La politización y el alto costo de funcionamiento no son características exclusivas de la Procuraduría General de la Nación. Tampoco los desafueros de algunos de sus integrantes. Lo propio puede predicarse de manera casi generalizada de todas las instituciones del poder ejecutivo nacional, regional, departamental, distrital y municipal, como también del poder judicial, otros órganos de control, y hasta de las fuerzas armadas y de policía.
La falta de compromiso institucional de algunos de sus integrantes y la capacidad que tienen algunos miembros -no pocos- del poder legislativo de permear para su propio beneficio cualquier institución que les permita réditos económicos y/o electorales, es una de las causas de esa cruda realidad. Políticos que, no se nos olvide al momento de quejarnos, nosotros mismos elegimos. Politización y desafueros de los que son partícipes principales una parte representativa del sector privado (contratistas, lobistas, etc.) y de la ciudadanía misma, quienes de la mano de los primeros han llegado a apropiarse indebidamente de significativos recursos públicos.
Ninguna de esas razones resulta suficiente para descuadernar la institucionalidad del Estado, como, por ejemplo, resultará ocurriendo de llevarse a cabo la idea de eliminar el Ministerio Público, representado por la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales, a quienes compete el control disciplinario de los servidores públicos, entre otras funciones.
Lo “antidemocrático y monárquico”, para usar las mismas expresiones que utilizara el senador Juan Manuel Galán en algún medio de información para justificar la eliminación de la Procuraduría, es cercenar de tajo el necesario control disciplinario sobre el accionar de los servidores públicos -que no es lo mismo que el control penal-; quienes, en no pocas ocasiones, sino cada vez más de forma generalizada, actúan con desdén y arbitrariedad ante la ciudadanía que sufraga sus salarios. El control interno disciplinario previsto para cada organismo o entidad no goza de la suficiente independencia e imparcialidad necesarias para garantizar su exclusivo accionar, y, por ello, resulta pertinente mantener el poder preferente de carácter general que tiene la Procuraduría para asumir cualquier investigación y el que la ley también le ha otorgado en similar sentido a las personerías respecto de la administración distrital y municipal.
El problema de fondo no son las instituciones, ni la manera en la que se eligen a sus directores. Lo que siempre es susceptible de ajustar para mejorar, pero no es hoy el tema urgente por resolver. Desde la expedición de la Constitución de 1991 estas instituciones y organismos de control están concebidos por regla general en buena hora bajo el criterio de equilibrio de los poderes públicos. Así, por ejemplo, la cabeza del Ministerio Público es elegida por el Senado de la República de una terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por su parte, la cabeza del Ministerio Público distrital y municipal -las personerías- es elegida por los concejos distritales y municipales, como resultado de un concurso público de méritos debidamente reglado. Lejos está de corresponder a la verdad que la Procuraduría es un apéndice del Presidente de la República o que las personerías lo son de los mandatarios distritales y municipales.
El problema radica en quienes integran esas instituciones y la poca efectividad de los instrumentos que puede utilizar la ciudadanía para ejercer el control sobre sus actuaciones y el lamentable desinterés de esa ciudadanía por la cosa pública para estar vigilantes de que los servidores públicos no actúen al servicio de sus particulares e indebidos intereses sino que lo hagan al servicio de los intereses generales.
En muchos de los casos se cumplen con las formas y ritos procedimentales que prevé la ley, pero si se observa con mayor rigor se puede estar frente a protuberantes actos de corrupción que debe perseguir no solo disciplinariamente el Ministerio Público sino, fundamentalmente, la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal. Un claro ejemplo de ello, es el probable entramado de corrupción que la labor periodística ha puesto de presente en relación con el direccionamiento y aprobación de proyectos del OCAD PAZ, donde al parecer se confabularon ilícitamente servidores públicos del orden nacional (Departamento Nacional de Planeación), de la Contraloría General de la República, congresistas, mandatarios locales y contratistas.
La eliminación de la Procuraduría u otras instituciones que verdaderamente han fracasado en el cumplimiento de sus fines no soluciona el problema de fondo al que nos enfrentamos. Lo que se requiere, de una parte, es fortalecer con urgencia la institucionalidad, conminando a que las actuaciones de los servidores públicos sean verdaderamente públicas y transparentes de cara al control ciudadano, eliminando de la legislación la autorización para que entidades “sui generis” puedan ejecutar sin justificación alguna recursos públicos de entidades estatales -como por ejemplo sucede con los recursos del Sistema General de Regalías- bajo procedimientos contractuales distintos a los que deben aplicar por regla general esas entidades del Estado; y, de otra parte, es igualmente urgente que se impulse un sistema público y privado educativo acompañado de continuos mensajes institucionales masivos que hagan especial énfasis en fomentar el respeto al ciudadano, a la institucionalidad, a lo público y el deber de denunciar.
