General Luis García

Administrador policial, abogado, especialista en seguridad, magíster en Estudios Políticos y en Gestión Pública de la Universidad Javeriana y Universidad de Los Andes respectivamente. Con amplia experiencia en investigación, inteligencia policial e innovación pública. Se desempeña como consultor internacional en políticas públicas y estrategias de seguridad ciudadana y reformas policiales.

General Luis García

El microtráfico de drogas: una amenaza que requiere soluciones complejas e integrales

Un solo dato ilustra la creciente preocupación de las personas por la seguridad: en América Latina y el Caribe (ALC) vivimos cerca del 10 % de la población del mundo, pero a la vez el porcentaje de homicidios se aproxima al 30 % del total del planeta. ALC es la región más violenta del mundo en términos de homicidios dolosos. Este es un ominoso signo de un futuro mucho peor y más peligroso que podría traer consigo una serie de amenazas mayores para la seguridad.

El crimen y la inseguridad se convirtieron, sin lugar a dudas, en el principal problema para los países de ALC (Latinobarómetro). Desde la década de los noventa, las agencias de seguridad y policía enfilaron sus esfuerzos a la desarticulación de grandes estructuras de narcotraficantes lideradas por capos excéntricos y mundialmente visibles.

Hoy la exigencia de los gobiernos se sigue concentrando en incautaciones terrestres y marítimas de estupefacientes que tienen como destino los mercados de Norteamérica y Europa. El 81 % de las incautaciones se da en ALC (Suramérica: 60 %). A medida que las agencias nacionales e internacionales propician incautaciones con la identificación de nuevas y creativas modalidades de camuflaje u ocultamiento, el narcotráfico y el homicidio mantienen encendidas las alarmas ante una ciudadanía cada vez más victimizada y amenazada.

El incremento exclusivo de capacidades operacionales para atacar la producción, distribución de drogas y los delitos asociados como el homicidio, la extorsión, el secuestro y el hurto no es una estrategia suficiente e integral para reducir las cifras de violencia. Los indicadores recientes muestran un aumento de la violencia homicida: Costa Rica pasó de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a 12,2 en 2022, Ecuador pasó de 10 a 25,9, Uruguay de 4,4 a 11,2, Venezuela de 15,2 a 40,4, Chile de 2,7 a 4,6, México de 17,8 a 25,2. Quisiera ser optimista, pero Colombia seguramente tendrá una tasa superior a 27 al término del año.

Mientras los gobiernos de estos países con gran expectativa hacen lanzamientos de planes operativos, inversiones en equipamiento y tecnologías, aumento de policías, creación de comandos élite, entre otros, para combatir el crimen y reducir el homicidio, la atomización del narcotráfico ha puesto de relieve la ausencia de políticas eficaces de seguridad que les permitan a los gobiernos nacionales y locales enfrentar la parte visible de la comercialización del narcotráfico: el “microtráfico de drogas”.

El auge del microtráfico de drogas en ALC ha llevado vertiginosamente a muchos países de la región a una violencia epidémica. Los responsables políticos de los gobiernos no han concebido “la venta de estupefacientes en calle” como una actividad económica criminal asociada al narcotráfico. Por el contrario, han sentado las bases de la “aceptación social”, la institucionalización de este fenómeno en sectores deprimidos, marginales y populares, y su vinculación con manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad.

Con frecuencia, cuando los gobiernos se movilizan es común observar la falta de claridad en el enfoque de seguridad, la escasa articulación nacional e internacional, y lo más evidente es que el microtráfico de drogas no se encuentra en la política pública. Estas deficiencias comunes y la demanda creciente de consumo en el mundo —284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en el 2020, lo que supuso un aumento del 26 % según el informe de drogas de la ONU del 2022— generan la confrontación por el control de mercados ilegales y sus rentas ilícitas. Más control territorial, más inseguridad ciudadana.

Hoy el crimen organizado urbano le disputa la legitimidad al Estado. Basta ver cómo las prácticas criminales basadas en violencia extrema del llamado Tren de Aragua se han extendido a países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La delincuencia común ha sido subsumida y hace parte de una gran “empresa criminal”.

Un buen juicio y unas políticas adecuadas deberían dejar de lado la visión lineal y fragmentada basada en eslabones del narcotráfico y avanzar hacia una visión más sistémica del crimen organizado. El esfuerzo no se focaliza exclusivamente en la producción, distribución y en el lavado de activos. Las soluciones más plausibles son complejas, integrales y más inteligentes: deberían considerar la comercialización de estupefacientes y el flujo de sus capitales. Un precario, parcializado y descontextualizado conocimiento de esta realidad nos lleva a un destino aciago.

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