Desde la primavera de este año, cuando los estadounidenses vieron a George Floyd respirar por última vez mientras el policía Derek Chauvin lo asfixiaba con la rodilla en su cuello, hemos sido testigos de lo peor que tiene que ofrecer el sistema de justicia penal de este país: asesinatos extrajudiciales continuos, una incapacidad de hacer responsables a los policías y violencia respaldada por el Estado en contra de quienes defienden la justicia.
Es difícil imaginar que las cosas puedan ponerse peor. Sin embargo, las recomendaciones de una comisión de vigilancia policial designada por el presidente Donald Trump demuestran que la situación podría empeorar.
En octubre de 2019, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una comisión que, según explicó el fiscal general William P. Barr, tenía como objetivo hacer que la policía “se convierta en un organismo confiable y eficaz que proteja a las comunidades”.
Desde el principio, sus miembros —en su totalidad policías— dieron a entender con claridad sus intenciones. Una demanda interpuesta por el Fondo de Educación y Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) argumentó que la conformación de la comisión violaba la ley federal, y este mes, un juez federal estuvo de acuerdo.
El funcionario ordenó a la comisión que detuviera sus procedimientos, incluyendo la presentación del informe, hasta que cumpliera con el requisito de la Ley Federal de Comités Asesores , el cual exige puntos de vista “equilibrados de manera imparcial”, expresados en reuniones abiertas y notificados de manera pública.
Sin embargo, las recomendaciones redactadas antes del fallo de este mes, de las que informó Reuters, proporcionan un vistazo aterrador a la visión que tiene el gobierno sobre el sistema policial. Lo digo sin exagerar: la comisión del presidente estaba considerando recomendaciones que podrían transformar a este país en un Estado policiaco distópico.
En mayo, a mis colegas del Centro para la Equidad Policial y a mí nos pidieron testificar ante la comisión. Escribimos que un sistema policial más equitativo solo podrá crearse cuando la policía inspire confianza, no miedo.
Recalcamos la necesidad de tener más transparencia y datos sólidos, no menos. Además, explicamos por qué es peligroso politizar el tema de la policía: si las comunidades temen que su seguridad dependa de sus creencias políticas, la confianza requerida para tener seguridad pública se habrá dañado de manera irreparable.
Es pertinente aclarar que algunas personas ya viven bajo esas condiciones. Sin embargo, una iniciativa federal que vaya aún más en esa dirección equivaldría a echarle leña a esos problemas.
Las recomendaciones no destruirían la confianza pública de una manera más eficiente si estuvieran diseñadas exclusivamente para lograr ese propósito. Reuters informa que limitarían el poder de los fiscales para implementar reformas bipartidistas desde hace tiempo necesarias, como tener la opción de no presentar cargos para crímenes de drogas de bajo nivel y eliminar las fianzas en efectivo.
Dar marcha atrás a ese progreso de por sí sería nocivo. Lo peor sería que atarían de manos a los funcionarios que quieren un cambio y reduciría el poder de los electores que votan por ellos.
Las recomendaciones también reducirían tanto los medios para responsabilizar a la policía que sería aún más difícil lograr una resolución en los casos más flagrantes de violencia policiaca. Se otorgaría acceso a los videos tomados de cámaras portátiles a los oficiales de policía acusados de actos indebidos antes de que hablen con investigadores internos, lo cual les permitiría preparar explicaciones legalmente válidas sobre acciones que, de otra manera, los incriminarían.
Aún más inquietante es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyaría la “inmunidad calificada”, un precedente legal que protege a los policías de demandas civiles. Eso convertiría a la agencia federal encargada de mantener el Estado de derecho en una firma de defensa personal para los oficiales acusados de violarlo.
(Lea también: Necesitamos más fotoperiodismo y menos selfis)
No obstante, las recomendaciones que hacen un llamado a favor de la destrucción de las protecciones de la privacidad quizá son las más alarmantes. La comisión recomienda dar a las casi 18.000 agencias policiacas de Estados Unidos, desde departamentos en pueblos pequeños hasta el Departamento de Policía de Nueva York, más dinero para invertir en tecnologías de reconocimiento facial. Debido a que las agencias federales pueden establecer los requisitos de informes y los criterios de selección para financiamiento que se imponen a la policía local, a menudo exigen que se compartan datos.
En este caso, eso podría dar como resultado que los datos recabados a nivel local se integren a una base nacional de datos.
La comisión también propone que los departamentos de policía cuenten con acceso subrepticio a celulares cifrados. Esto facilitaría que las autoridades tengan acceso a los detalles más íntimos de la vida de los ciudadanos: con quién pasas tiempo, tus mensajes privados, tu información financiera. El gobierno tendría toda esa información a la mano, junto con cualquier otro hacker que pueda aprovechar el mismo punto de acceso.
“Se espera que esas recomendaciones tan hostiles a la privacidad y a la responsabilización de la policía no encuentren apoyo afuera de los límites de esta comisión tóxica”, me dijo Christy Lopez del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, exjuez de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, quien investigaba a los departamentos de policía.
“Sin embargo, es reprehensible que este gobierno proponga un conjunto de recomendaciones tan opuestas a los principios democráticos, todo como un esfuerzo para mantener el ‘statu quo’ de la policía que, según concuerda la gran mayoría de los estadounidenses, debe cambiar”, agregó.
En suma, la conclusión es clara. De acuerdo con Tracey Meares, profesora de la Escuela de Derecho de Yale, si las recomendaciones se volvieran ley, las consecuencias deberían preocuparnos a todos.
Con el apoyo de un juez solidario, la policía tendría menos obstáculos para hurgar en el contenido de tu celular, o añadir fotografías tuyas y de tus amigos a una base nacional de datos de reconocimiento facial. Si el policía usara fuerza excesiva para obtener ese celular y alegara tener inmunidad calificada como defensa, el gobierno federal estaría obligado a afirmar con frecuencia su apoyo a la defensa del oficial, sin importar las pruebas.
No es un Estado de vigilancia total, pero se acerca muchísimo.
Para ser claros, la implementación de muchas de las recomendaciones de la comisión está más allá de la capacidad individual de cualquier presidente. El Congreso podría rehusarse a continuar con el proceso, y los gobiernos locales podrían usar los tribunales para proteger su autonomía. Desde luego, un juez ya frenó el trabajo de la comisión por ahora.
No obstante, los últimos cuatro años han demostrado que nuestras normas e instituciones son mucho más débiles de lo que muchos creían. Incluso con una resistencia firme desde el interior de las instituciones, los desafíos legales han podido ralentizar, mas no evitar, la crueldad del gobierno actual.
Durante un segundo periodo presidencial de Trump, esas recomendaciones podrían volverse un modelo práctico para el tipo de sistema policial distópico que muchos —especialmente quienes nunca han experimentado la violencia del Estado— creyeron que jamás veríamos en Estados Unidos.
En noviembre y también después, todos los que se preocupan por la seguridad pública deben estar listos para defenderla.
