Heidy Sánchez Barreto

Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y cursa maestría en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Se reconoce como una mujer feminista y antimilitarista, que representa desde el Concejo de Bogotá a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica, partido del cual es su presidenta a nivel distrital.

Heidy Sánchez Barreto

El gran parque hospitalario de Engativá y la continuidad del neoliberalismo

Hace poco se aprobó, en primer debate, la autorización del Concejo para que la administración reserve vigencias futuras, con el objetivo de contratar la construcción del denominado “gran parque hospitalario de Engativá”. En principio, la intención es supremamente loable, es actualizar la infraestructura del hospital de esta localidad, ubicado detrás del portal de la 80, de manera que incluya:

  • Crear la Central de Urgencias y Emergencias de Salud en la UMHES Engativá Calle 80 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.
  • Dotar la Central de Urgencias y Emergencias de Salud con tecnología moderna, para atención de trauma y violencias de alta complejidad, con capacidad de respuesta y/o mitigación de eventos de interés público.
  • Reordenar los servicios hospitalarios de la UMHES Engativá Calle 80, que permitan prestar servicios de salud de alta complejidad con énfasis en atención de urgencias, emergencias y desastres y patologías de alta complejidad como las cardio - cerebrovasculares entre otras.
  • Generar capacidad instalada acorde para realizar procesos de educación reconocidos, así como para el entrenamiento de personal de salud en la atención de urgencias, emergencias y desastres.

Es decir, es una necesaria ampliación y actualización de esta importante infraestructura de salud de la ciudad. Este nuevo complejo hospitalario no solo mejorará en la complejidad de la atención que podría prestar, sino que beneficiará a toda la subred norte y a los municipios circunvecinos de las localidades de Engativá y Suba. ¿Cuál es el problema? La forma en que lo pretenden hacer. Resulta que la administración determinó que la mejor forma de hacer esta infraestructura era mediante una Alianza Público Privada (APP), que es un mecanismo legal de vinculación del capital privado, especialmente para la construcción de infraestructura pública.

Por definición legal, este tipo de contratos se aplican cuando no se tiene la fortaleza fiscal y se necesita una palanca de inversión para cumplir con los fines estatales, pero eso es precisamente lo que no está acreditado: en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo se establece que la construcción de infraestructuras hospitalarias es, prácticamente, imposible con recursos públicos.

¿Cómo llegaron a la conclusión de que lo mejor para el nuevo hospital de Engativá era una APP? Por un lado, tenemos la lacónica formulación de la justificación en donde se afirma como una verdad inmutable que “cada día va a haber menos presupuesto” como si la disposición presupuestal, incluyendo los rubros de inversión para nuevas infraestructuras no fuesen una definición política de la administración.

Pero, además, si se revisan los documentos anexos, tampoco se encuentra cuál es la razón seria por la que se opta por la modalidad contractual de APP. Analicemos esto a profundidad, en su concepto la Secretaría de Planeación certifica que según el Comparador Público Privado “se parte del supuesto que bajo cualquiera de las dos modalidades de contratación evaluadas (APP y obra pública), no existen diferencias significativas de carácter técnico que hagan una infraestructura más costosa”.

Y eso en efecto es así, al analizar los rubros tenemos que el valor proyectado de la obra, si se hiciera por contrato de obra sería de un poco más $500 mil millones, pero si se ejecuta por medio de una APP, por efecto del traslado de riesgos, habría ahorro de un poco más de $12 mil millones.

¿Qué pasa si optamos por “ahorrarnos” esos $12 mil millones y nos vamos por una APP? Ahí lo que pasa es que es el agente privado el que tendrá que buscar la financiación inicial para la construcción del proyecto, su dotación y mantenimiento, y asumir todos los riesgos, por su parte, el Distrito le pagará al inversionista prorrateando los pagos de aquí hasta 2033 y para eso son las vigencias futuras que se solicitan acá. 

Por supuesto, el agente privado tendrá que buscar esa financiación en el mercado de capitales y, además, aspira a tener una ganancia mientras construye y opera, ¿cuánto cuesta ese detalle? Según nos certifican en la exposición de motivos, el costo financiero sería de un poco más de $310 mil millones y la rentabilidad esperada del inversionista se calcula en más de $186 mil millones. Eso suma casi $500 mil millones de pesos.

Entonces por “ahorrarnos” $12 mil millones en traslado de riesgo, el privado se está llevando casi el doble de lo que cuesta la obra, y por eso es que para una obra que, en principio, costaría $500 mil millones, están pidiendo vigencias futuras de casi $1 billón. Estamos, de nuevo, ante el mismo dogma neoliberal que irradia toda la administración de Claudia López, ya lo hemos evidenciado en el ámbito de la educación superior, el transporte público y ahora en la construcción de infraestructura en salud. 

El primer argumento que hay que traer a colación es la restricción presupuestal: según el argumento neoliberal, ante la falta de recursos del Estado, es necesario atraer al capital privado para que invierta en infraestructura pública, pero claro, se obvia el hecho de que igual estamos dedicando grandes cantidades de recursos públicos en esas mismas apuestas solo que, en vez de ser invertidas directamente por el Estado, lo cual resulta más barato, se canalizan a través de agentes privados que, como aspiran al reconocimiento de su ganancia, resultan pesándole más al presupuesto del Distrito, Jóvenes a la U o Transmilenio son muy buenos ejemplos de esto. 

Y aquí es más que evidente, ¿cuánto nos cuesta la obra si se hace por obra pública? $500 mil millones ¿cuánto por APP? $1 billón si se le suman los costos financieros y la rentabilidad del inversionista que no se refleja en el comparado público, ¿a dónde se va ese excedente del doble del valor de la obra? a los bolsillos privados. Y la excusa es que no tenemos $500 mil millones en este momento, o sea, tenemos la voluntad política de meterle $3 billones al FET para alimentar la codicia de los privados en el caso del sistema de transporte público masivo, pero no $500 mil millones para construir directamente un nuevo hospital para Engativá, preferimos hacerlo dándole otro medio billón al privado de paso. 

El segundo argumento es que los privados lo hacen mejor, que son más eficientes que el Estado a la hora, por ejemplo, de construir infraestructura. No solo los casos de infraestructura vial de alto renombre nacional por estos días son un ejemplo de que esto no es cierto, sino que hay una falacia en el argumento: tanto en un contrato de obra como en una APP la construcción la está haciendo un privado, la diferencia es que en el primero no pagamos al privado casi el doble de lo que vale la obra. 

Esas fueron las razones por las cuales nos opusimos a la aprobación de vigencias futuras para ese contrato, no nos oponemos a que se construya y actualice la infraestructura hospitalaria de la ciudad, con lo que no estamos de acuerdo es con que haya que pagarle a un privado el doble de lo que vale la obra para hacerlo. 

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Heidy Sánchez Barreto
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