En días pasados, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, llamaron la atención sobre los sobrecostos que se han venido encontrando en los contratos de alimentos y salud, celebrados so pretexto de atender la emergencia sanitaria, para lo que los entes territoriales han hecho uso de la figura de urgencia manifiesta para llevar el proceso contractual.
Las irregularidades se predican respecto de la suscripción y ejecución de aproximadamente 5.198 contratos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria con origen en el COVID-19, firmados entre el 5 de marzo y el 10 de abril de esta año, en los cuales se estiman que alrededor de 80 mil millones han sido desviados para fines diferentes al objeto contractual original.
Colombia tiene hoy 2.776 contagiados y 106 muertos a causa del Coronavirus. Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud en los últimos 3 días muestran un crecimiento de 30 % aproximadamente. Sin embargo, mientras esto ocurre, gobernaciones y municipios alrededor de todo el país estarían incurriendo en tres irregularidades, según el ente de control fiscal: la incompleta entrega de información precontractual y contractual, los aparentes sobrecostos en el valor de las compras y las ambigüedades en los procesos contractuales.
Lo anterior solo evidencia que mientras la pandemia crece, pareciera crecer paralelamente el pago de favores políticos y el enriquecimiento de terceros, a través del desangre de los recursos públicos que son de todos los colombianos. Y es que, entre las irregularidades no sólo se han encontrado los escandalosos precios de los kits de mercado y de aseo, sino impresentables e inoportunos presupuestos designados a la contratación con fines publicitarios, construcción de obras públicas y entregas de ayudas humanitarias, estas últimas contratadas con empresas operadoras de eventos.
En Bogotá, por ejemplo, los entes de control han encontrado la celebración de entre 79 y 181 contratos cuyo propósito es la ejecución de campañas de publicidad. Además, han estado circulando, presuntos contratos de miles de millones adjudicados por parte de la Alcaldía Distrital a empresas de telecomunicaciones y realizadores de estudios de opinión pública, que tiene como objeto proveer espacios en medios de comunicación, ejecutar pauta en medios tradicionales y digitales y realizar mediciones de opinión pública como parte de la puesta en marcha de campañas de comunicación; todos estos contratos, parecerían responder al ánimo bien conocido por los estrategas del marketing político, de aumentar y mantener la popularidad de los gobernantes, debiéndose preguntar si tienen algún sentido en medio de la difícil situación económica y social que afronta la ciudad que, por cierto, es el gran epicentro del contagio en el país, albergando a hoy 1.121 casos, cifra correspondiente al 45% de los casos totales del país, y cuyo número de contagios casi triplica al Valle del Cauca, el departamento más afectado en el país por la pandemia.
Por otra parte, esta semana, durante el desarrollo de la rueda de prensa para anunciar las nuevas medidas tomadas por el Distrito para la extensión de la cuarentena, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó ante la opinión pública el informe de rendición de cuentas sobre el programa “Bogotá Solidaria en Casa”, utilizado por el Gobierno Distrital como el mecanismo idóneo para entregar un ingreso mínimo garantizado a las familias más vulnerables de Bogotá durante la cuarentena. La mandataria dio a conocer que bajo el marco del programa se habían entregado a la fecha dos mil millones de pesos en donaciones en dinero, que han correspondido a 262.561 transferencias de las 350 mil anunciadas por el Distrito para hogares identificados en situación de pobreza monetaria. La gobernante también señaló que del total de las transferencias realizadas a la fecha, 90 mil han estado a cargo de la Alcaldía Mayor, mientras las otras 172 mil transferencias fueron llevadas a cabo por parte del Gobierno Nacional, y no están aún cruzadas con el Distrito. Es decir, que a la fecha no se conoce con certeza quienes han sido sus beneficiarios, cuál ha sido el tipo de ayuda, ni en cuáles localidades se han focalizado estos beneficios otorgados por el Gobierno Nacional.
En consecuencia, la situación resulta preocupante, pues muestra que dados los altos niveles de desinformación y desorganización, así como la falta de transparencia en los procesos de selección y entregas de las ayudas económicas por parte de la institucionalidad, se ha caído en una constante improvisación. En este sentido, se han venido conociendo un alto número de denuncias sobre ayudas que han llegado a personas equivocadas o inexistentes, debido a que su situación socioeconómica no corresponde a los niveles de pobreza ni se encuentran en condición de vulnerabilidad, o simplemente, las cédulas seleccionadas corresponden a personas fallecidas o números de cédulas errados. Motivo este, por el que la Registraduría Nacional del Estado Civil, después de varios días de haber sido anunciado el paquete de ayudas correspondientes al programa “Ingreso Solidario”, se pronunció, haciendo hincapié en la necesidad de disponer de un equipo para cruzar y depurar los datos.
Vale la pena preguntarnos ¿cómo hasta este momento la institucionalidad repara en la necesidad de depurar datos para entregar beneficios? ¿De qué forma se ha realizado la planeación y ejecución de las medidas adaptadas sin un estudio previo que identifique los canales de selección de los grupos de población a beneficiar y el modo en el que se establezcan las transferencias de los beneficios otorgados?
Hoy, pareciese que peor que la pandemia resulta la improvisación, la toma de decisiones precipitadas, la ausencia de datos y la falta de cifras cruzadas y consolidadas al interior y entre los entes nacionales, distritales, regionales y locales. Hoy, más que nunca, la sociedad exige la puesta en marcha de los procesos de transparencia para gestionar la crisis, para evitar la erosión del estado de derecho, para generar información veraz y oportuna, y para rescatar por lo menos una parte de la enorme confianza perdida en las instituciones y las autoridades por parte de los ciudadanos. Es esta la oportunidad propicia para acercar a los ciudadanos a la institucionalidad, no con campañas de mercadeo político, sino con acciones responsables y coherentes por parte de nuestros gobernantes. Y también, es esta la ocasión para que nosotros como concejales, ejerzamos con mayor vehemencia y liderazgo la labor más importante para la que fuimos elegidos, el estricto y desapasionado control político.
