Desde el periodo pasado, el país tiene una deuda pendiente con las víctimas conflicto armado, que está contemplada en el Acuerdo de Paz: Las 16 curules especiales en el Congreso. Después del desafortunado suceso en el que el Acto Legislativo supuestamente no alcanzó las mayorías necesarias al final de la Legislatura pasada, y de la desatención del Presidente del Senado al llamado de la Corte a dar por aprobado el proyecto, esta semana –¡por fin, y nuevamente! – la Comisión Primera del Senado dio luz verde a esta iniciativa que busca abrir espacios de representación a las víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto.
El proyecto contempla que las listas para la elección de estas curules deberán ser presentadas teniendo en cuenta el principio de equidad y prohíbe que los actuales partidos políticos puedan inscribir candidatos. Además establece que los aspirantes a estos escaños deberán ser postulados por organizaciones de víctimas, campesinas, sociales o de mujeres, con personería jurídica vigente desde, al menos, cinco años atrás.
Lo paradójico es que este proyecto logró salir adelante sin el apoyo del Centro Democrático, partido de Gobierno, y con la anuencia de las bancadas que supuestamente hacen parte del Gobierno. Vale la pena aclarar que el Centro Democrático, a diferencia del periodo pasado en donde sus congresistas se negaban a votar los proyectos alegando la legitimidad de los acuerdos, en esta nueva legislatura presentó su propia propuesta, aunque esta desconocía lo acordado en La Habana y dejaba nuevamente en el olvido a las víctimas que están en los territorios más afectados por el conflicto.
Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué pasó con la supuesta coalición?, ¿Por qué si el Gobierno aparentemente tiene mayorías para tramitar su agenda legislativa, no tiene los votos suficientes en la práctica –y especialmente en la Comisión donde se tratamitan las reformas constitucionales–?
El asunto toma trascendencia porque la Comisión Primera la integran 22 senadores, de los cuales 11 “pertenecemos” a partidos que oficialmente se declararon de Gobierno.
Pero en realidad son fantasiosos partidos de gobierno con diferencias irreconcialiables, donde no hay un consenso, un real acuerdo programático, donde unos defendían hace unos días la paz y ahora no saben qué hacer ni qué defender.
Ahora bien, ¿qué le espera a una agenda legislativa con una coalición que se rompe ante cualquier proyecto o iniciativa, especialmente en la Comisión Primera donde se presenta –hasta el momento– el escenario más desastroso? Y quiero resaltar que los temas de paz deben ser la prioridad de todos los partidos que defendimos este proceso hasta el final y no debe ser algo negociable ante nadie.
Teniendo en cuenta lo anterior no solo nos enfrentaremos a un escenario de temas de paz si no a iniciativas tales como la reforma tributaria, donde el Gobierno y sus partidos medirán verdaderamente su fuerza y peso político para sacarlas adelante y donde el enfrentamiento real será entre el bienestar de los ciudadanos y los intereses de quienes financiaron las campañas.
¿Con qué fuerza pretenden sacar adelante la agenda legislativa? ¡No es más que una coalición de cristal!
