Salario mínimo: culto a la pobreza

Inicia el 2014 con el borbotón esperado de alzas que rápidamente borran el famélico ajuste del salario mínimo legal. El aumento de la gasolina y del ACPM, los celulares, las matrículas y demás artículos en los primeros días del año dan cuenta de cómo los $883 diarios del aumento se desvanecen y por tanto no contribuyen, ni mínimamente, a aumentar la capacidad de consumo de quienes lo devengan. El diario El Tiempo informa que el reajuste del 4,5% que encuentran generoso cubre a 1.273.000 trabajadores y trabajadoras y que sirve de referencia, desde luego que no obligada, para el aumento de emolumentos más arriba en la escala salarial. A ese paso, la clase trabajadora de este país jamás tendrá la capacidad adquisitiva para llevar un modo de vida aceptable ni el aparato productivo nacional la demanda agregada necesaria para despegar y hacerse competitivo en el mundo de la globalización. Los irrisorios aumentos en el salario mínimo legal a que tienen acostumbrados al país, ahora con la anuencia de algunas centrales obreras, no son solo negativos desde el punto de vista humano y social, sino mala política económica. Ningún país se ha hecho grande con salarios de hambre. Antes que se cambiara la metodología de la Encuesta de Hogares que aplica el DANE para conocer los principales guarismos del mercado laboral, se informaba periódicamente la proporción de trabajadores por nivel de ingreso, lo que permitía analizar fácilmente la tendencia distributiva de las rentas del trabajo y su verdadera capacidad adquisitiva y de consumo. Con esa información estadística se puede observar que entre 1991 y el 2000, los años de la “apertura económica” de Cesar Gaviria y de Andrés Pastrana, se desmejoraron gravemente los ingresos agregados de la población ocupada al aumentar la proporción de trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo legal, del 23% al 37% del total, mientras que los que devengaban entre uno y dos salarios mínimos descendieron del 42% al 29% de la fuerza laboral. Sumados en 1991 y en 2000 los dos segmentos o intervalos llegan al mismo 66%, solo que al iniciar el nuevo milenio estaban peor pagos. Ni preguntar dónde estaban y están y qué hacen los inspectores del trabajo ante semejante incumplimiento de la norma legal en plena puesta en marcha en Colombia de una Constitución, la de 1991, que pretendió darle contenido social al Estado de derecho y sellar la paz entre los colombianos. En la década siguiente que es la más reciente, las cuentas nacionales publicadas por el DANE confirman el creciente proceso de concentración de la renta nacional al constatar que la participación de la remuneración al trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha reducido del 33,7% en el 2002 al 31,6% en el 2011, mientras que han aumentado de manera correspondiente las rentas del capital.  El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su libro El Precio de la Desigualdad, argumenta cómo esta no solo es inmoral sino mala consejera económica. No hay la menor duda, el prurito de importar, sin beneficio de inventario, modelos económicos de otras latitudes, le ha salido muy caro al país, en especial a sus clases medias y trabajadoras. Como la política de comercio desigual de la apertura económica ha resultado tan mal negocio para Colombia, los Gobiernos cedieron ante las presiones extranjeras y firmaron unos Tratados de Libre de Comercio (TLC), que ni son libres ni son de comercio. Traen toda suerte de cláusulas que limitan la aplicación de las herramientas de política económica, social y fiscal y consagran en cláusulas, esas si pétreas, la entrada sin aranceles a productos subsidiados en su origen para ponerlos a “competir” con la producción nacional. De eso se trataron las protestas y movilizaciones de los campesinos frente a las importaciones de todo lo que producen con tanto esfuerzo mientras pagan precios extorsivos de posición dominante por los insumos y los bienes de precios regulados por el Estado como la energía eléctrica, el combustible, las llamadas de celulares, todos ellos superiores a lo que cuestan en el resto del vecindario. Ha llegado la hora de cambiar de rumbo y desarrollar nuestro propio modelo económico, para nuestras necesidades y nuestras gentes. Un modelo colombiano que se alimente de lo que fueron los inicios de una política económica soberana como la que adelantaron Carlos Lleras Restrepo y su Ministro de Hacienda, Abdón Espinosa Valderrama. En su época dieron lecciones al mundo, de respeto a la soberanía y de buena economía, emulada por otras naciones cuando vieron sus bondades. El recientemente fallecido y reconocido estudioso del desarrollo económico, Alberto Hirschman, llamó a la escuela de economía de América Latina de esos tiempos, el “manifiesto latinoamericano”. No le sirve a Colombia ese salario mínimo convertido en verdadero culto a la pobreza ni la política que lo engendra perpetúa. No más de lo mismo. Esto tiene que cambiar.