General Luis García

Administrador policial, abogado, especialista en seguridad, magíster en Estudios Políticos y en Gestión Pública de la Universidad Javeriana y Universidad de Los Andes respectivamente. Con amplia experiencia en investigación, inteligencia policial e innovación pública. Se desempeña como consultor internacional en políticas públicas y estrategias de seguridad ciudadana y reformas policiales.

General Luis García

El mito de la caverna

Este mito expuesto por Platón en el libro VII de su obra La república, escrito aproximadamente en el año 380 A.C. es una de las alegorías más impresionantes que nos ha dado la cultura griega y la filosofía sobre el estado en que se encuentran la mayoría de las personas con respecto al conocimiento de la verdad o la ignorancia. En esta obra, Platón hace referencia a dos mundos: (a) el interior de la caverna, donde los hombres prisioneros ven desfilar en el fondo de la pared una serie de sombras, que metafóricamente representan el mundo de la opinión; (b) el exterior de la caverna, donde las personas prisioneras pueden acceder al verdadero conocimiento. El drama que identifica Platón es la resistencia que encuentra en los prisioneros para ser liberados y conocer la verdad de las cosas. Si alguien intenta ayudarlos, pondría en juego su vida. Esta reflexión siempre ha estado presente en nuestra cultura y en la actualidad mucho más.

La cultura política en muchos países o ciudades se está volviendo ideológicamente más uniforme y está poniendo en riesgo la capacidad de sus gobernantes para buscar la verdadera causa a los problemas públicos que aquejan a la mayoría de las personas, así como la capacidad de entenderlos a partir del amplio abanico de respuestas que nos podría dar una política pública basada en evidencia. Los decisores políticos están atrapados en una especie de caverna y solo ven o escuchan las imágenes o informaciones que proyectan sus pasiones políticas, las redes sociales, los comentarios públicos o su propia opinión personal.

En el caso de la inseguridad ciudadana, la investigación criminal y su evidencia demuestran cómo el crimen organizado vinculado al narcotráfico está incrementando la violencia homicida urbana en Colombia. Las principales ciudades del país tienen tasas superiores a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Países como Ecuador terminan el 2023 con una tasa de 45 homicidios. Muchas personas en América Latina y el Caribe están viviendo las consecuencias de una mala intervención al “microtráfico”, uno de los negocios criminales más rentables y que indudablemente está conectado con la extorsión, el sicariato, el secuestro, el comercio de armas, los préstamos “gota a gota”, la corrupción y el miedo. Algunos mandatarios han reiterado su compromiso en tiempos electorales, lamentablemente sigue imperando la visión tradicional y la opinión personal sin una claridad en la política y en la estrategia. No hay preocupación por entender su magnitud, funcionamiento e impacto social para una intervención pública más inteligente.

Aunque en estos 100 primeros días se busquen resultados rápidos con acciones mediáticas de corto plazo, no se logrará salir rápido de la caverna sin una determinante voluntad política que priorice una mayor comprensión y una intervención eficiente a lo que sucede. El escalamiento y el control territorial del crimen organizado, aunados a la pérdida de capacidades institucionales de los últimos años no se afrontan con anuncios de más policías, militarización, planes candados, exigencia de capturas, toques de queda y consejos de seguridad sin una agenda política clara e integral. Los sesgos ideológicos en la dirección política de la seguridad ciudadana también están volviendo más frágiles a las instituciones.

Llegó la hora de salir de la caverna. Se requiere con urgencia la aplicación de todos los instrumentos que ha diseñado la gestión pública durante los últimos 30 años y demostrar un verdadero interés en la estructuración de una verdadera política pública de seguridad y convivencia ciudadana. Para no llegar a una mayor crisis como las vistas en el pasado y que actualmente se viven en países como Ecuador, los gobiernos deben demostrar un transparente liderazgo político para fortalecer la institucionalidad responsable de la seguridad.

Entre las respuestas prioritarias que se deben respaldar, está la conformación de equipos de alto rendimiento para una correcta dirección política de la seguridad ciudadana, el acceso al conocimiento a partir de diagnósticos integrales, una mejor calidad de la planificación estratégica y operativa, la incorporación de metodologías y tecnologías eficientes para el análisis, la identificación de nuevas fuentes de financiación para la puesta en marcha de la ley de seguridad ciudadana, el involucramiento activo y organizado de las comunidades y actores no institucionales, el diseño de sistemas de información con mayor detalle para la toma de decisiones en las diferentes instancias de coordinación que deben liderar los gobernadores y alcaldes. El resultado son sistemas locales de seguridad, convivencia y justicia que permitan una coordinación interinstitucional y multinivel más organizada y activa.

Los Gobiernos nacionales deberían entender que, si no hay una política clara y un apoyo decidido con mejores capacidades y con un acompañamiento eficiente de las entidades del orden nacional, no hay cómo salir de la caverna. Seguiremos viendo en las calles el desfile de las sombras que refleja la incapacidad y el deterioro institucional.

P.D: Innovaciones públicas y lecciones aprendidas como la caracterización del fenómeno criminal y la puesta en marcha de centros de fusión operacional contra el crimen organizado con un sistema de alertas y seguimiento operacional podrían ayudar a una mejor intervención en las principales ciudades.

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