La pandemia del coronavirus Covid-19, deja muchas enseñanzas que es necesario analizar, comprender y poner en práctica de manera permanente; sin lugar a dudas, hay que rediseñar políticas públicas, planes, programas y proyectos, que permitan cambiar esas deficiencias e ineficiencias de muchas normas sanitarias e instituciones del orden nacional y territorial, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones inesperadas o fenómenos epidemiológicos, como los que estamos viviendo en estos momentos históricos, fortaleciendo para ello, los programas de promoción y prevención en salud, higienización, ampliar la infraestructura de los sistemas sanitarios, profundizar la investigación científica en salud y buscar el fortalecimiento de la atención nutricional en madres gestantes y primera infancia.
La situación que estamos viviendo, ha puesto de manifiesto una crisis profunda en los sistemas sanitarios de salud pública, de un amplio número de países en el mundo, nos enteramos de la precariedad para afrontar con eficiencia y oportunidad a los contagiados, se ha evidenciado la inequidad en el acceso a los servicios de salud, el costo de pólizas de salud, la insuficiencia de las unidades de cuidados intensivos-UCI, la limitada investigación científica y lo deplorable de la remuneración y contratación de los profesionales de la salud.
Lo anterior, obliga necesariamente, a una revisión profunda y a la reestructuración de los sistemas de salud pública, en cuanto a cobertura, calidad del servicio, acceso a los servicios, vinculación, remuneración del recurso humano vinculado al sector, dotación de equipos UCI, mejoramiento de la infraestructura hospitalaria a nivel territorial e inversión científica en programas de epidemiología para poder contrarrestar futuras epidemias o pandemias.
En Colombia es necesario, una gran reforma a los problemas estructurales de la Ley 100 de 1993. Aunque es indiscutible que se ha avanzado en aseguramiento, en el acceso real al sistema y la calidad de los servicios de salud, existen grandes falencias e ineficiencias que no han sido resueltas.
Hoy tenemos un sistema de salud en el que prima la rentabilidad para los operadores, que no se compadece con la indiscutible necesidad de que exista un buen servicio para la población; particularmente del sector más vulnerable que se encuentra en el régimen subsidiado y donde la posibilidad de morir es mayor debido a las inequidades del sistema. Así las cosas, es lamentable que la calidad y acceso a los servicios de salud, dependa del régimen al que se vincule el usuario y de la capacidad de pago de seguros o planes complementarios.
Urge revisar el papel que cumplen las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, como agentes aseguradores de salud y su papel de intermediación frente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS, que ha venido deteriorándose gravemente en sus finanzas, afectando de esta manera la calidad del servicio que ofrecen y la contratación del personal asistencial. Esta es una tarea pendiente del Congreso de la República, es imperativo un acuerdo político, que permita abordar una reestructuración de fondo al sistema de salud colombiano.
Es imperativo fortalecer la red pública hospitalaria, que se ha visto afectada financieramente por la intermediación de las EPS, limitando el papel fundamental que cumplían en materia de salud pública, en la implementación de campañas de promoción y prevención en salud, de programas de vacunación contra enfermedades como la tuberculosis, malaria, dengue, influenza, entre otras y cuya debilidad se manifiesta hoy, en una clara incapacidad para atender con eficiencia los pacientes positivos del Covid-19 en muchas regiones del país. Sea esta la oportunidad, para replantear y revisar la capacidad de atención de estos hospitales departamentales y para potencializar su capacidad operativa.
Es innegable que se debe ajustar las políticas y normatividad en materia promoción y prevención, hay incumplimiento permanente a la obligatoriedad que tienen las EPS y las IPS, de desarrollar programas de PYP, que permitan atender de manera temprana, enfermedades de interés en salud pública, disminuir la morbi-mortalidad por causas evitables y mejorar la calidad de vida de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud; lo que ayudaría a disminuir costos en el sistema y educar en hábitos saludables, que mejoren la calidad de vida y prevengan el desarrollo de enfermedades.
No podemos seguir dando espera a los programas de promoción y prevención de salud, porque son parte de la estrategia que debe trazarse, para poder enfrentar con mayor capacidad de respuesta, enfermedades causantes de mayor mortalidad como la cardiopatía isquémica, los accidentes cardiovasculares que ocasionan alrededor de 15 millones de defunciones al año según la OMS, la enfermedad pulmonar obstructiva, las muertes por diabetes, infecciones respiratorias que causan más de tres millones de fallecidos en el mundo, la tuberculosis que deja más 1.3 millones de muertes en el mundo, entre otras enfermedades.
Hay que proyectarse corto, mediano y largo plazo, muchas de las normas regulatorias y protocolos de autocuidado que han sido implantados en el contexto del Covid-19, deben establecerse como obligatorios y permanentes; una vez pase la pandemia, actos como el lavado de manos con frecuencia, desinfección y limpieza periódica de establecimientos comerciales, empresariales y de servicios, uso del tapabocas para personas con infecciones respiratorias, gripales, y la implementación de normas permanentes de bioseguridad industrial que ayudarían notablemente a prevenir enfermedades y disminuir costos de atención en salud, deberían ser de obligatoriedad.
Paralelo a esta crisis que estamos viviendo, existe una “pandemia” que debe abordarse con mayor integridad y seriedad en nuestro país: la muerte por desnutrición. Paradójicamente, Colombia está catalogado como la despensa alimentaria del mundo, pero carga con índices vergonzosos de muertes por desnutrición infantil. Las pésimas condiciones nutricionales, impiden a los niños dar una respuesta inmunológica adecuada a infecciones o virus con los que pueden contagiarse, como en el caso de Covid-19, siendo esta población la más expuesta a contraer alguna comorbilidad, que conlleve a posibles muertes. Según datos del ICBF, en el 2018, las muertes en población infantil fueron de 309 casos, en departamentos como la Guajira, Cesár y Chocó.
Por todo ello, existe la necesidad de abordar políticamente el debate relacionado con las desigualdades sociales, particularmente de la población rural, el acceso a la salud, vivienda, escolarización, agua potable en las regiones más apartadas; se requiere de una mayor inversión social, trabajar en el acceso a una dieta nutricional de calidad por parte de las madres gestantes y la primera infancia, recordemos que la condición nutricional de los niños, es un indicador que muestra el estado de bienestar socioeconómico de los países.
Hay que aprovechar las enseñanzas que deja la pandemia del coronavirus, para potencializar la inversión en las políticas sociales, contrarrestar las debilidades e inequidades de nuestra población en muchas regiones del país, disminuir los índices de pobreza multidimensional y profundizar en estudios para enfrentar con mayor fortaleza inmunológica, episodios futuros de contagios o infecciones por virus de la familia coronavirus y otras patologías. Es el momento de aprender lecciones, prepararse y educar a nuestra sociedad para reaccionar oportunamente frente a futuras pandemias.
