A los siete segundos desde el abrupto inicio de la grabación se escucha la primera amenaza de muerte. La profesora Deyanira Ballestas salió de inmediato de San Pablo, sur de Bolívar, con destino no determinado para salvar su vida. El paramilitar de alias Carlos Mario, ordenó su asesinato si no salía de la región. Ella, de manera inexplicable pero valiente, grabó el audio de la temible llamada.
Siete cadáveres apilados, como si fuera un macabro viaje de escombros, se encontraron en zona rural del municipio de Argelia, Cauca; en la escabrosa escena los cuerpos sin vida tenían varios impactos de bala; hay tiros de gracia. Campesinos de la zona fueron los primeros en llegar al lugar y dar aviso a las autoridades. Las víctimas ya están identificadas y dos de ellas eran disidentes de las Farc.
En este mes número siete del año, la sensación en Colombia es de estar regresando a aquellos tiempos de violencia que tras el proceso de paz con las Farc había disminuido exponencialmente. Una crisis que se acentúa con cada muerte, las más recientes, la de Ana María Cortés, en Cáceres, bajo Cauca antioqueño, en la noche de este miércoles; la de Felicinda Santamaría en Quibdó, Chocó, y Luis Barrios en Palmar de Varela, Atlántico, el día del último partido de Colombia en el Mundial de Rusia. Todos, líderes comunales, que según cifras oficiales, van más de 100 asesinados en lo corrido de 2018.
En la triste cuenta criminal hay campesinos, indígenas, líderes sociales, excombatientes de grupos guerrilleros y paramilitares, personas de izquierda y de derecha, etc. No hay una teoría unificada que enmarque las amenazas y asesinatos, pero se trata en algunos casos de control territorial por narcotráfico, economía ilegal o por cualquier ocurrencia delincuencial.
Todo asesinato o amenaza de muertes individual o colectiva, sea quién sea la víctima, es un hecho condenable; la “justicia” del terror es una crueldad que no se puede tolerar y el país debe evitar. Una situación que urge de una respuesta institucional más oportuna y contundente. La responsabilidad de salvaguardar la vida de los ciudadanos la tiene el gobierno saliente y no debe escapar al entrante.
@jairespitia
