¿Tortuga o zorro?

El presidente Juan Manuel Santos esta semana señaló al Congreso por medio de los partidos de la unidad nacional, que representan la inmensa mayoría de las curules en el Capitolio, tres proyectos de ley como prioritarios. Estos son: la reforma a la salud, los cambios a las normas de los referendos y de las elecciones, y el que establece penas para los conductores ebrios. La convocatoria presidencial se convirtió en una operación tortuga parlamentaria que no ha permitido iniciar el debate sobre los proyectos de ley, y que hace ver lejos las votaciones de los articulados correspondientes. Son signos elocuentes de reticencia frente al gobierno. Algo poco usual en los tiempos de la mermelada. Son varias las explicaciones para esa conducta. Se podrían clasificar en dos grupos: las ocultas y las expresas. De las ocultas hacen parte, entre otras, la presión al gobierno para que aumente las raciones de mermelada con miras a las reelecciones de los congresistas y que se acelere la firma del decreto que sube los ingresos mensuales de los parlamentarios. De las expresas se ha insistido, con gran énfasis, en el engorroso trámite de los impedimentos de quienes consideran que pueden estar en conflicto de intereses. Como el malestar ciudadano es enorme con la crisis de representación y por la indiferencia frente al derecho a la salud, algunos zorros están buscando convertir ese rechazo en una oportunidad para atacar el trámite de los impedimentos por eventuales conflictos de intereses, es decir, una de las principales causales de la pérdida de investidura de los integrantes de las corporaciones de elección popular. La pérdida de investidura de los congresistas es una de las conquistas de la Séptima Papeleta y de la Asamblea Nacional Constituyente que precisamente se convocó como cuerpo extraordinario ante la crisis de legitimidad que exhibía el Congreso protagonista de escándalos por el ausentismo parlamentario, por el turismo parlamentario, por los auxilios parlamentarios, por la narcopolítica, por las suplencias o palomas parlamentarias, por las pensiones parlamentarias, y hasta por intentar convocar al pueblo a votar un referendo con el propósito de acabar la extradición en medio de la violencia del narcoterrorismo. La pérdida de investidura es una institución que expulsa del Congreso para siempre a quienes incurren en faltas graves, como por ejemplo la violación al régimen del conflicto de intereses. La pérdida de investidura es tan odiada por parlamentarios como amada por los ciudadanos. En virtud de su eficacia ha vivido bajo amenaza permanente de contrarreforma. Ha sido el control constitucional impulsado por el pueblo soberano el que ha expulsado del ordenamiento jurídico leyes que le pretendían cercenar su alcance. Como durante los primeros diecinueve años de vigencia de la Constitución  no pudieron lograr su cometido mediante leyes, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó la reforma constitucional 01 de 2011 que permitía a los congresistas expedir normas en beneficio propio en la Carta Política sin que incurrieran en conflicto de intereses y, en consecuencia, no perdieran su investidura por esa conducta. Ante semejante atentado contra la Constitución, contra el derecho político fundamental a controlar el poder político, contra el régimen del Congreso conquistado en 1991, y contra el interés general varios ciudadanos presentamos demandas. A este respecto recordó la Corte Constitucional en la sentencia que resolvió las demandas, que la institución de los conflictos de intereses ha sido prevista en la Constitución para facilitar que los congresistas puedan apartarse de la discusión de una determinada iniciativa cuando esta regule asuntos que puedan redundar en su interés personal, particular y específico, con el fin de evitar que el legislador desvirtúe el mandato democrático del que ha sido investido, mediante la suplantación del interés general y el bien común por sus particulares ventajas y preferencias. Resaltó también la sentencia que la legitimidad del mandato de los elegidos reposa en la representación del poder soberano del que es titular el pueblo, a partir de lo cual el ejercicio de las funciones de miembros de las corporaciones públicas es siempre un acto de representación del interés general y el bien común en satisfacción de los electores, mandato que no puede ser objeto de excepciones, pues en cualquier caso éstas implicarían la deslegitimación de ese mandato, en desmedro del principio democrático. Por lo anterior es que considero que en medio de la operación tortuga puede estarse incubando una operación zorro que inicie un nuevo ataque contra la pérdida de investidura por conflicto de intereses. Alerta, ciudadanos.