz con la llegada de un movimiento de derecha como el de Álvaro Uribe Vélez al Congreso de la República, pero cuando menos sé que le pondrá adrenalina y sabor al letargo y aburrido tiempo político en el que ha caído este país, durante los dos años de Juan Manuel Santos. @sevillanojarami