Urgente cirugía al IDU

Se veía muy contento y entusiasta Héctor Pinilla como director del Instituto de Desarrollo Urbano.  La contentura le duró poco. Su renuncia deja dudas sobre las verdaderas razones de su dimisión y puso en aprietos a la alcaldesa de Bogotá para encontrar su reemplazo. Difícil creer que la decisión de un juez que paraliza el proceso de caducidad iniciado por el IDU sobre el contrato de la calle 153 adjudicado a un consorcio liderado por una firma del controvertido Julio Gómez sea la verdadera razón de su renuncia. Parece más bien su pretexto perfecto. Es de conocimiento público que cada contrato en ejecución a cargo del IDU está cargado de irregularidades. Y Pinilla bien lo sabe. Fue coequipero de Néstor Eugenio Ramírez cuando reemplazó, en marzo de 2010, a Liliana Pardo en la dirección.  Y conoció de primera mano la equivocada y precipitada adjudicación del Transmilenio ligero por la Séptima que va para un año de retrasos con sobrecostos y adiciones. O la cesión del 35% de la participación de los Nule a la firma H y H Arquitectos  –hoy declarada en quiebra- del distrito de malla vial del surooriente, cuyas obras están paralizadas. Cierto es que un entramado ilegal se tejió alrededor de casi toda la contratación de Bogotá. Que la corrupción no es exclusiva del IDU. Y que tampoco termina en las fronteras de Bogotá. Pero es inocultable que, como símbolo de la corrupción, el IDU es a Bogotá en el gobierno de Samuel, lo que el DAS es al país en el gobierno de Uribe por cuenta de las chuzadas. Por eso esta negra página se pasa con una profunda cirugía. Debería ser uno de los propósitos del próximo Alcalde Mayor. Una cirugía que modifique su estatuto legal y precise su objeto misional derivado del Acuerdo 19 de 1972 emanado del Concejo Distrital y de la reforma administrativa aprobada por el mismo Concejo en la pasada administración. La ciudad requiere una Unidad Especial de Contratación de Grandes Obras Civiles y en ello debería transformarse el IDU. Supone el traslado de las funciones de planeación de las obras a la respectiva Secretaría. Y entregar el recaudo de contribuciones como, el de valorización, a la Secretaría de Hacienda. En sentido contrario, los megacolegios o los jardines infantiles o las obras de infraestructura de gran impacto no tienen porque continuar en manos de Secretarías cuyos objetos misionales no son precisamente las obras públicas. Mejor dicho, zapatero a tus zapatos. Después de los escándalos de corrupción en una entidad que entre 2008 y 2011 invirtió recursos de más de 6.500 millones de pesos, el 12,71% del presupuesto de la ciudad, sería irresponsable creer que todo fue producto de causas exógenas. O de mañas de funcionarios corruptos y de contratistas perversos. Lo responsable es aceptar que existe una estructura institucional propicia para que unos y otros actúen a sus anchas. Eso lo sabe Pinilla y quienes se niegan a aceptarle a Clara un cargo con medida de aseguramiento incorporada.